La sombra de ‘Alligator Alcatraz’: El otro muro de DeSantis y Trump en la política migratoria

Entre promesas rotas, opacidad legal y favoritismo racial, el polémico centro de detención en los Everglades revela los giros más oscuros del sistema migratorio estadounidense

Por años, la política migratoria de Estados Unidos ha sido terreno fértil para controversia, polarización y dilemas éticos. Pero lo que está ocurriendo en los pantanos de Florida, donde se erige el centro de detención conocido como "Alligator Alcatraz", lleva esta narrativa a una nueva cima de tensión y contradicción.

¿Qué es Alligator Alcatraz?

"Alligator Alcatraz" es el apodo que se le ha dado a un centro de detención migratoria ubicado en el corazón de los Everglades, Florida, construido rápidamente y gestionado por contratistas privados junto a agencias estatales. El nombre, evocador y provocativo, no es coincidencia: simboliza el aislamiento extremo del lugar, un centro rodeado de naturaleza salvaje, difícil de acceder, tanto para familiares como para abogados.

Inaugurado en julio de 2025, el centro fue concebido como parte del plan del gobernador Ron DeSantis para endurecer la política migratoria del estado y alinearse con las prioridades del expresidente Donald Trump. El propio Trump visitó el centro y lo calificó como “modelo nacional para futuras instalaciones de retención migratoria”.

La polémica desde el inicio

Desde su apertura, Alligator Alcatraz ha estado envuelto en crítica y controversia. Para empezar, el proyecto fue aprobado sin una revisión ambiental adecuada, lo que llevó a tribunales a ordenar su cierre en agosto. Sin embargo, como en una novela judicial, un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente esa orden, permitiendo que siguiera funcionando.

En su momento más activo, el centro llegó a albergar más de 900 personas. Oficialmente, su capacidad es para 3,000 detenidos. Pero el número exacto actual de personas detenidas ha sido mantenido en secreto por las autoridades, alimentando aún más la desconfianza pública.

¿Quiénes están detenidos en el centro?

Según las declaraciones oficiales del gobernador DeSantis, todos los detenidos eran personas con órdenes finales de deportación. En otras palabras: "ilegales" que ya habían pasado por todo el proceso de expulsión.

Todos los que están aquí tienen una orden de remoción ya emitida”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa en julio. “No hay objeción posible para hacer cumplir esas órdenes”.

No obstante, esta narrativa se vino abajo con un reciente documento del Departamento de Justicia (DOJ), en el que se admite que muchos de los detenidos nunca han estado si quiera en procesos de deportación. Algunos recién están siendo procesados, otros esperan su fecha y varios ni siquiera han sido notificados formalmente.

Esto abre una brecha entre el discurso político y la realidad legal. La paradoja es brutal: decenas, incluso cientos de personas, podrían estar injustamente privadas de libertad.

Falta de acceso a abogados: ¿violación constitucional?

Organizaciones de derechos civiles han presentado demandas alegando que los detenidos en Alligator Alcatraz no tienen acceso adecuado a representación legal. Esto supone una violación directa de derechos constitucionales básicos, como el debido proceso y la representación ante un tribunal.

En una solicitud presentada ante un tribunal federal en Fort Myers, estas organizaciones pidieron una orden judicial preliminar para garantizar reuniones privadas entre abogados y detenidos. Actualmente, se ha documentado que las entrevistas se realizan en salas compartidas, sin privacidad, y en muchos casos hay demoras de hasta una semana para acceder a un abogado.

Estamos hablando de personas que podrían ser deportadas sin haber tenido una audiencia justa”, declaró un miembro de la ACLU. “Todo el sistema está diseñado para el silencio y el aislamiento”.

La política detrás del encierro

La existencia de este centro de detención no puede desvincularse del contexto político más amplio. Tanto DeSantis como Trump han apostado su capital político a políticas migratorias restrictivas. Pero más aún, están promoviendo una cultura de eliminación, no integración. Un ejemplo de esto se encuentra en la planeada reducción del número de refugiados aceptados por Estados Unidos.

El favoritismo racial en la política de refugiados

De acuerdo con múltiples fuentes, la administración Trump pretende reducir el número total de refugiados a tan solo 7,500, con una preferencia explícita por inmigrantes blancos sudafricanos, especialmente agricultures afrikáners. Este enfoque discriminatorio ha generado críticas durísimas.

“Es un cambio monumental en la política de acogida de refugiados de EE.UU. No solo por la cantidad, sino por la manera descarada de favorecer a un solo grupo racial por encima de otros”, dijo Krish O’Mara Vignarajah, directora de la organización Global Refuge.

Esta decisión deja en el limbo a más de 128,000 refugiados ya aprobados conforme a los estándares del gobierno estadounidense. Muchos están siendo rechazados o rezagados para garantizar la inclusión rápida de refugiados blancos, lo cual representa, para muchos críticos, una violación sistemática del principio de no discriminación.

El “patriotismo selectivo” y la narrativa del enemigo interno

Todo este entramado legal, político y ético se sostiene con una narrativa cada vez más popular en ciertos sectores conservadores: la idea de que Estados Unidos está siendo "invadido" y que esta supuesta amenaza debe ser neutralizada con mano firme, sin importar principios democráticos arraigados.

Campañas de reclutamiento de agentes del DHS en redes sociales incluso apelan a frases como “recuperar nuestra identidad nacional”, una consigna que ha sido interpretada por periodistas y activistas como eco directo del nacionalismo blanco.

La propuesta no es solo frenar la inmigración indocumentada, sino rediseñar quién merece formar parte del país. Y en esa reconfiguración, los criterios son cada vez menos meritocráticos o humanitarios, y más ideológicos y raciales.

De la legalidad a la moralidad: ¿Qué país queremos ser?

Más allá de la legalidad, este debate plantea preguntas morales profundas: ¿es aceptable seleccionar a los refugiados que aceptamos según su color de piel? ¿Estamos dispuestos a aceptar la privación de libertad sin juicio en plena democracia? ¿Y cómo es que un país que por décadas fue abanderado del derecho de asilo y la libertad ahora construye prisiones en pantanos?

Alligator Alcatraz es más que un centro de detención. Es un espejo —oscuro y deformante— de hacia dónde puede ir Estados Unidos si permite que el miedo, el racismo y la mentira reemplacen a la ley, los derechos humanos y la compasión.

Como dijo el senador demócrata Richard Durbin: “Miles de personas, ya aprobadas por el extenso proceso de seguridad de EE.UU., están ahora estancadas mientras el presidente concede excepciones para los sudafricanos blancos”.

El lema inscrito en la Estatua de la Libertad —"Dame tus cansados, tus pobres, tus masas apiñadas que anhelan respirar en libertad"— se siente cada vez más como una reliquia poética y menos como una política viva.

Lo que ocurra en los próximos meses, tanto en Florida como en Washington, determinará si esa inscripción aún significa algo.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press