Irán y su ola implacable de ejecuciones: ¿Justicia o represión política?

Irán ha intensificado dramáticamente el uso de la pena de muerte en lo que va de 2025, y los más recientes casos —la ejecución de seis hombres acusados de colaborar con Israel— ponen en evidencia una política estatal que preocupa cada vez más a organizaciones internacionales de derechos humanos. Esta política no solo se enmarca en tensiones geopolíticas, como la breve guerra Irán-Israel de junio pasado, sino que también refleja una estrategia perversa del régimen para silenciar voces disidentes internas, en especial en regiones históricamente marginadas como Juzestán y Kurdistán.

Una ejecución con mensaje geopolítico

El sábado, Teherán anunció la ejecución de seis hombres supuestamente vinculados a ataques contra fuerzas del orden en la provincia de Juzestán, una región petrolera y con fuerte presencia árabe que históricamente ha denunciado discriminación por parte del gobierno central. Según el régimen iraní, estos hombres colaboraban con el Mossad (servicio de inteligencia israelí).

Los cargos son graves: bombardeos, asesinatos de policías y coordinación con fuerzas extranjeras enemigas. Las autoridades iraníes incluso difundieron en televisión la confesión de uno de los ejecutados, afirmando que era la primera vez que se hacían públicos los detalles del caso. Pero activistas y organizaciones internacionales alertan sobre un patrón preocupante: los juicios de este tipo se realizan a puertas cerradas y las confesiones son frecuentemente obtenidas bajo coacción o tortura.

Una tendencia al alza desde la guerra de junio

La guerra de doce días entre Irán e Israel en junio de 2025 marcó un punto de inflexión. Pese a su corta duración, el conflicto dejó una huella profunda en la política interior iraní, con Teherán declarando su intención de castigar duramente cualquier colaboración con “el enemigo sionista” tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Desde entonces, el ritmo de ejecuciones ha alcanzado niveles no vistos desde el final de la guerra Irán-Iraq en 1988. De acuerdo con el Centro Abdorrahman Boroumand y la organización Iran Human Rights, con sede en Oslo, en lo que va de 2025 ya se ha ejecutado a más de 1,000 personas. Y probablemente la cifra sea aún mayor, dado que el gobierno no publica todos los casos.

“La única diferencia entre ahora y 1988 es que las cámaras de teléfonos móviles y las redes sociales hacen mucho más difícil ocultar las violaciones de derechos humanos”, afirma Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights.

Juzestán: la marea de una insurgencia silenciada

La provincia de Juzestán no es nueva en el radar de las tensiones políticas en Irán. Rica en petróleo pero empobrecida estructuralmente, esta región representa un microcosmos de desigualdades étnicas y económicas. Su población árabe, frecuentemente marginada, ha sido blanco de represión, y grupos insurgentes han atacado en ocasiones infraestructuras críticas como oleoductos.

Las oleadas de protesta en Juzestán —incluidas las manifestaciones nacionales en 2019 y las más recientes tras el conflicto de junio— han sido duramente reprimidas. Las ejecuciones actuales sirven también como advertencia a quienes consideren desafiar al régimen.

Ejecuciones como herramienta política

Además de los seis hombres ligados a Israel, Irán ejecutó ese mismo sábado a otra persona acusada de matar a un clérigo sunita en Kurdistán en 2009. La ejecución ocurre en un contexto ambiguo donde el juicio es, como en tantos otros casos, opaco. Esta práctica ha generado llamados de alerta incluso desde dentro del sistema judicial iraní, donde algunos sectores moderados temen que el uso indiscriminado de la pena capital acabe deslegitimando al Estado.

Expertos en derechos humanos de la ONU han denunciado sistemáticamente las políticas punitivas de Irán. En un informe reciente, se destacó cómo la pena de muerte en Irán afecta con desproporción a minorías étnicas, religiosos y activistas políticos.

1988: el trauma que nunca curó

Para comprender la radicalización punitiva de Irán este año, es importante recordar lo ocurrido en 1988. Al finalizar la guerra con Irak, el régimen ejecutó a miles de prisioneros políticos en cárceles de todo el país. Organizaciones como Amnistía Internacional estiman que entre 4,500 y 5,000 personas fueron ejecutadas en cuestión de semanas, en lo que se conoce como la “Masacre de 1988”.

“Lo de ahora parece una repetición, pero con tecnología moderna y mayor vigilancia social. En 1988 no había cámaras. Ahora hay cámaras, pero también miedo, confusión y propaganda”, señala la historiadora iraní Azadeh Moaveni.

¿Justicia, escarmiento o represión?

El argumento oficial de Teherán es el de asegurar justicia y prevenir actos de terrorismo, especialmente en un contexto de potencial conflicto regional como el que enfrenta con Israel y otras potencias. Sin embargo, la falta de transparencia en los procesos judiciales y el secretismo sobre los ejecutados ponen en duda los verdaderos fines del régimen.

En su retórica, Irán presenta estas ejecuciones como una prueba de fuerza y control contra enemigos internos y externos. En la realidad, activistas denuncian que se está utilizando la pena de muerte como herramienta de represión política, intimidación étnica y silenciador de protestas.

La reacción internacional: entre el silencio y la condena

A pesar de los informes y de la creciente preocupación de las organizaciones de derechos humanos, la comunidad internacional ha tardado en emitir respuestas contundentes. Las potencias occidentales están cada vez más enfocados en los conflictos de Gaza, Ucrania o la rivalidad con China en Asia-Pacífico.

Solo algunos países como Suecia, Noruega y Canadá han emitido declaraciones oficiales condenando la política de ejecuciones en Teherán. La Unión Europea analiza sanciones específicas a jueces y tribunales responsables, pero estas medidas todavía están en discusión.

El ciclo de impunidad

La ejecución sin pruebas contundentes y en juicios secretos alimenta un ciclo de impunidad estatal que podría tener consecuencias devastadoras más allá de Irán. Como argumenta la activista Hadi Ghaemi:

“Cada ejecución ilegítima en Irán envía un mensaje a dictadores del mundo: puedes silenciar sin consecuencias si lo haces lo suficientemente rápido y lo vendes con el discurso adecuado.”

En este sentido, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos son, por ahora, insuficientes para frenar la maquinaria de muerte que se extiende bajo la sombra de una teocracia cada vez más aislada y autoritaria.

¿Qué sigue?

Con las ejecuciones superando ya la cifra de 1,000 en el año, y sin señales de desaceleración, Irán se encamina a un 2025 que podría ser recordado como uno de los capítulos más oscuros en su historia contemporánea en términos de derechos humanos. Y mientras los reflectores internacionales miran hacia otros lados, el pueblo iraní —especialmente sus minorías árabes, kurdas y baluchis— sigue sufriendo el peso de una represión que no parece tener fin.