Chicago en tensión: Las tácticas militares de ICE y el Estado de Derecho bajo amenaza

Un operativo que cambió el tono del debate migratorio

La ciudad de Chicago, conocida históricamente por su diversidad cultural y lucha por los derechos civiles, se enfrenta hoy a un nuevo panorama de tensión. Desde hace semanas, los barrios de esta metrópolis son escenarios de operativos que se asemejan más a zonas de guerra que a espacios urbanos. La reciente intervención de agentes federales de inmigración (ICE y CBP) utilizando helicópteros, camiones sin identificación, gases lacrimógenos y detenciones sin orden judicial ha levantado preocupaciones profundas entre activistas, políticos y ciudadanos comunes.

Helicópteros sobre South Shore: ¿la nueva normalidad?

En uno de los operativos más polémicos, ocurrido en el área de South Shore —tradicionalmente una comunidad afroamericana—, agentes federales ejecutaron una redada al amanecer descendiendo desde helicópteros Black Hawk, rodeando un edificio de apartamentos y entrando a los hogares mientras las familias dormían. A través de videos grabados por testigos y reportes del medio NewsNation, se ha confirmado que ingresaron sin mostrar órdenes judiciales, utilizando bridas plásticas para inmovilizar a padres, madres e incluso a niños.

Rodrick Johnson, un ciudadano estadounidense de 67 años, fue una de las víctimas de esta redada. En declaraciones al Chicago Sun-Times, expresó: “Pregunté si tenían una orden y pedí un abogado. Nunca me trajeron uno”. Fue liberado horas después sin explicación alguna.

¿Quiénes son realmente los detenidos?

La administración federal justificó sus acciones argumentando que los operativos tenían como objetivo individuos con supuestos vínculos con el cártel internacional Tren de Aragua, y delitos como tráfico de drogas o armas. Sin embargo, la falta de evidencia concreta y el hecho de que ciudadanos estadounidenses y migrantes con estatus legal fueron detenidos siembra dudas sobre la veracidad de estas acusaciones.

Brandon Lee, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), señaló que al menos cuatro ciudadanos estadounidenses más fueron arrestados brevemente, y que otras personas siguen desaparecidas o sometidas a vigilancia electrónica mediante grilletes en los tobillos. "Es evidente que ICE y CBP son fuerzas violentas en nuestras comunidades", denunció.

El uso de químicos: ¿respuesta a protestas o intimidación?

Simultáneamente, el uso de gases lacrimógenos y bombas de humo ha dejado de estar restringido a contener protestas. Hoy en día, estos químicos se emplean en calles residenciales y cercanas a escuelas. Por ejemplo, en el distrito de Logan Square, residentes alertaron sobre un lanzamiento de gas cerca de la escuela primaria Funston, lo que obligó a llevar la hora del recreo al interior del edificio.

En un incidente separado, la concejal Jessie Fuentes fue esposada en un hospital luego de solicitar una orden judicial para un detenido que fue hospitalizado y que, según testigos, fue perseguido por ICE mientras estaba herido. “ICE actuó como un ejército invasor”, afirmó la representante estatal Lilian Jiménez, añadiendo que estas acciones violan derechos constitucionales y libertades fundamentales.

Gas, detenciones y armas: una combinación alarmante

La escalada de fuerza alcanzó su punto máximo cuando agentes federales dispararon a una mujer que, según sus informes, intentó atropellarlos. No obstante, activistas denuncian que la escena fue provocada por una persecución vehicular errática por parte de ICE, terminando en un accidente múltiple. La víctima, de nuevo, era ciudadana estadounidense y, según activistas, no portaba armas.

La respuesta institucional: investigación e indignación

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha sido categórico: “Ellos son quienes convierten nuestros vecindarios en zonas de combate”. En declaraciones a CNN, denunció el uso de tácticas militares, incluyendo el uso de granadas de humo y gas, contra civiles desarmados y menores de edad.

Por ello, el gobernador ha ordenado a las agencias estatales que investiguen incidentes donde niños fueron arrestados en presencia de sus padres. También ha enfatizado la necesidad urgente de una supervisión civil independiente sobre ICE y CBP.

Broadview: la raíz de la resistencia legal

La crisis ha llevado a que localidades como Broadview, un suburbio de Chicago donde se encuentra un centro de procesamiento migratorio, lancen una ofensiva legal contra el gobierno federal. La ciudad ha iniciado tres investigaciones criminales contra agentes federales y una demanda en corte federal para exigir la remoción de una cerca metálica colocada sin permisos municipales, bloqueando la entrada de emergencia del centro.

Según la denuncia, esta cerca representa “un peligro inmediato para la seguridad pública”. No es solo una cuestión simbólica; es un gesto de resistencia institucional ante lo que muchos consideran una erosión del federalismo y del respeto a las autoridades locales.

Un patrón preocupante: más allá de Chicago

Este aumento de acciones agresivas por parte de autoridades migratorias no se limita al corazón del Medio Oeste. Desde hace meses, ciudades como Atlanta, Houston y Nueva York han reportado prácticas similares, con detenciones masivas, vigilancia sin justificación y participación de fuerzas militarizadas.

Muchos expertos temen que estas acciones estén creando un nuevo estándar de política migratoria en EE.UU., en el cual la presencia de inmigrantes se trate como un tema de seguridad nacional en lugar de un asunto humanitario o legal.

Política y derechos humanos: un choque inevitable

El trasfondo político también es evidente. Desde la administración federal se ha insistido en que estas políticas son necesarias para combatir el crimen y proteger a los ciudadanos. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido las tácticas diciendo: “Es una situación extremadamente peligrosa para nuestros agentes”.

Pero grupos de derechos humanos, abogados constitucionalistas y figuras políticas demócratas argumentan lo contrario: los operativos no están dirigidos claramente a delincuentes peligrosos, sino que parecen diseñados más para enviar un mensaje político que para proteger a la población.

Chicago resiste

Mientras tanto, ciudadanos, organizaciones civiles y líderes locales no se han quedado de brazos cruzados. Más de 800 llamadas diarias están siendo registradas por líneas de emergencia de la ICIRR, alertando sobre la presencia de agentes federales en los barrios.

Las protestas continúan multiplicándose, y las manifestaciones pacíficas se han vuelto rutinarias en lugares como Broadview y Little Village. Concejales, profesores, padres de familia y hasta médicos han salido a denunciar lo que consideran una explotación del miedo y un abuso del poder estatal.

¿Qué sigue?

La lucha entre seguridad nacional y derechos civiles está lejos de terminar. Los próximos meses serán determinantes para definir si las políticas migratorias en EE.UU. siguen este curso cada vez más agresivo o si, por el contrario, se produce una reacción democrática que fortalezca el Estado de derecho por encima del autoritarismo.

Con un clima legal cambiante, cortes federales bajo presión y elecciones en el horizonte, las calles de Chicago —y su gente— podrían estar marcando el comienzo de una nueva era en la historia migratoria estadounidense. Una donde la pregunta ya no es solo legal, sino moral: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la seguridad?