La Guerra Silenciosa de Trump: Cómo el Gobierno Federal Se Transforma en un Instrumento de Poder

Una designación clave en medio del caos

Donald Trump ha designado a Don R. Berthiaume como nuevo inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este nombramiento, aparentemente técnico y discreto, se produce en un contexto de sacudidas institucionales: purgas internas, despidos masivos y un uso cada vez más politizado del poder ejecutivo. El inspector general del Departamento de Justicia juega un papel crucial como vigilante interno contra el derroche, la corrupción y el abuso.

Pero ¿puede realmente cumplir esa función en un entorno donde la lealtad al presidente parece contar más que la ley? ¿Y qué papel juega esta designación dentro de una estrategia más amplia de control institucional por parte del presidente estadounidense?

¿Qué hace un inspector general?

Los inspectores generales nacieron como figuras anticorrupción tras el escándalo de Watergate, para garantizar que las agencias federales se mantengan responsables. Su trabajo incluye investigaciones, auditorías y denuncias sobre mala conducta interna. Aunque son nombrados por el presidente, la ley les exige ser apartidistas y elegidos en base a su integridad y capacidad demostrada.

Sin embargo, Donald Trump ha despedido a más de una docena de inspectores generales desde que asumió su segundo mandato, lo que hace que este organismo de supervisión institucional esté bajo una amenaza sin precedentes.

¿Quién es Don R. Berthiaume?

A sus 51 años, Berthiaume ha estado relacionado con el Departamento de Justicia durante más de una década. Fue uno de los protagonistas en la revisión del polémico uso de escuchas telefónicas durante la investigación Crossfire Hurricane sobre los contactos entre la campaña de Trump en 2016 y Rusia. Su carrera incluye también investigaciones sobre nepotismo en el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y errores en operativos fallidos contra el narcotráfico.

Desde 2023, ha sido asesor legal superior en el Departamento de Vivienda, liderando investigaciones sobre fraude habitacional y programas para proteger a denunciantes. Antes, colaboró estrechamente con la DEA, lo que lo conecta directamente con agencias clave de cumplimiento de la ley bajo el paraguas del Departamento de Justicia.

Una oficina bajo ataque

Según el exinspector general Michael Bromwich, el ambiente actual representa un “entorno de amenaza” nunca antes visto para estos funcionarios. Berthiaume tomará funciones en una oficina percibida como posiblemente hostil por parte del personal del justicia. Como señala Stacey Young, exabogada del Departamento, “la supervisión responsable de las acciones del DOJ nunca ha sido más importante”.

El miedo es que el nuevo inspector general no esté allí para supervisar al poder, sino para protegerlo.

Chicago, militarización y protestas

El nombramiento de Berthiaume no ocurre en el vacío. El mismo mes, la administración Trump autorizó el despliegue de 700 miembros de la Guardia Nacional en Chicago, incluso cuando una juez federal bloqueaba un intento similar en Portland. La razón oficial: frenar disturbios y “la falta de control” por parte de autoridades locales demócratas.

Illinois y Chicago demandaron a la Casa Blanca por considerar que esta intervención simbolizaba “una ocupación militar” basada en discrepancias políticas y no en necesidades de seguridad real. El gobernador Pritzker calificó el acto como “la invasión de Trump”.

La intervención militar avivó nuevos temores en comunidades ya afectadas por redadas migratorias. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el disparo de una mujer por parte de agentes federales en el suroeste de Chicago. Los agentes dijeron estar “encerrados por diez vehículos”. La sospecha de uso excesivo de fuerza sigue latente.

De la política a la ley: el caso Comey y la sombra del 6 de enero

La politización del Departamento de Justicia no se limita a las calles. Recientemente, Trump indultó a más de 1,500 personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, una de las investigaciones más amplias de la historia del DOJ. El acto fue interpretado como un claro mensaje de impunidad hacia actos cometidos en su nombre.

En otro giro polémico, la acusación contra el exdirector del FBI, James Comey, alimentó la sospecha de que el DOJ está siendo instrumentalizado como arma contra enemigos políticos.

Los despidos “RIF” y una interpretación legal alarmante

Mientras tanto, otro frente de batalla se despliega: el intento de despido masivo de empleados federales durante un cierre de gobierno. Según denuncias de sindicatos, la administración viola leyes que exigen medidas específicas para despidos por reducción de fuerza (conocidos como RIFs).

Acusan a la Oficina de Administración y Presupuesto de usar el cierre presupuestario como excusa para purgar a quienes no son del agrado del presidente. Incluso hay demandas judiciales contra el despido de inspectores generales alegando que sus ceses fueron ilegales.

Una justicia que se reparte según conveniencia

Uno de los elementos más perturbadores es la cancelación de múltiples causas penales de alto perfil, incluida la del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Esto ha desencadenado acusaciones de manipulación del sistema judicial y favoritismo por parte del fiscal general hacia aliados políticos del presidente.

Recordemos que la justicia no solo debe ser aplicada, también debe ser percibida como justa.

Sendas preocupantes: las ciudades bajo vigilancia federal

Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha desplegado o intentado desplegar tropas en al menos 10 ciudades, entre ellas:

• Baltimore
• Memphis
• Washington D.C.
• New Orleans
• Oakland
• San Francisco
• Los Ángeles

Estas medidas han sido fuertemente cuestionadas. En Los Ángeles, un juez federal determinó que la administración violó la ley al enviar tropas tras las protestas por redadas migratorias. Y en Portland, la juez Karin Immergut cuestionó por qué se enviaban tropas desde California y Texas, desafiando su orden judicial.

Por si fuera poco, los argumentos de la Casa Blanca para justificar estos despliegues están basados en imágenes y narrativas del año 2020, particularmente del estallido tras el asesinato de George Floyd. Hoy, según datos de la Major Cities Chiefs Association, los homicidios en Portland han descendido un 51% en comparación con 2024.

Un precedente histórico

La acumulación de hechos sugiere algo más profundo que una simple reforma interna. Estamos presenciando cómo las estructuras de control y balance del gobierno estadounidense —desde la justicia interna hasta la obediencia militar— están siendo reconstruidas alrededor del poder presidencial.

Como en los días posteriores a Watergate, la tarea titánica de defender la integridad del sistema federal depende ahora de figuras que puedan resistir presiones políticas, como lo fue en su momento el inspector general Michael Horowitz, mentor de Berthiaume y figura clave en investigaciones pasadas.

La pregunta es si Berthiaume se alineará con su exjefe o con su nuevo patrón. Y si el Departamento de Justicia podrá mantenerse como órgano autónomo en medio de una guerra silenciosa por su control.