Choque institucional en EE.UU.: tropas federales, trabajadores sin paga y ciudades en resistencia

Desde amenazas de impago a empleados federales hasta el despliegue de tropas bajo controversia legal, la presidencia de Donald Trump entra en una fase de confrontación con estados opositores que plantea preguntas fundamentales sobre los límites del poder presidencial y los derechos civiles en tiempos de crisis.

El telón de fondo: un nuevo cierre de gobierno federal

Como en un déjà vu institucional, Estados Unidos ha vuelto a experimentar un shutdown del gobierno, paralizando operaciones administrativas clave y dejando en limbo a cerca de 750,000 trabajadores federales. Esta vez, sin embargo, hay una diferencia crucial: una nueva directiva presupuestaria pone en duda que esos empleados reciban pago retroactivo una vez se reactive el gobierno.

Esta medida, impulsada desde la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca —liderada por Russ Vought—, contradice la costumbre establecida tras el prolongado cese de actividades de 2019, donde se garantizó la compensación económica a los trabajadores afectados.

“El lenguaje es claro: los empleados deben recibir su salario cuando se restablezcan los fondos”, advirtió la senadora demócrata Patty Murray, citando la Ley de Tratamiento Justo de Empleados Gubernamentales de 2019. Según ella, negar el sueldo prometido «es otro intento sin base de asustar e intimidar a la clase trabajadora».

La legalidad de pagar… sin presupuesto aprobado

La nueva interpretación por parte de la OMB suscita una disputa legal de fondo. El memorando afirma que, si bien la ley autoriza el pago, no asigna automáticamente recursos para hacerlo. Esto implica que el Congreso debe acordar explícitamente si desea cubrir dicha obligación en el paquete de reapertura del gobierno —algo que no se da por sentado dada la actual polarización legislativa.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, respaldó la medida al afirmar que “algunos analistas legales sostienen que no corresponde efectuar el pago sin asignación presupuestal”. Mientras tanto, los demócratas sostienen que el gobierno viola la letra y el espíritu de la legislación existente.

Militarización interna: la batalla de Chicago y Portland

En paralelo al shutdown, una crisis institucional distinta se desata en terreno: el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, a pesar de la oposición oficial de estas jurisdicciones.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció los planes de federalizar a 300 tropas en su estado como una maniobra política impulsada por Trump con fines electorales. “Quiere normalizar la presencia de soldados armados bajo su mandato directo”, afirmó. A ello se suman 400 efectivos provenientes de Texas, bajo orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott, aliado de Trump.

La ciudad de Chicago presentó una demanda judicial federal con respaldo del estado de Illinois, argumentando que se trata de una estrategia peligrosa y jurídica e institucionalmente irregular. La primera audiencia está fijada para este jueves.

Una estrategia envolvente de militarización

Este no es un caso aislado. Según reportes, desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha promovido o ejecutado despliegues militares en al menos 10 urbes estadounidenses, incluyendo Los Ángeles, Nueva Orleans, San Francisco y Washington D.C.

En muchos casos, estos movimientos han tenido lugar bajo el pretexto de reducir la criminalidad o poner fin a los disturbios relacionados con sus políticas migratorias. Sin embargo, en ciudades como Portland, Oregón, los índices de crímenes violentos han venido bajando. Según datos del Departamento de Policía de la ciudad, los homicidios entre enero y junio de 2025 disminuyeron un 51% en comparación con el mismo período del año anterior.

Pese a ello, el presidente ha insistido en retratar estas ciudades como focos de caos y anarquía. “Estamos ante una narrativa de guerra interna basada en percepciones descontextualizadas”, indicó la alcaldesa de Portland en una conferencia de prensa.

Oposición institucional activa: la estrategia de los estados azules

Autoridades estatales y locales han comenzado a tomar medidas. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva para prohibir a agentes federales, incluyendo el ICE (Inmigración y Aduanas), utilizar propiedades municipales como bases operativas. “No permitiremos que el gobierno central utilice nuestra infraestructura como punto de partida para su ataque a las comunidades inmigrantes”, sostuvo Johnson.

Asimismo, organizaciones civiles como la ACLU de Illinois han acudido a los tribunales alegando que la presencia militar está siendo utilizada para reprimir protestas pacíficas y coartar la libertad de prensa. “El gobierno ha lanzado una campaña de violencia e intimidación contra ciudadanos que expresan su desacuerdo legítimo”, declaró un vocero legal del organismo.

Justicia dividida: fallos contradictorios y legalidad difusa

Las decisiones judiciales han sido mixtas. Mientras en Oregón un juez bloqueó recientemente el envío de tropas federales, en California otro magistrado determinó que la administración Trump “violó deliberadamente” la ley al desplegar guardias en Los Ángeles sin autorización legal suficiente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue defendiendo estas medidas bajo el argumento de que “la Primera Enmienda protege el derecho al discurso y la reunión pacífica, no a los disturbios”. No obstante, los grupos defensores de derechos humanos insisten en que el margen de maniobra del Ejecutivo ha sido sobrepasado de forma autoritaria.

¿Una democracia en ensayo de estrés?

Lo que está en juego no es solo el pago de salarios ni un operativo puntual de seguridad. Se trata de una tensión estructural entre el poder federal y el autonómico, entre el ejecutivo y los poderes judicial y legislativo, y entre la seguridad nacional y las libertades civiles.

Desde los Federalist Papers hasta el presente, el equilibrio entre estados y nación ha sido una piedra angular de la política norteamericana. Hoy, ese balance parece más frágil que nunca.

Como dijo el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, tras anunciar que no competirá por la gobernación y seguirá en su actual cargo: “Necesitamos líderes que estén dispuestos a defender nuestras libertades y el Estado de derecho frente al autoritarismo”.

En un contexto tan tenso, las próximas decisiones del Congreso, las cortes y las urnas electorales delinearán el verdadero alcance de lo que significa gobernar, disentir y resistir en el siglo XXI en los Estados Unidos.