Los gobernadores demócratas levantan la voz: ¿está en peligro la soberanía estatal en la era Trump?

Una fractura ideológica entre estados

La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) se encuentra en medio de una tormenta política sin precedentes tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Gobernadores demócratas de estados como California e Illinois han amenazado con abandonar la NGA, argumentando que la organización ha permanecido en silencio frente a lo que consideran una agresión sin precedentes a la soberanía estatal por parte del gobierno federal.

Este conflicto estalló cuando Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varios estados sin el consentimiento de sus autoridades locales, incluyendo intentos de enviar soldados desde Texas a Illinois y desde California a Oregón. Si bien jueces han bloqueado algunas de estas acciones, como en el caso de Oregón, aún persiste la disputa en otros estados, como Illinois.

¿Qué es la Asociación Nacional de Gobernadores?

Fundada en 1908, la NGA es una organización bipartidista que sirve como foro para que los gobernadores de los 50 estados de EE.UU. compartan políticas, colaboren en iniciativas y aboguen de manera conjunta ante el gobierno federal. Sin embargo, su enfoque ha sido evitar temas altamente políticos, enfocándose en asuntos de infraestructura, economía, educación y emergencias.

Sin embargo, la tensión entre demócratas y republicanos se ha intensificado. Gobernadores como Gavin Newsom (California) y J.B. Pritzker (Illinois), ambos considerados potenciales candidatos presidenciales para 2028, han criticado duramente la postura pasiva del NGA frente a lo que describen como una clara violación a la autonomía estatal.

Soberanía estatal: ¿una línea roja cruzada?

La controversia tiene raíces profundas en el debate histórico de federalismo en Estados Unidos. Desde sus inicios, el balance entre los poderes estatales y los del gobierno federal ha sido objeto de debates acalorados.

"Si no podemos unirnos, en base bipartidista, en este principio esencial de soberanía estatal, ¿qué propósito tiene la Asociación Nacional de Gobernadores?", escribió Newsom en una carta dirigida a sus colegas.

Pritzker se sumó al llamado: “La credibilidad de la NGA y nuestra integridad como ejecutivos estatales descansan en nuestra disposición a defender nuestros principios sin importar qué administración los ataque”.

El silencio de la NGA

Frente a la presión, la NGA ha optado por no pronunciarse oficialmente. El gobernador republicano de Missouri, Mike Kehoe, co-presidente del equipo de trabajo sobre emergencias y salud pública, afirmó: “No estoy seguro de que el tema constitucional de la Guardia Nacional sea algo que la NGA deba abordar”.

Otros señalan que la NGA debería concentrarse en áreas donde exista consenso y dejar los temas más delicados a las asociaciones partidistas como la Democratic Governors Association y la Republican Governors Association.

¿Estamos ante la politización de la Guardia Nacional?

Este caso pone en evidencia un potencial riesgo: la utilización de fuerzas estatales con fines políticos. Durante su segundo mandato, Trump ha intensificado el uso del poder ejecutivo, incluyendo la activación de la Guardia Nacional bajo razones de combate a la criminalidad y protección de instalaciones federales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el despliegue de 400 miembros de la Guardia Nacional hacia Chicago, en teoría para apoyar en labores de seguridad, una movida que fue duramente criticada como una intromisión autoritaria.

Abbott incluso compartió una caricatura mostrando a los gobernadores progresistas diciéndole a Trump: “DEJA NUESTRO CRIMEN EN PAZ”, ridiculizando las preocupaciones sobre la soberanía local.

El éxodo de gobernadores demócratas

Hasta la fecha, gobernadores demócratas de tres estados ya han abandonado la NGA: Kansas, Míchigan y Minnesota. La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, criticó el alto costo —alrededor de $100,000 anuales— de pertenecer al grupo y consideró que sus prioridades no reflejan los intereses actuales de los estados.

Con el posible retiro de California e Illinois, la organización enfrenta un desafío existencial: ¿puede una asociación bipartidista sobrevivir en tiempos de polarización extrema?

El precedente institucional

No es la primera vez que una institución estadounidense queda dividida frente a las políticas de Trump. Desde la Corte Suprema hasta agencias federales como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, muchas estructuras han enfrentado crisis internas sobre cómo proceder frente a acciones federales sin precedentes.

Ahora, la división ha alcanzado a los gobernadores estaduales, quienes tradicionalmente han sido vistos como contrapesos equilibrados del poder presidencial.

Más allá del simbolismo

El conflicto va más allá de simples diferencias de política pública. El debate gira en torno a una cuestión constitucional: ¿puede el presidente desplegar tropas estatales sin aprobación local?

Según expertos en derecho constitucional, como la profesora Erica Newland de la Universidad de Yale, "la Constitución estadounidense prevé que cada estado mantenga control sobre su Guardia Nacional excepto en casos muy excepcionales".

Aun así, la administración Trump ha justificado sus acciones bajo la argumentación de que está protegiendo instalaciones federales y respondiendo a amenazas de seguridad nacional.

Implicaciones para la seguridad y la democracia

Uno de los mayores temores expresados por los gobernadores demócratas es que la normalización de este tipo de acciones pueda sentar un precedente peligroso. Si hoy una administración puede desplegar tropas sin permiso, ¿qué podría impedir que se usen con fines partidistas o represivos en el futuro?

La controversia también ha sido criticada por entidades de derechos civiles como la ACLU. En palabras del director de la ACLU de Vermont, James Duff Lyall: "Cualquier expansión del poder federal que no esté sujeta a controles debe ser examinada rigurosamente para evitar abusos".

¿Hacia una nueva organización de gobernadores?

Algunos analistas especulan que, si varios estados progresistas abandonan formalmente la NGA, podría formarse una nueva coalición regional o temática. Ya existen asociaciones de gobernadores centradas en regiones (como la Western Governors' Association) o en temas específicos (como cambio climático o educación).

Esto podría marcar el fin de una era donde gobernadores de todos los colores políticos intentaban colaborar bajo una misma sombrilla institucional.

Impacto electoral del conflicto

Newsom y Pritzker, como potenciales candidatos presidenciales en 2028, pueden estar utilizando este enfrentamiento como un punto de campaña. Defender “la soberanía estatal” puede calar hondo entre los electores de sus respectivos estados e incluso más allá, especialmente en un contexto donde las libertades locales están siendo cuestionadas por decisiones federales inusuales.

Lo que está en juego no es solo el futuro de la NGA, sino la estrategia federalismo vs. autoritarismo que definirá las próximas contiendas políticas en Estados Unidos.

Un espejo para América Latina

Lo que ahora se vive en EE.UU. tiene cierta resonancia en América Latina, donde la autonomía de gobiernos estatales o provinciales suele verse comprometida por los ejecutivos nacionales. Casos como el de México, Brasil o Argentina revelan cómo el federalismo puede entrar en crisis cuando hay concentración de poder en el Ejecutivo.

La dinámica estadounidense actual nos recuerda que incluso en democracias de larga data, la estabilidad institucional nunca debe darse por sentada.