La crisis oculta del campo estadounidense: ¿Quién enseña y cuida cuando nadie quiere ir?

El desafío silencioso de las comunidades rurales

Mucho se habla en Estados Unidos del llamado 'corazón del país', esas pequeñas comunidades rurales que simbolizan los valores tradicionales y la resistencia. Pero detrás del discurso patriótico existe una dolorosa realidad: la escasez crónica de profesionales cualificados en áreas básicas como educación y salud. Solo en el sistema escolar público, una de cada ocho posiciones docentes permanece vacante o es ocupada por personas sin certificación, según Learning Policy Institute. En el sector salud, la Asociación Americana de Medicina (AMA) estima que en la próxima década faltarán unos 87,000 médicos para cubrir la demanda.

En este contexto, autoridades educativas y hospitalarias rurales, como Rob Coverdale en Dakota del Sur o Allison Roberts en Dakota del Norte, han encontrado una tabla de salvación: profesionales extranjeros con visado H-1B. Pero esa estrategia se ve amenazada por una nueva tarifa federal de $100,000 por solicitud de visado, implementada por la administración Trump con el argumento de que muchos estadounidenses eran reemplazados por mano de obra extranjera más barata.

La verdad detrás del visado H-1B

El visado H-1B está principalmente asociado con trabajadores tecnológicos, especialmente provenientes de India, país que representa alrededor del 73% de las aprobaciones de ese tipo de visa. Grandes empresas como Google o Microsoft suelen ser las mayores empleadoras bajo este programa. Sin embargo, el H-1B también es una herramienta esencial para sectores no tecnológicos, como la educación y la salud, especialmente en localidades rurales donde los salarios son bajos y las condiciones de vida poco atractivas para los profesionales estadounidenses.

Rob Coverdale, director del Distrito Escolar Tribal Crow Creek en Stephan, Dakota del Sur, lo dice sin rodeos: “No es que los filipinos estén quitando empleos a estadounidenses. Simplemente, no había ningún estadounidense postulándose para ellos". Desde su llegada en 2023, él logró contratar a 15 profesores filipinos, como Mary Joy Ponce-Torres, con más de 24 años de experiencia.

Una tarifa que amenaza con colapsar el sistema

Si bien empresas de tecnología pueden absorber este tipo de tarifas, las escuelas y hospitales rurales no tienen tal margen. Melissa Sadorf, directora ejecutiva de la National Rural Education Association, indica que el costo de $100,000 "puede equivaler al salario completo de uno o incluso dos docentes, dependiendo del estado”

La oposición se cristalizó recientemente en una demanda presentada por una coalición de educadores, líderes religiosos y proveedores de salud, que argumentan que la medida hará inviable la contratación de profesionales extranjeros.

La fragilidad del sistema educativo rural

La crisis afecta a múltiples niveles. Si las escuelas no pueden contratar con visas H-1B, la alternativa son docentes bajo el visado J-1, un programa de intercambio cultural mucho más limitado y sin posibilidad de residencia permanente. Esto significa una mayor rotación de personal, menor compromiso comunitario y la pérdida del recurso humano en un par de años.

George Shipley, superintendente escolar en Bison, Dakota del Sur, lo resume así: “Necesitamos personas permanentes, que puedan comprar casas y formar parte de la comunidad. El visado H-1B ofrece precisamente esa oportunidad”.

Ante la falta de personal, algunas escuelas se ven forzadas a combinar cursos, contratar maestros sin certificación o eliminar asignaturas completas. Como señala Sadorf, “conseguir un profesor de matemáticas de nivel avanzado es mucho más difícil que llenar una plaza de segundo grado”.

El impacto en los sistemas de salud rurales

La situación se torna incluso más crítica en el ámbito sanitario. Bobby Mukkamala, presidente de la American Medical Association, alertó que la nueva tarifa sería un "enorme problema" para la salud en zonas rurales. En EE.UU., uno de cada cuatro médicos es un graduado internacional. Estos profesionales tienen pocas posibilidades de asentarse en áreas rurales si el costo de sus visados es prohibitivo.

“Los médicos formados en EE.UU. suelen elegir ciudades como Nueva York o San Francisco. ¿Quién va a querer trabajar en un pueblo sin farmacias, sin supermercados y con salarios bajos?”, cuestiona Mukkamala, cuyos propios padres trabajaron en pueblos estadounidenses después de emigrar. De hecho, según un estudio de la Health Resources and Services Administration, más de 100 millones de personas viven en áreas con una carencia significativa de servicios médicos primarios.

Allison Roberts, directora de RR.HH. del Prairie Lakes Healthcare System, añade: “Si no estamos exentos, la diferencia entre la tarifa actual y los $100,000 hará imposible competir para los hospitales pequeños como el nuestro”.

Una cuestión de supervivencia comunitaria

Detrás de cada número hay vidas humanas. Trabajadores como Mary Joy han dejado familia atrás para contribuir a un sistema en crisis. En muchos casos, terminan echando raíces, comprando casas y formando familia en esos pueblos olvidados por el progreso. Pero si se impide su llegada, muchas comunidades podrían enfrentarse a una quiebra demográfica irreversible.”

Los niños de Stephan, Pima o Bison enfrentan realidades educativas muy distintas a las de una ciudad como Chicago. Sin docentes especializados, el aprendizaje se vuelve desigual. Lo mismo sucede cuando un paciente debe conducir dos horas para ver un médico general.

Melissa Sadorf explica que muchas veces ni siquiera se trata de competencia entre estadounidenses y extranjeros, porque en esas regiones olvidadas simplemente no hay postulantes locales. “El sistema no se rompe por culpa de los inmigrantes, se sostiene gracias a ellos”.

¿Un precio para la solidaridad?

El argumento de la administración Trump es claro: proteger al trabajador estadounidense. Pero este tipo de políticas ignoran las particularidades del campo norteamericano, donde los talentos locales no cubren la demanda mínima de los sistemas educativos y de salud. Como indicó la American Hospital Association en un comunicado: “Los desafíos de personal y financieros que enfrentan nuestros hospitales son tan altos que esta tarifa impediría continuar la contratación de personal esencial, y podría reducir los servicios ofrecidos”.

Más allá del debate legal o político, lo que se pone en juego es el alma misma del país rural. Sin maestros y sin médicos, ¿qué queda?, ¿cómo educar a la próxima generación o atender emergencias? El visado H-1B, lejos de ser una amenaza, ha sido una tabla de salvación. Convertirlo en un lujo impagable para pequeñas escuelas y hospitales puede significar el colapso definitivo de muchas comunidades.

Quizás sea el momento de redefinir qué significa “América primero”, no como exclusión, sino como una invitación a cuidar el tejido humano que sostiene a las regiones más frágiles del país.