¿Guerra contra los cárteles o abuso del poder presidencial? El peligroso precedente del uso de la fuerza militar sin control

Un conflicto más allá del narco: ¿De qué hablamos cuando hablamos de guerra contra los cárteles?

En un giro preocupante para los equilibrios entre el poder ejecutivo y el legislativo de los Estados Unidos, el Senado debatió una resolución para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar ataques militares contra embarcaciones en el Caribe. Detrás del debate está una polémica operación militar iniciada por la administración Trump, que ha destruido ya al menos cuatro embarcaciones sospechosas de transportar drogas, dejando un saldo de 21 muertos.

La Casa Blanca justifica estas acciones asegurando que los cárteles de la droga representan una amenaza directa a la seguridad nacional, lo que, según ellos, legitima el uso de fuerza letal por parte del ejército, sin necesidad de autorización del Congreso. Sin embargo, senadores demócratas, y al menos un republicano, consideran que esto viola no solo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, sino también principios fundamentales del derecho internacional.

¿Qué dice la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Act)?

Aprobada en 1973 tras los horrores de la Guerra de Vietnam, esta resolución busca restringir el poder del Presidente para comprometer a las Fuerzas Armadas en conflictos militares sin el consentimiento del Congreso. En otras palabras, impide que el ejecutivo se convierta en un poder unipersonal que puede declarar guerras encubiertas bajo el pretexto de “acciones defensivas” o amenazas no especificadas. Algo muy similar a lo que está ocurriendo en el Caribe actualmente.

El senador demócrata Tim Kaine fue tajante: “Envía un mensaje cuando un número significativo de legisladores dice ‘esto es una mala idea’”. La resolución impulsada junto al legislador Adam Schiff buscaba hacer precisamente eso: exigir control legislativo y rendición de cuentas antes de más ataques militares.

Una línea borrosa entre seguridad y belicismo

En abril, la administración Trump anunció una intensificación de la presencia militar en el Caribe, una de las mayores desde la invasión a Panamá en 1989. Según datos del Comando Sur de los Estados Unidos, solo en los primeros tres meses de operaciones se incautaron más de 30 toneladas de drogas, pero también se destruyeron embarcaciones con personas a bordo, sin capturas ni juicios visibles. El número de muertos, según la Casa Blanca, asciende a 21.

Lo que preocupa a los legisladores es la opacidad del proceso: no hay transparencia sobre quiénes estaban en los barcos, ni evidencia divulgada públicamente que confirme que todos eran miembros de cárteles. Schiff lo expresó claramente: “Tal vez la embarcación estaba siendo utilizada para trata de personas o, peor aún, tal vez era el barco equivocado. No tenemos forma de saberlo”.

¿Narco-terrorismo o reetiquetado convenientemente peligroso?

Una de las estrategias actuales de la Casa Blanca implica clasificar a los cárteles de la droga como “organizaciones narco-terroristas”. Esto, técnicamente, permite apuntarles con la fuerza del ejército, tal como se hace con grupos como Al Qaeda o ISIS. Pero a diferencia de estos últimos —organizaciones de carácter ideológico, armadas y con alcance multinacional—, los cárteles, si bien peligrosos, no responden a los mismos patrones ni operan con estructuras de soberanía.

Esto ha generado una fuerte crítica entre expertos en relaciones internacionales. Michael Glennon, profesor de derecho internacional en la Universidad de Tufts, recalcó: “Clasificar a un cártel como enemigo militar permite justificar cualquier respuesta violenta sin supervisión, lo cual socava la base del derecho tanto nacional como internacional”.

Un nuevo enfoque militar con posibles consecuencias geopolíticas

El senador democrático Schiff advirtió que este tipo de operaciones podría llevar, accidentalmente, a un conflicto abierto con países vecinos, como Venezuela, cuyo gobierno tiene una frágil relación con EE. UU. y cuyo mar territorial ha sido transitado por tropas estadounidenses.

Así lo expresó: “Este tipo de cosas son las que inician guerras de manera inesperada e involuntaria”.

Una presidencia, un congreso y el eterno pulso entre poderes

Si bien la votación en el Senado no esperaba detener las acciones de Trump—quien ya había adelantado su intención de vetar cualquier resolución en su contra—, sirvió como termómetro político que evidencia una fractura institucional cada vez más marcada: el intento del Ejecutivo de concentrar el poder militar choca con un Congreso que, aunque dividido, está comenzando a reaccionar.

El senador republicano Rand Paul, uno de los pocos de su bancada en apoyar la resolución, pronunció palabras que resonaron con fuerza: “El Congreso no debe permitir que el poder ejecutivo sea juez, jurado y verdugo”.

En contraste, otros senadores republicanos como Mike Rounds defienden el accionar del presidente argumentando que esta es parte de su “responsabilidad constitucional” como comandante en jefe. Esta postura pone en evidencia una peligrosa interpretación expansiva de los poderes presidenciales.

Marco Rubio y el peligro del argumento patriótico

El senador Marco Rubio también ha intervenido en defensa de la operación, visitando la conferencia del Partido Republicano para convencer a sus colegas de no apoyar ninguna limitación. Según Rubio, los cárteles han tomado control de territorios enteros en algunos países del Caribe, convirtiéndose en equivalentes funcionales a gobiernos enemigos.

Rubio declaró ante la prensa: “Estas organizaciones de narcotráfico representan una amenaza directa a la seguridad pública de Estados Unidos, desatando violencia y crimen en nuestras calles. El presidente tiene la obligación de protegernos como comandante en jefe”.

Pero, ¿es ese argumento legítimo o meramente emocional? La historia ha demostrado que apelar al miedo nacional ha sido la justificación detrás de numerosas expansiones del poder militar sin control legislativo. Basta recordar la llamada “Guerra contra el Terror” iniciada tras el 11-S.

La legalidad internacional bajo amenaza

Expertos del Centro Brennan para la Justicia advierten que estas acciones corren el riesgo de violar el derecho internacional humanitario si no distinguen entre civiles y combatientes, y si no se llevan a cabo bajo estándares estrictos de proporcionalidad y necesidad.

La Convención de Ginebra, ratificada por EE. UU., prohíbe terminantemente ataques contra personas que no estén directamente involucradas en hostilidades. El hecho de que no exista transparencia sobre la identificación previa de las embarcaciones sospechosas levanta serias dudas respecto a la legalidad de los asesinatos.

¿Qué se esconde detrás del silencio?

Durante la sesión secreta de información brindada a los senadores, se reportó la ausencia de representantes clave de inteligencia y del Comando Sur. Esto implica que ni siquiera aquellos encargados de fiscalizar las operaciones tienen acceso completo a los datos que justifican cada ataque.

El senador republicano Kevin Cramer admitió: “Me sentiría más cómodo defendiendo al gobierno si ellos compartieran la información”. Una declaración que pone en evidencia la creciente distancia entre el poder ejecutivo y la fiscalización legislativa.

Un precedente inquietante que puede marcar el futuro militar de EE. UU.

El peligro real de este caso no es solamente el debate sobre si destruir embarcaciones en el Caribe es una respuesta válida contra el narcotráfico, sino el precedente que se sienta. Si el presidente puede declarar una guerra no convencional contra actores no estatales sin supervisión legal, ¿qué lo detendría de utilizar la misma lógica en otros contextos?

Como lo expresó el historiador de la Universidad de Columbia, Alfred McCoy: “Los poderes que otorgamos a nuestros líderes en tiempos de crisis raramente desaparecen después”.

Es hora de preguntarnos si Estados Unidos está a punto de redefinir la guerra desde el escritorio presidencial, alejándose cada vez más de su sistema de pesos y contrapesos diseñado para evitar precisamente este tipo de concentraciones de poder.