Trump y el laberinto judicial en Georgia: ¿Un caso que se desmorona o una bomba de tiempo política?

Una investigación que remece los cimientos de la democracia

El caso de interferencia electoral en el estado de Georgia, que involucra al expresidente Donald Trump y a otras 18 personas, se ha convertido en uno de los dramas políticos y judiciales más complejos de los últimos tiempos. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, hoy se debate entre conflictos de interés, escándalos personales y un sistema judicial que parece no estar preparado para los desafíos de su propia historia.

La caída de Fani Willis: una relación que cambió el curso del caso

Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, logró en agosto de 2023 lo impensado: imputar al expresidente Donald Trump bajo la ley RICO de Georgia, diseñada para combatir el crimen organizado. Su narrativa legal sitúa a Trump y sus aliados como parte de una red conspirativa para subvertir la voluntad popular.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado a inicios de 2024, cuando se reveló una relación sentimental entre Willis y el fiscal especial Nathan Wade, a quien ella misma contrató. Wade habría costeado viajes de vacaciones junto a Willis con los fondos que recibió por sus servicios, lo que generó acusaciones de beneficio personal y una potencial violación ética.

El juez Scott McAfee consideró que, si bien no había conflicto de interés legal, “hubo una gran falta de juicio”. Finalmente, obligó a Willis a elegir entre apartarse del caso o hacer que Wade renuncie. Este último dimitió, pero el daño ya estaba hecho: una Corte de Apelaciones removió a Willis en diciembre de 2024 por “apariencia de impropiedad”.

El reloj judicial y la incertidumbre institucional

Con la fiscal retirada, el caso quedó en manos del Consejo de Fiscales del Estado de Georgia, encabezado por Pete Skandalakis. Este organismo no partidista debe encontrar un nuevo fiscal independiente que continúe el proceso.

Pero aquí vuelve a aparecer el reloj político. El juez McAfee estableció un límite de 14 días para que se nombre un nuevo fiscal o se solicite una extensión con fundamento específico. Skandalakis pidió más tiempo: alegó que ni siquiera tiene el expediente físico del caso, que según su estimación llegará en cuatro semanas. Solicitó, al menos, 90 días tras la recepción del archivo para tomar una decisión informada.

“No puedo responder ni plantear preguntas esenciales sin los documentos”, escribió Skandalakis en su solicitud, evidenciando la carga de trabajo de su oficina: tan solo en 2025 ha recibido 448 casos por conflictos de interés, de los cuales 21 aún esperan fiscal, incluido el de Trump.

¿Qué pasa si no se nombra un fiscal?

Si no se designa nuevo fiscal ni se otorga la prórroga, el caso podría ser descartado por el juez. Esto tendría enormes implicaciones jurídicas y políticas. Trump enfrenta múltiples cargos por este caso bajo leyes que podrían llevarlo incluso a prisión, pero más allá de su persona, se trata del principio democrático de que nadie —ni siquiera un expresidente— está por encima de la ley.

Muchos expertos legales, como el profesor de derecho Clark D. Cunningham de Georgia State University, opinan que desestimar este caso enviaría un pésimo mensaje institucional: “¿Cómo podemos garantizar la integridad electoral si ni siquiera una imputación de este nivel puede sostenerse?”.

Las otras figuras en el escenario: Giuliani, Meadows y más

Incluso si el proceso contra Trump no puede avanzar mientras sea presidente (en caso de ser reelegido), los otros 14 imputados permanecen plenamente expuestos a la justicia. Entre ellos están:

• Rudy Giuliani: exalcalde de Nueva York y asesor legal de Trump, señalado por presionar a legisladores estatales.
• Mark Meadows: exjefe de Gabinete de la Casa Blanca, partícipe de reuniones y llamadas para revertir los resultados.
• Sydney Powell: abogada cercanísima a Trump, promovió falsas teorías de fraude que alimentaron la narrativa del “robo electoral”.

Estos actores podrían enfrentar juicios individuales o nuevos cargos separados, dependiendo de la estrategia del nuevo fiscal.

Georgia, epicentro de la batalla judicial y electoral

Recordemos que Georgia fue uno de los estados clave en las elecciones de 2020. Trump perdió por apenas 11.779 votos. Su célebre llamada al secretario de Estado, Brad Raffensperger, en la que le pidió “encontrar esos votos”, se volvió una prueba central en esta investigación.

La acusación no persigue errores administrativos ni irregularidades menores, sino una red orquestada desde el más alto nivel del poder ejecutivo para anular una elección válida. Si este caso pierde tracción o se desvanece sin juicio, las consecuencias para la legitimidad del sistema estadounidense serían profundas.

¿Qué nos dice la opinión pública?

Una encuesta reciente de CNN indicó que el 61% de los estadounidenses considera apropiada la imputación de Donald Trump en el caso de Georgia. Sin embargo, dentro del Partido Republicano, el 75% cree que se trata de una persecución política.

Esta polarización se acentúa en año electoral: con primarias en curso y Trump liderando en varias encuestas, el futuro de este expediente podría convertirse en un factor generador de votos, tanto a favor como en contra del expresidente.

El precedente histórico: ¿podría esto pasar en otro país?

Estados Unidos ha tenido presidentes involucrados en controversias (Watergate, Clinton-Lewinsky), pero jamás un caso de presunta manipulación del sistema electoral post-elecciones tan detallado, documentado y judicializado.

Incluso en democracias modernas, los enjuiciamientos a exmandatarios por corrupción o abuso de poder son más frecuentes (Brasil, Corea del Sur, Francia), pero Estados Unidos aún se encuentra en terreno desconocido: ¿puede su sistema soportar que un expresidente (y quizás futuro presidente) se enfrente a múltiples juicios penales?

¿Y si Trump gana la presidencia?

Una de las grandes incógnitas es qué ocurre si Trump logra retornar a la Casa Blanca. En su calidad de presidente, podría intentar designar un Fiscal General que desestime los casos federales (aunque no los estatales como Georgia). Sin embargo, el caso podría complicarse logísticamente, al encontrarse el acusado en la figura del jefe de Estado.

Skandalakis advirtió que incluso si se nombra un nuevo fiscal, el proceso judicial “tomará tiempo y gran cantidad de recursos”. Estas dilaciones serían aprovechadas políticamente por el entorno de Trump para insistir en la teoría del “engaño judicial”.

Un juicio que es símbolo

Más allá del desenlace legal, el caso Georgia versus Trump representa un hito simbólico. Tiene el potencial de demostrar cómo una democracia puede, o no, autorregularse frente a sus crisis. Revela la fragilidad del sistema de pesos y contrapesos cuando intereses personales, lealtades políticas e instituciones rebasadas se cruzan en el camino.

Habrá que ver si la historia recordará este episodio como un momento de justicia o como una oportunidad perdida. Lo que está claro es que el mundo observa a Estados Unidos, no sólo por sus elecciones, sino por cómo responde ante aquellos que intentan manipularlas.