Letonia y la controversia por la Convención de Estambul: ¿protección o pretexto político?

En medio de una Europa marcada por conflictos ideológicos entre progresismo y conservadurismo, Letonia se ha convertido en un nuevo epicentro del debate sobre los derechos de las mujeres. Lo que comenzó como una ratificación esperanzadora de la Convención de Estambul —la cual busca proteger a mujeres víctimas de violencia de género— hoy se transforma en una lucha política que amenaza con revertir avances cruciales.

¿Qué es la Convención de Estambul?

La Convención de Estambul, adoptada en 2011 por el Consejo de Europa, es el primer tratado internacional vinculante que establece estándares jurídicos para prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. Conocida formalmente como el "Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica", ha sido ratificada por más de 35 naciones europeas, incluido Letonia en 2023.

Según datos del Consejo de Europa, los países que han implementado integralmente la convención han visto mejoras tangibles en la protección legal, el acceso a refugios para mujeres y la sensibilización institucional sobre el tema.

Protestas en Riga: entre el simbolismo y la desesperación

El 30 de octubre, decenas de mujeres se congregaron frente al Parlamento letón en Riga para expresar su indignación. Con sus bocas tapadas y manos atadas, representaron visualmente la impotencia de las víctimas de violencia, mientras que los manteles blancos manchados con huellas rojas simbolizaban la sangre y el silencio impuesto por una sociedad que, según ellas, les está dando la espalda.

“Lo que veo es una ideología extranjera infiltrándose en nuestras vidas cotidianas”, declaró Linda Liepiņa, diputada del partido opositor ultraconservador Latvia First, durante el debate parlamentario. Para esta corriente política, la Convención de Estambul no solo protege a las mujeres, sino que “impone una agenda de género ideológica que pone en peligro a las familias tradicionales”.

Avances legales y ayuda a víctimas: ¿realidad o amenaza?

Desde su ratificación, Letonia ha producido al menos tres reformas legales de peso:

• Reconocimiento legal del acoso como violencia psicológica.
• Obligatoriedad de capacitación en género para jueces y fuerzas del orden.
• Establecimiento de centros de atención para mujeres en crisis.

Organizaciones como el MARTA Center, una de las principales entidades letonas de apoyo a mujeres víctimas de violencia, han sido enfáticas: la convención ha salvado vidas. Marta Kraujina, quien habló en representación del centro, afirmó: “Por fin las mujeres tienen herramientas legales y sociales para salir de situaciones que ayer eran trampas sin salida”.

Conservadurismo en auge: campaña política disfrazada de protección familiar

Lo que preocupa a los activistas es que la revisión de la convención no nace exclusivamente de preocupaciones técnicas o errores de implementación, sino que tiene todas las señales de ser una jugada política rumbo a las elecciones parlamentarias de 2025.

La estrategia se asemeja a lo ya vivido en 2020 con el entonces gobierno conservador de Polonia, que intentó promover un tratado alternativo completamente opuesto a Estambul, centrado en valores “tradicionales”, prohibiendo el aborto y el matrimonio igualitario. El eco de esa retórica se siente fuerte en las palabras de varios legisladores letones afines al nacionalismo religioso y moralista.

El rol del populismo y las redes sociales en la desinformación

Parte del debate ha sido amplificado y distorsionado en redes sociales, donde se difunden afirmaciones infundadas como que la convención busca “sexualizar a los niños” o “eliminar las diferencias entre hombres y mujeres”. Estas campañas, impulsadas por influencers de corte ultraconservador y medios alternativos, han incendiado la opinión pública.

Según un estudio del Latvian Center for Media and Democracy, el 37% de los ciudadanos ha recibido información falsa o parcial sobre la Convención de Estambul. Este fenómeno no es aislado. Basta revisar el ejemplo de Hungría, donde el gobierno de Viktor Orbán se ha negado repetidamente a ratificar el acuerdo invocando argumentos similares.

El gobierno responde: defensa firme, pero cautelosa

La primera ministra Evika Siliņa reaccionó con fuerza ante la ofensiva legislativa. En su perfil de X (antes Twitter), escribió:

“Quienes han tenido el valor de pedir ayuda están viendo ahora cómo sus experiencias se convierten en munición política. Es cruel.”

La coalición gobernante se había comprometido en 2023 a consolidar los derechos adquiridos gracias al acuerdo internacional. Sin embargo, analistas aseguran que el gobierno debe moverse con cautela para evitar polarizar a un electorado aún dividido y que observa con atención cómo evoluciona el debate.

Una Europa dividida frente a la violencia de género

Letonia no es un caso aislado. Otros países que han puesto en duda o atacado la Convención de Estambul incluyen:

• Turquía: fue el primer país en firmarla y también el primero en abandonarla en 2021.
• Polonia: amenazó con retirarse en 2020, aunque finalmente no lo hizo.
• Bulgaria y Hungría: aún no la han ratificado.

Estos movimientos responden a una nueva ola conservadora pospandemia que, alimentada por nacionalismo, religión y defensa de “la familia”, ha encontrado en esta convención un enemigo simbólico. En el fondo, subyace una pugna más profunda: ¿quién controla el discurso social sobre el género, la sexualidad y el poder?

Víctimas invisibles: las consecuencias de politizar los derechos

Detrás de los debates parlamentarios, de los trending topics y de las consignas cruzadas, existen mujeres reales cuya seguridad depende de políticas concretas: redes de refugios, fuerzas policiales capacitadas, juicios que no re-victimizan, entornos donde hablar no sea un riesgo.

En Letonia, como en otros países, hay cientos de historias que no llegan a la prensa pero que forman el entramado de una realidad dura: una de cada tres mujeres europeas ha sufrido violencia física o sexual, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Politizar estos temas no solo rompe con el espíritu de los derechos humanos, sino que también pierde de vista un punto crucial: la violencia de género no es una cuestión de ideología, sino de humanidad.