Trump, la Guardia Nacional y la militarización de las ciudades: ¿protección o poder autoritario?

Por años, Estados Unidos ha mantenido una línea clara entre las funciones del ejército y las responsabilidades policiales en territorio nacional. Sin embargo, bajo el liderazgo de Donald Trump, esa línea se está volviendo cada vez más difusa. La reciente decisión del expresidente -y ahora nuevamente candidato en posición de poder- de movilizar unidades de la Guardia Nacional sin el consentimiento de gobiernos estatales está avivando un debate con implicaciones profundas para la democracia, el federalismo y los límites presidenciales.

Un presidente decidido a militarizar la seguridad interna

Desde su mandato anterior, Trump ha mostrado interés en involucrar a las fuerzas armadas en temas domésticos, en particular en el combate a la inmigración irregular y al crimen urbano. Pero el nuevo intento de desplegar miembros de la Guardia Nacional de estados como California y Texas a otros como Illinois u Oregón sin la aprobación de los gobernadores, representa un aumento significativo de esa estrategia.

En un evento reciente ante mandos militares, Trump expresó que las ciudades estadounidenses deben servir como campo de entrenamiento para las tropas estadounidenses, advirtiendo de una supuesta “invasión desde dentro”. Esta declaración ha sido duramente criticada por numerosos líderes políticos, analistas y defensores de los derechos civiles.

Conflicto con gobernadores demócratas

Gobernadores como Gavin Newsom (California) y J.B. Pritzker (Illinois), ambos demócratas, han rechazado frontalmente las órdenes de despliegue y, junto con la gobernadora Tina Kotek (Oregón), han presentado demandas legales para frenar lo que consideran una extralimitación de poder.

"No se trata de colaboración ni de apoyo, se trata de una ocupación impuesta", aseguró Newsom durante una rueda de prensa, agregando que "la Guardia Nacional está para asistir en emergencias naturales, no para reforzar narrativas políticas autoritarias".

El rol controvertido de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional de EE.UU. es una fuerza híbrida: puede operar bajo el mando estatal en apoyo a emergencias como huracanes o incendios, pero también puede ser federalizada por el presidente. Sin embargo, esta posibilidad se reserva para circunstancias extraordinarias, como lo fue en 1963 cuando el presidente Kennedy la utilizó para implementar la integración racial en Alabama ante la resistencia del gobernador George Wallace.

Lo que plantea Trump es diferente. Según señala William Banks, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Syracuse: "El presidente está invocando una lógica de protección federal, pero en realidad busca utilizar militares para patrullar zonas urbanas y mantener el orden público, funciones que se reservan a cuerpos civiles".

El Posse Comitatus Act de 1878 prohíbe explícitamente el uso de tropas federales en funciones de aplicación de la ley dentro del país salvo en casos muy restringidos, una protección histórica ligada a la desconfianza fundacional frente al uso del ejército para controlar a la ciudadanía.

Un precedente legal preocupante

El litigio que se avecina en las cortes federales podría sentar un precedente de alto impacto. ¿Puede el presidente mandar tropas a patrullar ciudades estadounidenses sin aprobación estatal? ¿Puede ignorar las órdenes de un juez federal que limita estas acciones? ¿Qué sucede si el presidente decide desafiar abiertamente al poder judicial?

Alex Reinert, experto constitucional del Cardozo School of Law, advierte que "si Trump pierde en los tribunales y decide ignorarlo, estaríamos entrando en territorio inédito, profundamente peligroso para la democracia".

De momento, una juez federal bloqueó uno de los despliegues en Oregón, pero el equipo de Trump, lejos de acatar la decisión, calificó el fallo como ilegítimo.

Retórica polarizante y visión militarista del poder presidencial

El entorno de Trump insiste en que el objetivo es "recuperar" ciudades que, en sus palabras, están "tomadas por el crimen". Ha calificado a Portland como "una zona de guerra", "infierno en la tierra" y "prácticamente perdida". Stephen Miller, uno de sus asesores principales, incluso ha comparado las protestas contra las políticas migratorias con "terrorismo doméstico".

No obstante, los expertos insisten en que no hay base legal para el uso de fuerzas militares como fuerza policial. "La Guardia puede proteger propiedad federal, pero no puede detener personas, multar, bloquear tráfico ni aplicar leyes locales", explicó Banks. "Es más un gesto simbólico que una solución real".

Un uso peligroso del simbolismo militar

Ese simbolismo, sin embargo, puede tener efectos profundamente desestabilizadores. El despliegue de soldados con rifles en calles estadounidenses envía un mensaje visual: el Estado está dispuesto a usar la fuerza armada contra su propia gente.

Elizabeth Goitein, directora en el Brennan Center de NYU, lo advierte con claridad alarmante: "Esto no es entrenamiento, esto es una amenaza. El presidente quiere que el ejército se entrene en nuestras calles como si fuésemos un enemigo interno".

Confusión institucional y ausencia del Pentágono

Una de las peculiaridades de esta estrategia es el rol marginal del Pentágono, tradicionalmente el principal actor en cualquier despliegue militar. Según fuentes gubernamentales, las decisiones provienen directamente de la Casa Blanca, sin los habituales procedimientos ni órdenes formales requeridas para mover tropas. Esto ha dejado incluso a los portavoces del Departamento de Defensa sin capacidad de confirmar o negar las acciones, lo cual ha generado gran preocupación institucional.

Una estrategia de campaña camuflada

Muchos analistas coinciden en que este tipo de maniobras responde más a una estrategia de campaña que a una auténtica preocupación por la seguridad. Con el foco puesto en atacar a ciudades gobernadas por demócratas, Trump busca capitalizar electoralmente el miedo al caos urbano, la inmigración y la criminalidad, conceptos que ha mezclado reiteradamente.

Pero esta estrategia tiene consecuencias palpables en la vida institucional y constitucional del país. Como dice Goitein: "Está minando los fundamentos de nuestro sistema democrático bajo la apariencia de protegerlo".

El impacto en el sistema legal y mediático

Trump también ha dirigido su ofensiva al ámbito mediático y judicial. Ha promovido presiones institucionales contra medios como The Associated Press, prohibiendo su acceso a eventos presidenciales, y ha demandado a medios críticos como The New York Times y The Wall Street Journal. En paralelo, sus abogados descalifican los fallos judiciales que no le resultan favorables, argumentando que los jueces no poseen autoridad para limitar su rol como Comandante en Jefe.

Patrick Maks, portavoz de la AP, fue tajante: "El tribunal falló a favor de la AP en defensa de la libertad de expresión. El gobierno simplemente está apelando la decisión, pero el fallo es claro y fuerte".

Una democracia bajo presión

El avance de una presidencia que combina pulsiones autoritarias, desprecio por la separación de poderes, instrumentalización del ejército y demonización de la prensa plantea un escenario preocupante. Como lo expresó William Banks: "El último recurso para sostener nuestra democracia son los tribunales. Si se ignoran sus decisiones, los rieles de la democracia se descarrilan".

La historia constitucional de Estados Unidos ha enfrentado crisis antes, desde la Guerra Civil hasta el movimiento por los derechos civiles. Pero cada uno de esos momentos reafirmó la supremacía del marco legal sobre la voluntad individual de un líder. Hoy, ese principio básico se pone nuevamente a prueba.