Crisis de confianza y salud mental en las instituciones públicas de EE. UU.

Un falso aviso de bomba desde el corazón del poder municipal

En octubre de 2024, Brian K. Williams, exfuncionario del equipo de seguridad pública de la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass, hizo una falsa llamada de amenaza de bomba mientras participaba en una reunión virtual. Según la Fiscalía, Williams afirmó haber recibido en su celular oficial una llamada de un supuesto hombre molesto por el apoyo de la ciudad a Israel. Este individuo, dijo, había colocado una bomba en el Ayuntamiento y podía estar ubicada en la rotonda.

El incidente, que puso en alerta a la ciudad y movilizó a la Policía de Los Ángeles, fue finalmente desmentido y atribuido a un intento personal de escapar de una situación de angustia emocional. Williams se declaró culpable de un cargo federal relacionado con amenazas por explosivos y fue sentenciado a un año de libertad condicional.

Lo más inquietante no es la mentira per se, sino la figura del que la pronunció: un alto cargo vinculado a la seguridad ciudadana. El abogado defensor mencionó que su cliente sufría de problemas de salud mental no diagnosticados por los que está recibiendo tratamiento, y que actuó "abrumado por el estrés y la ansiedad".

Un intruso en el Capitolio de Washington: vandalismo y símbolos quemados

Menos de un año después, en octubre de 2025, otro hecho sacudió a la opinión pública estadounidense. Un hombre irrumpió por la noche en el Capitolio estatal de Washington. El intruso rompió una puerta de vidrio, incendió una alfombra valiosa y una bandera, y tumbó los bustos de George Washington y Martin Luther King Jr., antes de ser arrestado por la policía estatal.

En una imagen capturada por el Departamento de Servicios Empresariales del estado de Washington, se ve la bandera del condado parcialmente quemada en los escalones del Capitolio—a la espera de su restauración. El hombre había entrado con dos martillos, rompiendo una ventana del primer nivel y avanzando por varios pisos mientras destruía objetos históricos.

El portavoz de la Patrulla Estatal de Washington, Chris Loftis, señaló que el individuo parecía estar atravesando una "crisis de salud mental" y no se detectaron motivaciones políticas detrás del acto. Fue arrestado bajo sospechas de robo con agravantes, incendio y vandalismo de primer grado.

El legado imposible de Breonna Taylor y la justicia pendiente

Pocos nombres evocan con tanta rapidez el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial como el de Breonna Taylor. En 2020, la joven técnica en emergencias fue asesinada por agentes de policía durante una redada nocturna en su apartamento en Louisville, Kentuky. Aunque la mayoría de los oficiales involucrados evitaron consecuencias judiciales, en noviembre de 2023 uno de ellos finalmente recibió una condena penal.

Se trata de Brett Hankison, un exdetective de la policía de Louisville, quien fue declarado culpable en un tribunal federal de utilizar fuerza excesiva. Disparó 10 veces a través de las ventanas del apartamento, sin impactar a nadie, aunque algunos de sus proyectiles entraron al apartamento vecino, donde casi alcanzan a dos personas.

Hankison fue condenado a 33 meses de prisión, aunque intentó por todos los medios evitar su ingreso a una cárcel. Su petición de libertad condicional fue denegada por la jueza Rebecca Grady Jennings, quien subrayó que no había demostrado ningún argumento legal sustancial que justificara su liberación mientras apelaba.

Durante el juicio, Hankison defendió su actuar alegando que creía que sus colegas estaban bajo fuego de alguien armado con un rifle. Sin embargo, muchos han interpretado su accionar como un uso irresponsable y letal de fuerza en plena noche y sin plena visibilidad.

¿Por qué todos estos casos importan (y se conectan)?

Estos tres sucesos, distantes geográficamente entre sí —Los Ángeles, Olympia y Louisville—, tienen denominadores comunes innegables que van más allá de su carga mediática:

• Funcionarios con altos niveles de estrés que toman decisiones dudosas, con consecuencias para la seguridad pública.
• Problemas de salud mental no tratados, tanto en empleados públicos como en civiles, exacerbados por la presión institucional.
• Símbolos de poder vulnerados, lo que revela el erosionamiento de la confianza ciudadana en las instituciones.

Se trata de un problema estructural en el que la salud mental, lejos de ser un tema secundario, se está convirtiendo en un eje central de la seguridad pública. No puede aceptarse que quienes toman decisiones cruciales o quienes irrumpen en recintos institucionales lo hagan sin supervisión o tratamiento adecuado.

El estrés laboral y la salud mental en la administración pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el estrés laboral como una "epidemia del siglo XXI". Los funcionarios que trabajan en ambientes de alta presión, como departamentos de policía, oficinas de seguridad pública o sedes legislativas, son más propensos a desarrollar trastornos relacionados al estrés.

En el caso de Williams, la ansiedad lo llevó a crear una narrativa falsa que hizo movilizar recursos públicos en vano. No se puede minimizar el hecho sólo porque no ocurrió un daño físico; se trata de una señal de que algo está fallando a nivel institucional, no sólo individual.

Monumentos, símbolos y la expresión del descontento

Las estatuas derribadas, banderas quemadas y edificios vandalizados no son incidentes aislados. En los últimos años, especialmente desde 2020, Estados Unidos ha visto una creciente tendencia a la destrucción de símbolos políticos e históricos, muchas veces como forma de protesta contra injusticias sociales. Sin embargo, no todos los actos son políticos: algunos emergen del desequilibrio emocional o psicológico de unos pocos.

Lo preocupante es que tratar todos estos actos como meras "disturbios" ignoraría una capa más profunda de análisis: el simbolismo detrás del daño y el estado mental de quienes lo perpetran. Como menciona el historiador Eric Foner, “la destrucción de símbolos es, muchas veces, la manifestación externa de crisis internas, tanto personales como sociales”.

¿Qué se puede hacer? Prevención y transparencia

No se trata sólo de castigar con prisión o condicional. Para que no haya más Brian Williams en puestos clave, ni más Hankison disparando sin pensar, ni más incendios en instituciones públicas, se necesita atacar el problema de raíz. Algunas propuestas:

• Evaluaciones psicológicas periódicas a funcionarios públicos expuestos a altos niveles de estrés.
• Protocolos claros de intervención en crisis de salud mental, tanto en entornos laborales como en servicios de emergencia.
• Campañas de visibilización sobre la relación entre salud mental y seguridad pública.
• Mayor responsabilidad política: los líderes deben asumir que el bienestar del personal también es una cuestión de gobernanza.

No es conspiración, es salud pública

Cuando se desprecia la salud mental como una excusa o se intenta minimizar su impacto en hechos graves, perpetuamos un ciclo peligroso. La amenaza de bomba de Williams, el incendio en el Capitolio de Washington, y el desenlace de la redada que causó la muerte de Breonna Taylor no deben leerse como casos aislados, sino como avisos reiterados de un sistema que requiere con urgencia filtros, protocolos y atención terapéutica para quienes forman parte de él.

Estados Unidos destina miles de millones al presupuesto militar, sin embargo, según los datos de NIMH, más del 21% de los adultos del país experimentan alguna forma de trastorno mental cada año. La inversión en salud pública y mental, particularmente en entornos institucionales, debería ser una prioridad nacional si se quiere evitar que estos casos sigan dominando los titulares.