Jueces, jaulas y juventud: el destino judicial de los menores migrantes en EE.UU.

Un giro judicial contra la detención automática de menores al cumplir 18 años

Un juez federal en Washington D.C., Rudolph Contreras, emitió recientemente una orden de restricción temporal que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detener automáticamente en centros de detención para adultos a los menores migrantes no acompañados que cumplen 18 años. Esta acción judicial detiene ―al menos temporalmente― una de las estrategias más polémicas del legado migratorio de Donald Trump.

Esta decisión se basa en una orden previa de 2021 del mismo juez, que establece que los jóvenes deben ser liberados “en el entorno menos restrictivo disponible”, siempre que no representen un riesgo para sí mismos ni para otros. La mayoría de los casos contempla la reunificación familiar o la colocación en hogares de acogida.

La política: coacción, trauma e incertidumbre

La medida que intentó aplicar ICE implicaba que jóvenes con planes de liberación ya aprobados serían enviados directamente a centros de detención para adultos. Esta práctica viola la ley federal y fue criticada por múltiples organizaciones de derechos civiles que intervinieron ante el tribunal.

Michelle Lapointe, abogada del American Immigration Council, expresó: “Estos intentos sistemáticos forman parte de una política general para coaccionar a los jóvenes inmigrantes a renunciar a su derecho de protección en EE.UU.”.

No solo se trata de inconveniencias legales. Muchos de estos jóvenes son víctimas de abuso, trata o abandono en sus países de origen. La posibilidad de ser transferidos a cárceles de adultos, algunas en zonas rurales y con altos índices de hacinamiento, representa una amenaza psicológica y física tangible.

El polémico ofrecimiento: $2,500 por marcharse

Como si la amenaza de detención no fuera suficiente, el gobierno comenzó a ofrecer pagos de hasta $2,500 a menores no acompañados de 14 años en adelante para que acepten regresar voluntariamente a sus países. Una estrategia que ha sido calificada de “chantajista” por activistas y defensores de derechos humanos.

Este incentivo financiero parece una salida aparentemente legal que en el fondo esconde presiones institucionales para desalentar el debido proceso migratorio y desalojar con presteza los refugios gubernamentales, cada vez más congestionados.

Niños abordando aviones en la madrugada: el operativo fallido en Guatemala

En otro intento alarmante de resolver el problema por la vía rápida, el mes pasado un juez frenó la deportación directa e inmediata de niños migrantes guatemaltecos. Algunos de ellos ya estaban abordando vuelos nocturnos de regreso a su país cuando intervino el Poder Judicial.

Esta táctica, llevada a cabo sin el debido proceso, contraviene la legislación migratoria vigente en EE.UU. desde 2008, que exige que los menores no acompañados comparezcan ante un juez antes de ser deportados.

El tiempo en los refugios: una prueba adicional

La administración Trump endureció los procesos de verificación para liberar menores de estos refugios gubernamentales gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Estas medidas han complicado la reagrupación familiar y alargado la estadía de los menores.

En julio de 2024, el promedio de permanencia era de 171 días, con un pico de 217 días en abril. Para tener perspectiva, en enero de 2017, al inicio del mandato de Trump, el promedio era de apenas 37 días. Este aumento evidencia el efecto de las barreras burocráticas impuestas.

El perfil de los afectados: jóvenes en fuga de tragedias

• Desde octubre de 2021, más de 400,000 menores han sido detenidos en la frontera sin compañía de adultos.
• Muchos huyeron de entornos violentos, pobreza extrema, violencia sexual o reclutamiento forzado en países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela.
• Organizaciones como United We Dream denuncian que algunos de estos niños han sido re-victimizados por el sistema estadounidense: una infancia llena de traumas seguida por semanas o meses bajo detención gubernamental sin claridad sobre su futuro.

Entre la ley y la crueldad: las decisiones contradictorias de ICE

Uno de los puntos más controversiales es la guía interna de ICE enviada a refugios la semana pasada, en la que instruía que a partir del momento en que un menor cumple 18 años, no puede ser liberado si no es mediante un “parole discrecional por razones humanitarias urgentes o beneficio público importante”.

Sin embargo, según datos oficiales, entre marzo y septiembre menos de 500 personas fueron liberadas bajo esta figura por parte de ICE. Una evidencia clara de que esta vía es simbólicamente abierta, pero prácticamente cerrada.

¿Qué dice la ley?

El fallo judicial de 2021 especifica que la liberación debe ser la primera opción evaluada cuando un menor alcanza la mayoría de edad. La detención de adultos para estos casos debe ser la excepción, no la norma, y debe contar con fundamentos sólidos.

El juez Contreras criticó duramente el desvío del gobierno federal respecto de esta política obligatoria, señalando que “el cumplimiento de la ley no es opcional”. Esta aclaración cobra relevancia en una era en la que muchos altos responsables intentan reinterpretar las normativas para ajustarlas a agendas conservadoras o restricciones presupuestarias.

A qué se enfrentan los jóvenes en los centros para adultos

Los testimonios recogidos por organizaciones como Human Rights First detallan condiciones infrahumanas en varios centros: celdas pequeñas, sin privacidad, poca atención médica y escasa o nula asistencia legal. Además, los espacios suelen estar alejados de las comunidades con recursos legales o familiares de los menores.

Una joven guatemalteca, identificada como María, declaró haber sido trasladada a Texas sin saberlo hasta llegar al centro: “Yo pensé que me iban a llevar a vivir con mi tía. Me despertaron a las 3 de la mañana y me subieron a un bus. Ahí me dijeron que ya era adulta”.

La estrategia del agotamiento emocional

Una constante en estas políticas parece ser el intento de desmoralizar a los solicitantes de asilo para forzarlos a renunciar a su derecho de permanencia o procesos legales. Congelar procesos, demorar liberaciones, internamientos prolongados y detenciones en cárceles para adultos operan como factores que inducen la rendición emocional más que una evaluación objetiva de los casos migratorios.

La presión internacional y el espejo latinoamericano

Países como México, Colombia y Perú también enfrentan crisis migratorias, especialmente con el crecimiento de bandas como el Tren de Aragua (procedente de Venezuela). Sin embargo, las críticas internacionales coinciden en que la criminalización automática de menores por parte de Estados Unidos representa una violación de convenios internacionales, incluido el Convenio sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, del cual EE.UU. es el único país que no ha ratificado.

¿Qué sigue?

La nueva orden judicial representa una victoria temporal para los defensores de derechos de los migrantes, pero la política de fondo sigue bajo amenaza. El miedo a que estas medidas resurjan en formas más sofisticadas o disfrazadas es constante entre las organizaciones de apoyo legal.

Cuando se judicializa la juventud migrante, aparece la pregunta clave: ¿Estamos protegiendo a estos menores o estamos fallando, nuevamente, como humanidad?

Seguirán surgiendo jueces valientes como Rudolph Contreras, pero mientras tanto miles de menores seguirán a la espera, atrapados entre la infancia robada y la adultez criminalizada que les imponemos.