La batalla judicial por el poder presidencial en EE.UU.: la Corte Suprema y la era Trump

Por décadas, la Corte Suprema de Estados Unidos ha sido árbitro de algunas de las decisiones más trascendentales de la política nacional. Pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y una mayoría conservadora fuerte en el tribunal, una nueva era de confrontaciones legales y redefiniciones constitucionales se ha desatado. El mandato en curso de la Corte promete ser uno de los más polarizantes y transformadores en la historia reciente del país. A continuación, hacemos un análisis exhaustivo del papel que desempeña el máximo tribunal en los intentos de reconfiguración institucional promovidos por Trump.

La Corte Suprema: bastión conservador y árbitro del poder presidencial

Desde que Trump llegó a la presidencia en 2017, promovió una drástica transformación del sistema legal estadounidense. Su legado más duradero se encontró en el nombramiento de tres jueces conservadores a la Corte Suprema: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Estos nombramientos consolidaron una mayoría conservadora de 6 a 3.

Esta mayoría ha demostrado, hasta ahora, una tendencia a inclinarse a favor del Poder Ejecutivo federal, especialmente cuando el ejecutivo está en manos republicanas. Como señaló Susan Low Bloch, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown: “Estamos viendo una Corte que no solo interpreta la Constitución, sino que está reescribiendo las reglas del juego institucional”.

Tarifas y emergencia nacional: ¿dónde terminan los poderes presidenciales?

Uno de los casos más importantes que se presentarán ante la Corte este período involucra el uso del poder presidencial para imponer aranceles. En 2018, Trump impuso multimillonarios aranceles sobre importaciones, alegando emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Estados y pequeñas empresas se opusieron, argumentando que la medida socavaba la autoridad del Congreso sobre los impuestos y el comercio.

Dos cortes inferiores validaron esa interpretación, señalando que la ley no otorga al presidente poderes impositivos ilimitados. Pero cuatro jueces federales disidentes (en una corte de apelaciones) apoyaron la postura de Trump, sentando un precedente que rivaliza con una expansión sin precedentes del Poder Ejecutivo.

Este caso, que será escuchado en noviembre, no solo definirá futuras relaciones comerciales, sino también sentará las bases sobre cómo se interpretan las emergencias nacionales en contextos económicos.

Despedir sin causa justa: la independencia de las agencias en juego

En diciembre, la Corte también abordará la polémica capacidad presidencial para remover a funcionarios confirmados por el Senado sin causa. Esta discusión gira en torno a una decisión de hace casi un siglo (Humphrey’s Executor v. United States, 1935), que establecía que los funcionarios de ciertas agencias independientes solo podían ser removidos por “negligencia grave o incapacitación”.

Trump, sin embargo, despidió a varios funcionarios clave bajo el argumento de que la Constitución no limita su poder de remoción. De ganar este caso, podría sentarse un precedente donde el presidente controle directa y completamente organismos como la Comisión Federal de Comercio o la Junta de la Reserva Federal.

Una reinterpretación histórica del derecho a la ciudadanía

Uno de los casos más controvertidos gira en torno a la Orden Ejecutiva de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento. Esta medida habría negado la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados o no permanentes, nacidos en territorio estadounidense. La orden fue inmediatamente bloqueada por múltiples cortes federales, incluyendo la 1ª y 9ª Cortes de Circuito, que coincidieron en que violaba el espíritu y letra de la 14ª Enmienda.

La 14ª Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”. Esta enmienda surgió para garantizar la ciudadanía a los afroamericanos, particularmente antiguos esclavos. La Corte Suprema confirmó esta interpretación en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), que otorgó la ciudadanía a un joven nacido en San Francisco de padres chinos no ciudadanos.

El argumento del gobierno Trump, compartido en documentos legales, es que el término "sujetos a su jurisdicción" excluía a hijos de personas sin estatus legal permanente. Expertos como Garrett Epps, constitucionalista y escritor, refutan esta afirmación: “Esa frase nunca pretendió limitar la ciudadanía de esta forma. Solo excluía a hijos de diplomáticos extranjeros y tribus indígenas no sujetos a leyes federales”.

El impacto político: redistritaciones y derechos electorales

Otra tormenta legal se cierne sobre la Corte respecto a los derechos electorales. Louisiana, controlado por una mayoría republicana, propuso un nuevo mapa electoral que elimina distritos mayoritariamente afroamericanos —históricamente favorables a los demócratas— en un intento de limitar su influencia legislativa.

Este caso, que regresa a la Corte tras una primera ronda de audiencias en 2022, tiene profundas implicaciones para la Ley del Derecho al Voto de 1965. De fallar a favor del estado, abriría la puerta para que otros estados del sur redibujen distritos de forma que eliminen lo que queda de representación electoral de comunidades históricamente marginadas.

John Roberts, Presidente del Tribunal, ha adoptado una postura cada vez más escéptica respecto al uso del análisis racial en decisiones públicas. En 2023, lideró la decisión que puso fin a la acción afirmativa en universidades, sentando bases filosóficas similares a las que podrían aplicarse aquí.

Derribando barreras en la financiación de campañas

En juego también está la histórica decisión de Citizens United v. FEC (2010), que liberó las donaciones corporativas a campañas políticas. Ahora, el tribunal podría eliminar otro límite tradicional: la coordinación financiera entre partidos y candidatos, vigente desde la década de 1970.

Roberts ha liderado decisiones contra regulaciones electorales, argumentando que limitan la libertad de expresión. Este nuevo caso, impulsado desde círculos republicanos, propone eliminar controles al gasto coordinado, algo que podría reconfigurar el poder financiero en campañas presidenciales y legislativas.

Deportes e identidad: derechos trans en la Corte

Un frente social candente es la participación de mujeres y niñas transgénero en equipos deportivos escolares. Idaho y Virginia Occidental han aprobado leyes que prohíben su inclusión en equipos femeninos, y los tribunales inferiores las han bloqueado citando el Título IX y la 14ª Enmienda.

La Corte Suprema, sin embargo, aceptó el recurso de apelación de ambos estados, lo que podría sentar otro precedente relevante sobre los derechos de personas trans en espacios públicos. El caso aún no tiene fecha de audiencia, pero será observado como un potencial punto de inflexión.

¿Una futura renuncia de Alito?

Una pieza clave del ajedrez judicial es el posible retiro del juez Samuel Alito, quien cumplirá 76 años en abril de 2026. Aunque no es el más veterano de la Corte (Clarence Thomas tiene 77), se especula que podría renunciar en una coyuntura favorable políticamente para garantizar que su reemplazo sea un conservador.

El momento ideal, según expertos, sería después de las elecciones de 2024, cuando el Senado tiene mayoría republicana y Trump —si regresa a la presidencia— pueda nominar otro juez afín. Alito recientemente firmó un contrato para un libro, su primer esfuerzo editorial serio en dos décadas, quizá un indicio de cambio.

La paradoja del carbón: política vs. mercado

Mientras los tribunales estadounidenses se enfocan en decisiones constitucionales, Trump ha reactivado otra pieza de su agenda: la expansión del uso de carbón en la generación eléctrica. Con la venta planeada de 600 millones de toneladas en Montana y Wyoming, su administración apuesta por revivir un sector decadente.

Sin embargo, la mayoría de las plantas eléctricas que usan ese carbón estarán cerradas en una década, según datos del Departamento de Energía. En un mercado que migra velozmente hacia energías renovables, la apuesta por el carbón parece más ideológica que estratégica.

Grupos como Global Energy Monitor señalan que el rechazo de los subsidios a energías limpias tras la elección de 2024 es un claro intento de castigar políticamente a los estados azules, profundizando la polarización y poniendo en riesgo compromisos por el clima.

En una era marcada por divisiones políticas, la Corte Suprema de EE.UU. se enfrenta no solo a casos, sino a decisiones que modelarán el país por generaciones. Ya sea sobre la nacionalidad, el medio ambiente, las finanzas políticas o la equidad social, cada decisión que tome resonará más allá de los mármoles del tribunal.