Tensión en Illinois: El Despliegue Federal de la Guardia Nacional y el Debate sobre el Poder Ejecutivo

En pleno contexto de polarización política en Estados Unidos, el entonces presidente Donald Trump volvió a desatar controversia al anunciar el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, una decisión tajantemente rechazada por el gobernador demócrata JB Pritzker. Este artículo analiza el trasfondo político de esta medida, sus implicaciones en la relación entre gobierno estatal y federal, y lo que revela sobre el enfoque de seguridad y poder durante la administración Trump.

Una orden inesperada desde el Pentágono

La mañana de ese sábado, el gobernador Pritzker anunció que el Departamento de Defensa, por orden de la administración Trump, había emitido un ultimátum: activar a las tropas de la Guardia Nacional o lo harían directamente desde Washington. Pritzker calificó la medida como una "performance fabricada" y "antiamericana".

“Es absolutamente indignante y poco estadounidense exigir que un Gobernador envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y en contra de nuestra voluntad”, denunció el gobernador en un comunicado.

Una tendencia nacional: justicia o hegemonía

El caso de Illinois no fue aislado. Anteriormente, la administración Trump ya había desplegado tropas en lugares como Los Ángeles, Portland, Memphis y Baltimore, alegando la necesidad de controlar supuestos focos de violencia y desorden relacionado con las protestas masivas posteriores al asesinato de George Floyd en 2020.

Pero muchos críticos, incluyendo gobernadores, alcaldes y activistas, señalaron que la presencia federal solo exacerbaba tensiones y era un intento de consolidar el poder desde el Ejecutivo federal. En varias ocasiones, los despliegues estuvieron acompañados de acciones polémicas, como detenciones sin identificar y el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos.

Chicago, en el ojo del huracán

Trump había apuntado a Chicago como un "campo de guerra" debido a sus índices de criminalidad, y varias veces amenazó con enviar fuerzas federales alegando que las autoridades locales eran incapaces de mantener el orden.

Sin embargo, las cifras no necesariamente respaldaban esa premisa. En 2020, por ejemplo, la tasa de homicidios en Chicago fue de 24 por cada 100,000 habitantes, una cifra elevada, pero no excepcional en un país donde ciudades como St. Louis, Baltimore o Detroit superan ampliamente ese número (Reporte FBI, 2020).

Pritzker insistió en que ya existía una coordinación eficaz entre las agencias locales y estatales para seguir protocolos de seguridad, incluyendo la protección del centro de detención de ICE en Broadview, a las afueras de Chicago, donde manifestantes habían organizado protestas en repetidas ocasiones contra la política migratoria del gobierno federal.

¿Quién manda a quién? El debate constitucional

Este caso avivó un viejo dilema del federalismo estadounidense: ¿hasta qué punto puede el Presidente usar tropas federales sin el consentimiento de los gobernadores?

Según la Constitución, el Presidente puede activar tropas de la Guardia Nacional bajo ciertas condiciones, como insurrecciones, leyes que no se apliquen correctamente o situaciones donde se requiere protección de derechos civiles. Sin embargo, muchos sostienen que estas condiciones no se cumplen en la mayoría de los despliegues ordenados por Trump.

La Ley de Insurrección de 1807 establece límites claros, pero su interpretación ha sido amplia en administraciones recientes. En 2020, la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, criticó el uso de tropas federales durante las protestas frente a la Casa Blanca como una violación de la autonomía de la ciudad.

Una estrategia de imagen: ¿seguridad real o campaña política?

El momento del despliegue generó sospechas. Ocurrió a menos de dos meses de las elecciones presidenciales de 2024, y en un año repleto de controversias legales y electorales para Trump.

“Esto jamás ha sido sobre seguridad, es sobre control”, repitió Pritzker. Según varios analistas, el uso de imágenes de ciudades con disturbios y tropas armadas ha sido una herramienta para reforzar su narrativa de "ley y orden", un tema central en su campaña de reelección.

Sin embargo, reportes posteriores demostraron que varias imágenes y videos usados por Trump provenían de los incidentes de 2020 y no de eventos recientes. En Portland, por ejemplo, medios locales desmintieron las afirmaciones de Trump sobre un estado de guerra urbana en ese momento.

Implicaciones para la Guardia Nacional

Los miembros activados de la Guardia Nacional enfrentan realidades complejas durante estos despliegues, especialmente cuando se combinan con contextos fiscales delicados. En caso de cierre del gobierno (shutdown), estos militares no reciben sus pagos a tiempo.

En el pasado, el Congreso ha intervenido con medidas provisorias, como en 2013 cuando aprobó el Pay Our Military Act, pero en este caso no se logró la aprobación de una legislación similar antes del cierre presupuestario.

Esto implica que los soldados y oficiales movilizados están trabajando sin recibir salario, lo cual genera una presión adicional tanto emocional como social: deben cumplir órdenes federales al tiempo que dejan atrás sus empleos civiles y familias, sin saber cuándo recibirán su compensación.

Resistencia judicial y legislativa

Illinois y otras jurisdicciones afectadas no se quedaron de brazos cruzados. Un grupo bipartidista de líderes políticos y civiles presentó demandas ante cortes federales. En el caso de Portland, pocos días después del despliegue, un juez federal escuchó los argumentos de la ciudad contra la intervención para evaluar su constitucionalidad.

La jueza Karin J. Immergut, conocida por un enfoque preciso del derecho procesal, fue la encargada de evaluar esta demanda. Aunque su fallo no se había publicado en ese momento, el simple hecho de haber aceptado la demanda sentó un precedente importante e impulsó a más estados a cuestionar judicialmente decisiones ejecutivas que consideran arbitrarias.

¿Un nuevo precedente para 2025 y más allá?

Más allá de la coyuntura electoral, el incidente de Illinois podría sentar precedentes importantes para el equilibrio entre seguridad nacional y gobernabilidad estatal. Si bien el uso de la fuerza federal no es nuevo —recordando, por ejemplo, el envío de tropas a Arkansas en 1957 para proteger a estudiantes afroestadounidenses—, el contexto, intenciones y métodos actuales son notablemente diferentes.

Organizaciones como la NAACP Legal Defense Fund y la ACLU han advertido que permitir este tipo de despliegues con fines políticos podría socavar los derechos civiles y abrir la puerta a un uso autoritario del poder federal en cualquier jurisdicción que no comparta la visión del Ejecutivo.

En este escenario, Illinois se ha convertido en una especie de ejemplo del siglo XXI para la lucha por el control estatal frente a la intromisión federal y para la defensa del equilibrio de poderes. El mensaje de sus autoridades es claro: la seguridad debe garantizarse con estrategia y comunidad, no con imposiciones y militarización interna.

En una era de saturación informativa y redes sociales, las imágenes importan tanto como los hechos. Pero también lo hacen los principios democráticos, el respeto a la autonomía local y la no instrumentalización de las fuerzas armadas en beneficio político.