La ley migratoria suspendida en Florida y su uso indebido: una bomba política de tiempo

Una ley detenida, pero aún aplicada

En Florida, una ley de inmigración que ha sido suspendida por un tribunal federal sigue siendo usada por algunos oficiales para arrestar a personas inmigrantes, a pesar de que su aplicación ha sido declarada ilegal por la jueza Kathleen Williams. Se trata de una situación que ha puesto en jaque no solo los derechos constitucionales, sino también la credibilidad del sistema de justicia del estado.

La ley en cuestión, promovida por el gobernador Ron DeSantis y firmada en 2023, penaliza a personas que ingresen al estado de Florida si se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal. La legislación va más allá de las normativas migratorias federales y ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y, recientemente, por la misma justicia federal.

Una historia de arrestos indebidos

El pasado fin de semana, dos hombres en Bradenton fueron arrestados bajo esta ley suspendida, que prohíbe ingresar a Florida a personas indocumentadas. A pesar de que la legislación está inactiva desde abril de este año por orden de una jueza federal, la policía local continuó aplicándola erróneamente. Ambos arrestos ocurrieron en momentos y circunstancias distintas, pero bajo el mismo pretexto ilegal.

Uno de los individuos fue detenido por llevar ramas sueltas y equipo sin asegurar en su camión. El otro fue interceptado debido a una pieza de motor que bloqueaba el tráfico. En ambos casos, los oficiales contactaron a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y, tras confirmar el estatus migratorio de los detenidos, les colocaron órdenes de retención migratoria.

Sin embargo, las acusaciones por "entrada ilegal al estado" serán retiradas por la fiscalía estatal, dado que la ley bajo la cual se formularon esos cargos ha sido congelada.

Un patrón preocupante de desobediencia legal

Este no es un caso aislado. Desde junio, al menos seis personas más han sido arrestadas por la misma ley suspendida en diferentes regiones del estado, según reportes obligatorios de la Oficina del Fiscal General de Florida. Esto ocurre a pesar de que el fiscal general interino, James Uthmeier, fue encontrado en desacato civil por no respetar la orden judicial de la jueza Williams.

Desde entonces, Uthmeier fue obligado a presentar informes quincenales sobre arrestos, detenciones o acciones legales basadas en la ley suspendida. Los informes revelan que varios oficiales aún actúan en desacato a las directrices judiciales.

Uthmeier: entre el desacato y la irreverencia institucional

El papel de James Uthmeier ha sido particularmente polémico. Aunque escribió inicialmente a los departamentos de policía para informarles de que no debían hacer cumplir la ley mientras esta estuviese suspendida, días después envió otro memorando contradiciendo su primer mensaje, alegando que la jueza estaba “legalmente equivocada” y que él no podía evitar que los oficiales aplicaran la ley.

La jueza, al descubrir la desobediencia manifiesta, lo declaró en desacato y le ordenó rendir cuentas personalmente mediante reportes bimensuales. Esta dinámica tensa evidencia un deterioro entre el poder judicial y las fuerzas ejecutivas en Florida, exacerbando la confusión legal que viven inmigrantes y policías por igual.

Detrás de la ley: una estrategia política

La ley forma parte de un paquete de medidas migratorias impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, quien ha hecho de la inmigración uno de los temas centrales de su agenda política, especialmente de cara a eventuales aspiraciones presidenciales. El endurecimiento de las leyes estatales de inmigración ha sido recibido con entusiasmo por sectores conservadores, pero duramente criticado por expertos legales, activistas y organizaciones de derechos civiles.

La legislatura convierte en delito menor el simple hecho de entrar a Florida si uno se encuentra residiendo ilegalmente en los Estados Unidos. Esto ha generado temor en las comunidades inmigrantes, donde muchas personas ya limitan sus movimientos por miedo a repercusiones legales.

La respuesta judicial: una barrera contra el autoritarismo

En abril de 2024, la jueza Kathleen Williams emitió una orden judicial que detenía temporalmente la aplicación de la ley migratoria de Florida. Consideró que esta entraba en conflicto con la jurisdicción del gobierno federal sobre asuntos migratorios y que era probable que fuese considerada inconstitucional una vez que el caso se analizase a fondo.

La decisión fue bien recibida por organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), que calificó la ley como “un instrumento de discriminación que criminaliza la existencia cotidiana de los inmigrantes”.

Pero... ¿por qué los oficiales siguen aplicándola?

La respuesta parece radicar en una combinación de factores: confusión institucional alimentada por mensajes contradictorios del fiscal general; una cultura policial que se siente respaldada políticamente para actuar en contra incluso de decisiones judiciales; y el uso de inmigración como herramienta de movilización política entre las bases republicanas más conservadoras.

Además, el hecho de que un mismo oficial estuviera involucrado en los dos arrestos recientes sugiere que algunos sectores de la fuerza pública están desafiando directamente la autoridad del poder judicial.

Impacto humano y legal: el costo de la incertidumbre

Para los inmigrantes, este clima de incertidumbre legal agrava una situación ya de por sí precaria. Muchos viven con temor constante a ser detenidos, arrestados o deportados, incluso si están protegidos por órdenes judiciales federales. La existencia de leyes como la de Florida —y su aplicación ilegal— representa un grave atentado al debido proceso.

Los casos reportados muestran cómo personas detenidas en circunstancias menores —una cédula vencida, equipamiento mal colocado— terminan envueltas en procedimientos migratorios, sometidas a detención de ICE y, en muchos casos, enfrentan deportaciones.

Es también una carga para los sistemas judiciales locales, que ahora pierden recursos humanos y financieros al reaccionar a arrestos basados en una norma que no puede hacerse cumplir.

Una batalla más grande: estados vs. federación

Este conflicto no ocurre en el vacío. Es parte de una tendencia nacional en la que estados gobernados por el Partido Republicano han tratado de legislar en materia migratoria en abierta confrontación con el gobierno federal. Según estudios del Immigration Policy Lab, más de una docena de estados han pasado leyes en los últimos cinco años que pretenden asumir competencias federales en inmigración, generalmente con el efecto de criminalizar la migración indocumentada.

¿Qué puede pasar ahora?

Si la Florida continúa desafiando la orden federal, podrían imponerse sanciones más duras. La jueza Williams podría además aumentar la presión sobre las agencias del orden público locales, o incluso tomar medidas drásticas sobre la oficina del fiscal general. El litigio legal de fondo contra la ley sigue en curso, y se espera que llegue a juicio en los próximos meses.

Mientras tanto, personas como los dos hombres arrestados recientemente seguirán siendo los verdaderos peones en este juego legal y político, pagando el precio de un sistema que juega con su libertad aún cuando las reglas del juego hablen claramente en otra dirección.

Un llamado a la responsabilidad institucional

Este caso es un claro ejemplo de cómo el poder puede ser usado —o abusado— en nombre de la ley. Las estructuras democráticas esperan que los funcionarios públicos acaten las decisiones judiciales. Cuando esto no ocurre, se fortalece una cultura de ilegalidad institucional que afecta a todos, no solo a los inmigrantes.

Más que un simple fallo judicial, lo que está en juego es el respeto al estado de derecho. Si las agencias policiales pueden continuar arrestando personas con base en una ley suspendida, ¿qué nos garantiza que obedezcan cualquier otra decisión judicial que no les convenga?

“No planeo perderme la práctica”, dijo recientemente otro personaje muy distinto pero también símbolo de lucha: Deion Sanders, mientras lucha con sus propios desafíos de salud. En Florida, la práctica que no debe perderse es la del respeto institucional, porque cuando se ignoran las reglas del juego, todos perdemos.