Corrupción, clima y conservación: tres frentes que redefinen la política global

Europa al desnudo: el caso polaco y la búsqueda de justicia

La reciente decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad a dos políticos polacos —Daniel Obajtek y Michał Dworczyk— marca un nuevo capítulo en la cruzada del primer ministro centrista Donald Tusk contra la corrupción política en su país. Este movimiento no solo tiene implicaciones legales, sino también simbólicas: un intento de limpiar las estructuras del Estado que fueron, según sus detractores, instrumentalizadas por el partido Ley y Justicia durante sus años en el poder (2015-2023).

Obajtek, exdirector ejecutivo de la gigante energética estatal PKN Orlen, está acusado de utilizar fondos de la empresa en beneficio propio, contratando detectives privados con dinero público. Por su parte, Dworczyk, exjefe de la oficina del primer ministro, presuntamente usó su correo electrónico privado para manejar asuntos estatales, incluidos documentos clasificados —algunos de los cuales fueron filtrados y publicados por hackers en Telegram.

Ambos políticos niegan vehementemente las acusaciones y tildan las acciones del gobierno actual como "represión política". Obajtek escribió en la red social X (anteriormente Twitter):

“El Parlamento Europeo —que clama por los derechos humanos y la democracia— facilita la persecución política en mi contra.”

Aunque la votación en la Eurocámara fue simbólica, señala una victoria significativa para Tusk, no exenta de desafíos: los cambios legales previos realizados por Ley y Justicia han complicado el accionar de la fiscalía, ralentizando iniciativas clave para la reforma judicial.

Bonaire y la paradoja climática: ciudadanía sin derechos plenos

Mientras tanto, a casi 8.000 km de Bruselas, otra lucha por justicia se cocina en los tribunales de La Haya. Residentes de la isla caribeña de Bonaire, incluidos un agricultor, un guardia de prisión y una maestra, declararon en contra del gobierno neerlandés por lo que consideran una omisión sistemática en la lucha contra el cambio climático.

Con una población de apenas 20.000 personas, Bonaire es una municipalidad especial del Reino de los Países Bajos desde 2010. Los bonairenses son ciudadanos holandeses, pero viven bajo condiciones climáticas extremas y con recursos muy limitados. El agricultor Onnie Emerenciana voló 4.000 millas para contar cómo las sequías han diezmado sus cultivos, mientras que las altas temperaturas hacen que hogares sin aire acondicionado se conviertan en "prisiones de concreto".

La demanda, respaldada por Greenpeace, busca obligar al Estado neerlandés a actuar con base en compromisos climáticos internacionales. “El país se autoproclama campeón climático en foros internacionales, pero no actúa en compaginar sus palabras”, espetó el abogado Michael Bacon.

El caso se apoya en precedentes históricos como el caso Urgenda, en el cual la Corte Suprema neerlandesa ordenó al Estado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ese fallo ha sido citado tanto por la Corte Europea de Derechos Humanos como por la Corte Internacional de Justicia de la ONU en casos ambientales recientes.

La defensa del Estado argumenta que el cambio climático es un tema "complejo" que debe resolverse a nivel político, no judicial.

Sin embargo, la ciencia es clara: en la última década, el nivel del mar ha subido unos 4,3 centímetros a nivel global, y el mundo ya se ha calentado 1,3°C desde la era preindustrial. Para islas como Bonaire, situadas apenas metros sobre el nivel del mar, esto es una sentencia de riesgo existencial.

Chad rompe con African Parks: otra cara del neocolonialismo ambiental

En África, otro tipo de conflicto pone a un país en el centro del debate internacional: el gobierno de Chad rescindió el mandato que tenía la organización conservacionista African Parks para gestionar sus reservas naturales. Esta organización, vinculada directamente al Príncipe Harry, ha sido acusada por el Ministerio de Medio Ambiente chadiano de mostrar una actitud “indelicada y poco respetuosa” hacia las autoridades locales y de no frenar la creciente ola de caza furtiva.

La decisión pone fin a una sociedad de 15 años enfocada en proteger áreas críticas como la Reserva Natural Ennedi y el Ecosistema Zakouma. Desde 2010, African Parks afirma que logró incrementar la población de elefantes en el Parque Nacional Zakouma de 450 a más de 550 en 2019. No obstante, las autoridades chadianas señalan que esa recuperación se ha estancado y que falta inversión.

Este caso resalta el dilema moderno entre conservación internacional y soberanía nacional. African Parks, fundada en 2000, ha sido reconocida por asumir el manejo directo de parques naturales en países con poca capacidad estatal. Pero también ha sido objeto de críticas serias: a principios de este año, reconoció abusos contra comunidades indígenas en uno de sus parques en la República del Congo.

¿Quién decide cómo se ejerce la soberanía ambiental en países empobrecidos o en conflicto? ¿Hasta qué punto puede una ONG tener poder sobre territorios nacionales sin generar fricción política?

Un patrón común: el choque global entre poder, justicia y medio ambiente

Lo que une estos tres casos —Polonia, Bonaire y Chad— es una narrativa que cobra cada vez más fuerza: la incompatibilidad entre estructuras de poder tradicionales y la exigencia moderna de responsabilidad. En Polonia, se busca justicia institucional. En Bonaire, justicia climática. En Chad, justicia ambiental.

• En Europa del Este, la inmunidad política cede paso ante demandas de transparencia.
• En el Caribe, los descendientes de colonias exigen equidad ambiental como ciudadanos de derecho pleno.
• En África, los gobiernos reclaman control sobre sus recursos naturales frente a la injerencia internacional, aun si va acompañada de ayuda financiera.

Vivimos una era en la que, más que nunca, los tribunales se convierten en el nuevo espacio político —y ético— de nuestras luchas globales. Desde Bruselas, pasando por La Haya, hasta las sabanas del Sahel, la pregunta sigue latente: ¿quién rinde cuentas, a quién y cómo?

Y tal vez lo más importante: ¿qué entendemos realmente por justicia en un mundo interconectado y en crisis?