Corte Suprema y Control Federal: ¿Puede un presidente desplegar la Guardia Nacional a su antojo?

Una nación dividida… otra vez

Mientras el calendario político estadounidense avanza hacia nuevas elecciones, un caso legal en Washington D.C. amenaza con generar un precedente altamente controvertido: ¿puede el presidente de Estados Unidos desplegar unilateralmente la Guardia Nacional en la capital del país sin el consentimiento de las autoridades locales?

Lo que comenzó como una medida bajo la justificación de abordar la "criminalidad desbordada" en la capital ha escalado a una batalla legal cuya resolución podría marcar el futuro de la autonomía de ciudades y estados frente al poder presidencial. A continuación, analizamos el trasfondo, los aspectos legales y las consecuencias políticas de esta dinámica que mantiene en vilo a demócratas, republicanos y expertos constitucionalistas.

El detonante: una orden polémica

En agosto, el entonces presidente Donald Trump ordenó el despliegue de aproximadamente 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, tanto de la unidad local del Distrito de Columbia como de otros ocho estados. Armados en algunos casos, patrullaron puntos clave: estaciones de metro, el National Mall y zonas de alta concentración peatonal.

La reacción no tardó. El fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, presentó una demanda el 4 de septiembre, argumentando que el despliegue era ilegal, inconstitucional y contravenía los principios democráticos. Mientras tanto, cientos de soldados aún permanecen en la ciudad.

División partidista: 23 vs 22

Desde entonces, 45 estados han tomado partido. Veintitrés con fiscales generales republicanos respaldan al expresidente Trump. En el otro extremo, veintidós, dirigidos por demócratas, apoyan a D.C. La pelea no es solo jurídica, es reflejo del pulso político que vive el país.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, expresó con contundencia: “Es antiamericano usar al ejército en nuestras ciudades —salvo en circunstancias verdaderamente extraordinarias— y una amenaza contra una ciudad es una amenaza contra todos”.

En cambio, los estados pro-Trump argumentan que la seguridad de la capital nacional es de interés de toda la nación. Como citaron en un documento legal del 16 de septiembre: “El Distrito pertenece al pueblo de forma integral, y su seguridad es crítica para nuestra república constitucional”.

Washington D.C.: ¿ciudad o territorio federal?

Una característica fundamental distingue este caso: Washington no es un estado, sino un distrito federal. Es importante destacar que, en estados, los gobernadores comandan sus unidades de Guardia Nacional, pero en D.C., esa autoridad recae directamente en el Presidente.

Como explicó William Banks, profesor emérito de Derecho de la Universidad de Syracuse, al ser un distrito federal, el presidente tiene autoridad plena para movilizar la Guardia Nacional local sin necesidad de autorización legislativa o consenso político local.

La Ley Posse Comitatus y sus matices

El uso de elementos militares en actividades policiales está regulado por la Ley Posse Comitatus de 1878. Esta establece que el ejército no puede participar en funciones civiles a menos que lo autorice expresamente el Congreso o la Constitución.

Sin embargo, la Guardia Nacional se mueve en un área gris. Puede ser activada por el presidente en casos de emergencia o disturbios bajo los parámetros del Insurrection Act de 1807. ¿Pero qué constituye una emergencia? Este punto ha sido eje central de la disputa legal.

Sorprendentemente, un juez ya falló en un caso paralelo que la administración Trump violó la ley al desplegar tropas en Los Ángeles en junio de otro año reciente, lo que proporcionó un precedente legal interesante pero no directamente vinculante para el caso de D.C.

La sombra de la militarización

Para muchos críticos, el despliegue de soldados en espacios públicos, armados y sin el consentimiento local, genera una percepción de “militarización” incompatible con los valores democráticos.

Margaret Hu, profesora de la Facultad de Derecho de William and Mary, alertó: “Lo que D.C. argumenta es que esta es una implementación ilegal porque viola el espíritu de la ley, que exige que las jurisdicciones tengan autonomía para proteger a sus ciudadanos”.

Este tipo de intervenciones pueden tener un efecto intimidante sobre la ciudadanía, lo que provoca un efecto escalofriante en el ejercicio de derechos civiles. La presencia de tropas con fusiles en estaciones de metro, por ejemplo, puede influir en la confianza del público hacia el gobierno local o incluso disuadir el derecho a la protesta.

Voces expertas opinan: ¿Un precedente peligroso?

El profesor de Derecho de Emory University, Mark Nevitt, se refirió al caso como un reflejo de la división política actual en EE.UU.: “Es preocupante ver a los estados tan divididos y polarizados. Las presentaciones judiciales son una manifestación más de esta fractura”.

Incluso si Trump actuó dentro de la ley por ser el comandante en jefe de D.C., el debate de fondo radica en qué tan legítimo es interpretar situaciones de inseguridad como causas de emergencia nacional que justifiquen la intrusión federal.

Por otro lado, los defensores de la intervención federal argumentan que diversos grupos —como congresistas, diplomáticos y residentes— han sido víctimas de crímenes en D.C., por lo que se requiere una fuerza adicional para garantizar la seguridad.

El juicio: lo que está en juego

Los argumentos orales comenzarán el 24 de octubre, y se espera gran atención mediática y política. Si el tribunal da la razón al gobierno federal, podría abrir la puerta a nuevas intervenciones en otras ciudades sin requerir el consentimiento local. Si gana Washington, se limitaría el poder del Ejecutivo sobre un territorio que, aunque distinto a los estados, no está exento de los derechos protegidos por la Constitución.

Una victoria para D.C. también podría fortalecer otras demandas —como las presentadas por Portland o Chicago— contra intervenciones pasadas. Los abogados de esas ciudades también buscan limitar el poder del presidente de federalizar tropas estatales.

Implicaciones políticas: el telón de fondo hacia 2024

Este caso llega en un momento clave rumbo a las próximas elecciones. La narrativa de "mano dura" contra el crimen forma parte central del discurso de Trump, mientras que los demócratas apelan a la protección de los derechos locales y civiles.

Ambos lados ven esta disputa como una batalla por el alma institucional del país. Una decisión judicial en favor de D.C. podría complicar futuros intentos presidenciales de usar la Guardia Nacional en zonas urbanas. Una decisión a favor del expresidente, o futuras administraciones con ideas similares, podría sentar una base legal peligrosa, incluso para intervenciones donde la amenaza sea más política que real.

¿Y los ciudadanos?

Entre tanto tecnicismo legal, hay una cuestión humana relevante: los habitantes de Washington. Estos no eligieron ser parte de este experimento de control federal, pero su entorno diario se alteró por decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia.

La Corte deberá responder no solo si el presidente puede hacerlo, sino si debe hacerlo. Ese matiz será el verdadero barómetro de la institucionalidad estadounidense en tiempos de polarización extrema.