El grito de la Amazonía: el oro ilegal, el mercurio y una batalla por la vida

Por años, la Amazonía peruana ha sido una de las regiones más biodiversas del planeta, pulmón del mundo y hogar de miles de comunidades indígenas. Hoy, esa riqueza natural y humana enfrenta una amenaza crítica: la minería de oro ilegal y el uso del mercurio para extraerlo. Esta crisis ha llegado a un punto de inflexión en 2024, con consecuencias legales, ambientales y humanas que resuenan más allá de sus fronteras.

Una decisión histórica de la Comunidad Andina

La Comunidad Andina (CAN) —bloque que agrupa a Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador— emitió recientemente un fallo determinante: Perú está incumpliendo sus compromisos para frenar la minería ilegal y el tráfico de mercurio, acciones que están envenenando los ríos amazónicos y poniendo en peligro la salud y la vida de miles de ciudadanos.

Con este dictamen, la CAN ordena reformas urgentes, la confiscación de maquinaria utilizada para extraer sedimentos fluviales y el fin de las extensiones del registro de mineros informales, señalado por expertos como una puerta trasera que legaliza lo ilegal.

Mercurio: el arma invisible de la devastación

¿Cómo es que un metal plateado y líquido ha llegado a ser uno de los contaminantes más mortales en la región? El mercurio es ampliamente usado en la minería artesanal de oro para separar el metal precioso del resto del sedimento. Pero este proceso tiene un alto precio: el mercurio se libera en ríos y suelos, entra en la cadena alimenticia, se acumula en los peces y, eventualmente, en los cuerpos humanos.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada al mercurio puede provocar daños neurológicos irreversibles, problemas renales, erupciones cutáneas, enfermedades estomacales e incluso complicaciones en el desarrollo fetal.

En comunidades del norte peruano, como en la cuenca del río Nanay, los análisis de muestras de cabello han mostrado niveles de mercurio muy por encima de lo permitido por la OMS. En palabras del abogado ambientalista César Ipenza:

“Es una respuesta a las demandas de comunidades afectadas por la contaminación por mercurio y un mensaje para otros países: todos tienen el derecho a vivir en un ambiente sano.”

El oro manchado de sangre y selva

El auge del precio del oro —que los analistas proyectan podría alcanzar los $4000 por onza hacia 2026— está exacerbando esta crisis. A medida que el metal precioso se vuelve más lucrativo, redes informales e ilegales expanden sus actividades, deforestando vastas extensiones, corrompiendo autoridades locales y traficando maquinaria pesada sin control.

En 2019, el gobierno peruano ejecutó la Operación Mercurio en la región amazónica de Madre de Dios, uno de los epicentros de la minería aurífera ilegal. Esta operación decomisó toneladas de maquinaria, destruyó campamentos mineros y detuvo a decenas de sospechosos. Sin embargo, las redes ilegales rápidamente se reestructuraron, demostrando la resiliencia —y la corrupción— del negocio.

Comunidades indígenas: víctimas y guardianes

Las principales afectadas por este ecocidio silencioso son las comunidades indígenas amazónicas, que dependen de los ríos no solo para su alimentación, sino para su cultura, transporte y espiritualidad.

Organizaciones como la Federación de Comunidades Nativas del río Nanay y otras coaliciones indígenas fueron las responsables de presentar la denuncia que dio lugar al fallo de la CAN. Sus líderes afirman que el Estado los ha abandonado y que la complicidad entre autoridades regionales y mineros ilegales es un secreto a voces.

“Comemos pescado contaminado porque no tenemos otra opción, el agua que bebemos también está envenenada. Nuestros niños desarrollan enfermedades extrañas, pero no hay médicos ni hospitales”, afirma Yessica Pérez**, líder indígena de Loreto.

Las implicaciones legales y comerciales

El veredicto de la Comunidad Andina no es meramente simbólico. Perú tiene apenas 20 días hábiles para presentar un plan de cumplimiento. De lo contrario, el caso puede ser elevado al Tribunal de Justicia del bloque comercial, que puede imponer sanciones económicas, como aranceles a productos peruanos en los países miembros.

Esto podría afectar gravemente sectores como la agroindustria y minería legal, golpeando aún más una economía que, según el Banco Mundial, enfrenta una proyección de crecimiento débil (menos del 2% para 2024) debido al clima político interno y a problemas estructurales como la informalidad y la baja productividad.

Oro limpio vs. oro sucio: una batalla comercial

Uno de los reclamos más sonoros es la falta de trazabilidad en el comercio de oro. Países como EE.UU., Suiza y Emiratos Árabes Unidos compran grandes cantidades del mineral, pero sin verificar si proviene de minería ilegal. El abogado Ipenza propone:

“Los países destino deben tener mecanismos de diligencia debida más allá del papeleo. El oro que destruye bosques y envenena niños no puede estar en joyerías de lujo.”

Existen iniciativas como el Fairmined Standard —creado por la Alianza por la Minería Responsable— que certifican oro extraído de forma ética y ambientalmente responsable. No obstante, estas representan apenas una fracción ínfima del comercio global.

¿Y qué dice el Estado peruano?

Hasta el momento, ni el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ni el Ministerio de Cultura —encargado de los asuntos indígenas— han respondido oficialmente al fallo de la Comunidad Andina. Si bien el gobierno ha realizado campañas esporádicas y decomisos puntuales, los expertos califican los esfuerzos como insuficientes y descoordinados.

La presencia de redes mafiosas, la falta de voluntad política y la complicidad de funcionarios regionales han convertidos vastas partes de la Amazonía en zonas de nadie.

El llamado de la Amazonía

Esta sentencia puede marcar un antes y un después. Es un triunfo parcial para las comunidades que han arriesgado sus vidas para denunciar una crisis que había sido largamente ignorada. Pero también es una advertencia para los países vecinos —Brasil, Colombia, Bolivia— que enfrentan problemas similares.

Si Perú no toma medidas urgentes, no solo se expone legalmente, sino que pierde una oportunidad única de liderar en responsabilidad ambiental en un momento en que el mundo observa con lupa el destino del Amazonas.

Desde el Nanay hasta el Putumayo, y más allá, la Amazonía grita por justicia. Ya no quedan excusas.