Portland frente a Trump: ¿Quién controla realmente la seguridad nacional?

Una ciudad en el centro del fuego político

Portland, ciudad reconocida por su activismo social y su espíritu progresista, ha vuelto a ocupar titulares nacionales. Esta vez, por un enfrentamiento directo entre sus autoridades locales y la administración del expresidente Donald Trump. ¿El nodo del conflicto? La intervención militar bajo control federal en respuesta a protestas localizadas.

El pretexto de la “ciudad en guerra”

El 30 de septiembre, el Departamento de Defensa anunció que colocaría a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón bajo control federal por 60 días. El objetivo: proteger propiedades federales en zonas donde se anticipaban protestas. Esta medida fue motivada en parte por las declaraciones del entonces presidente Trump, quien calificó a Portland como una ciudad "devastada por la guerra". Una caracterización rápidamente rechazada por funcionarios estatales como “absurda”.

Pero ¿cómo se traduce esta narrativa en hechos? De acuerdo a reportes locales, las manifestaciones recientes fuera del edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) apenas reunían a un par de docenas de personas. El área de los disturbios se limita, típicamente, a una cuadra en una ciudad con una extensión de 375 km² y más de 630,000 residentes.

Intervenciones federales: ¿protección o provocación?

Este no es el primer enfrentamiento entre Portland y la Casa Blanca bajo Trump. En 2020, agentes federales fueron desplegados para proteger el tribunal federal en medio de las protestas tras el asesinato de George Floyd. En ese entonces, las operaciones de los federales fueron duramente criticadas por la fuerza utilizada: balas de goma, gas lacrimógeno, arrestos sin identificación y vehículos sin rotular. Un informe posterior del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional reconoció que, si bien la actuación era técnicamente legal, muchos agentes carecían de capacitación y equipamiento adecuado.

Las imágenes virales de la represión captaron la atención nacional e internacional, convirtiendo a Portland en símbolo del conflicto entre derechos civiles y poder federal.

La clave está en la ley y la Constitución

Ante la reciente decisión del gobierno de Trump, el estado de Oregón y la ciudad de Portland interpusieron una demanda federal, argumentando que la movilización militar violaba la Constitución de EE.UU. y la Ley Posse Comitatus. Esta última limita estrictamente el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de leyes civiles dentro del territorio nacional, salvo autorización expresa del Congreso.

La jueza Karin Immergut, de la Corte de Distrito de EE.UU., emitió una orden judicial bloqueando temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland. Su fallo marca un nuevo capítulo en la tensión creciente entre gobiernos estatales y el poder federal respecto al uso del Ejército en situaciones de orden público.

Una decisión judicial con precedentes

Este no es un caso aislado. Un mes antes, otro juez federal dictaminó que el envío de 4,700 soldados y marines a Los Ángeles fue ilegal. Sin embargo, permitió que 300 de ellos permanecieran en la ciudad, con la condición de no participar en tareas propias de la policía civil. Esta decisión es clave: reafirma que la defensa legal de ciudades frente a intervenciones federales no es un deseo puntual de Oregón, sino parte de una tendencia institucional de resguardo de competencias locales.

Las palabras de Trump: cada vez más polémicas

Durante una reunión con líderes militares en Virginia, el presidente propuso utilizar ciudades como campos de entrenamiento para las Fuerzas Armadas. Esta declaración, criticada por varios sectores, refleja una visión de las protestas como amenazas militares más que como expresiones democráticas.

La historia se repite. De Chicago a Memphis, pasando por Washington D.C. y Los Ángeles, ciudades mayoritariamente dirigidas por demócratas han sido blanco de amenazas federales de intervención militar. ¿Coincidencia? Difícilmente. A lo largo de la administración Trump, el uso de la fuerza ha sido una carta frecuente en la baraja política del expresidente, particularmente en contextos donde la polarización ideológica se convierte en trinchera.

Portland entre la paz y la protesta

En paralelo a las controversias políticas, Portland sigue siendo escenario de marchas pacíficas que reúnen a miles sin incidentes, así como de otras manifestaciones más reducidas que, ocasionalmente, culminan en actos de vandalismo. La policía local interviene solo cuando se violan leyes, como en el caso reciente de los arrestos por agresión durante una protesta nocturna.

Los defensores de derechos humanos y abogados de inmigración mantienen una presencia cotidiana frente al edificio del ICE, destacando su labor en defensa de los más vulnerables. Esta normalidad, sin embargo, a menudo queda eclipsada por las imágenes de caos que algunos medios y líderes federales amplifican.

Cuando la militarización amenaza la democracia

El uso de fuerzas armadas para controlar población civil ha sido uno de los puntos críticos en la política estadounidense desde los orígenes de la nación. La Carta de Derechos y múltiples leyes federales están diseñadas precisamente para limitar el poder del Ejecutivo en estos terrenos delicados. La Ley Posse Comitatus (1878), nacida tras la Guerra Civil, buscó asegurar que el Ejército no se convirtiera en herramienta del gobierno central para reprimir disidencias internas.

En este sentido, Portland se convierte en la línea de defensa de un equilibrio constitucional que muchos consideran en riesgo. La tensión entre seguridad pública y derechos civiles sigue siendo el dilema central, especialmente en años electorales donde el discurso del “orden y ley” gana adeptos pero pierde profundidad.

¿Y ahora qué?

La batalla legal está lejos de terminar. Mientras el fallo de la jueza Immergut bloquea temporalmente la intervención militar, el litigio continúa. Sea cual sea el desenlace, lo que está en juego es más que la seguridad de una cuadra en Portland: es la identidad democrática de Estados Unidos, el ejercicio legal del poder y la resistencia local frente al autoritarismo central.

La mirada atenta del país, y del mundo, está puesta sobre esta ciudad del noroeste. Y si la historia sirve como guía, lo ocurrido en Portland tendrá ecos duraderos en la jurisprudencia y la política nacional.