Trump, Venezuela y la Guerra Contra el Narcotráfico: ¿Operativo Justificado o Estrategia Electoral?

Un nuevo frente de batalla: la narcopolítica internacional

A medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos y la región de Medio Oriente concentra gran parte de la diplomacia exterior, la administración Trump ha abierto un nuevo flanco de confrontación: una agresiva campaña militar contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y América Latina, específicamente en Venezuela.

En al menos cuatro ataques recientes, la administración Trump bombardeó embarcaciones alegando que transportaban drogas desde Sudamérica. Pero el problema es uno: no hay evidencia tangible, o al menos no compartida públicamente, que sustente estas afirmaciones.

¿Operativo antidrogas o acción militar sin respaldo legal?

Hasta ahora, el gobierno de Trump solo ha presentado clips de video en redes sociales, declaraciones de miembros del gabinete y afirmaciones vagas de “inteligencia confirmada”. La transparencia brilla por su ausencia. «Nuestra inteligencia, sin duda, confirmó que esa embarcación traficaba narcóticos», dijo el Secretario de Defensa, Pete Hegseth. Sin embargo, ninguna evidencia verificable ha sido entregada al Congreso.

Mientras tanto, legisladores de ambos partidos expresan una creciente frustración. El Senado incluso votó una resolución que exigiría que el presidente busque autorización del Congreso antes de ejecutar nuevos ataques. La senadora Amy Klobuchar dijo: “No podemos permitir una justificación retroactiva de acciones militares sin pruebas contundentes”.

Rubio al mando: la conexión con Venezuela

Una figura clave en estas operaciones es Marco Rubio, exsenador y ahora Secretario de Estado, quien desde hace años ha promovido una política dura contra el régimen de Nicolás Maduro. Según declaraciones de funcionarios estadounidenses, Rubio junto con Stephen Miller y Christopher Landau, empuja esta agenda militar desde el interior de la Casa Blanca, omitiendo los tradicionales procesos interestamentales.

Desde 2020, Rubio ha calificado al presidente venezolano como «el mayor narcotraficante del hemisferio» y lo ha vinculado con el grupo criminal Tren de Aragua. En los ataques más recientes, Trump aseguró que una de las embarcaciones bombardeadas pertenecía a este grupo, aunque no se han aportado nombres, pruebas o capturas vinculadas al hecho.

Maduro responde: “una estrategia para desestabilizar”

El régimen venezolano, por su parte, ha denunciado estos hechos como actos de guerra no provocados. Nicolás Maduro declaró que los bombardeos forman parte de “una estrategia estadounidense para minar la soberanía venezolana e incitar un levantamiento armado”. Incluso acusó a Washington de querer reeditar “una versión tropical de Irak”.

La narrativa del gobierno estadounidense ha sido ambigua. Mientras niegan trabajar con la oposición, afirman que Maduro no es el presidente legítimo e insisten en que sólo buscan “proteger a los estadounidenses del veneno que exporta Maduro”. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó: «Maduro es un prófugo de la justicia estadounidense. No coordinamos con nadie que no sea parte de esta operación puntual».

La guerra contra el narco como herramienta electoral

No es la primera vez que un presidente estadounidense endurece su postura militar como táctica electoral. Richard Nixon declaró la «Guerra contra las Drogas» en 1971, una medida ampliamente vista como un intento de reprimir a grupos activistas opositores. Ronald Reagan recalcó esta guerra en los ochenta con intervenciones en el Caribe. Y ahora, Trump parece seguir el mismo camino, aunque con una narrativa más unilateral.

La retórica de Trump intenta vincular inmigración, narcotráfico y amenaza exterior en un solo paquete, que pueda capitalizar ante su base electoral. «Los narco-terroristas vienen con el propósito de infiltrarse y destruir nuestro país desde adentro», dijo recientemente durante una reunión con influencers conservadores en la Casa Blanca.

Este mismo evento fue donde se lanzaron pistas de una posible visita de Trump al Medio Oriente “a finales de esta semana”, como él mismo declaró. Y en medio, recibió un papel con una nota urgente: «Debes aprobar una publicación en Truth Social pronto para anunciar el acuerdo primero». Dentro del caos, la imagen es clara: política exterior diseñada para alimentar el espectáculo político interno.

Consecuencias diplomáticas: ¿una guerra con Venezuela?

El bombardeo de buques no es menor. Conforme al derecho internacional, bombardear embarcaciones de otro país puede constituir un acto de guerra. Existen precedentes históricos claros: el incidente del Golfo de Tonkin en 1964 sirvió de pretexto para intensificar la Guerra de Vietnam, y varios países han iniciado conflictos tras ataques similares en mar abierto.

Actualmente, Venezuela no reconoce los ataques ni acepta la versión estadounidense de que se trataba de "piratas narcotraficantes". La falta de una investigación internacional complica aún más las cosas, y organismos como la OEA o Naciones Unidas aún no se han pronunciado oficialmente.

¿Y la evidencia?

Una de las preguntas más apremiantes sigue sin respuesta: ¿dónde están las pruebas? La administración Trump insiste en que la inteligencia es “clasificada” pero que su veracidad es incuestionable. Sin embargo, no presentar pruebas contundentes ni fotografías, análisis forenses ni testimonios en el Congreso ha hecho saltar las alarmas.

No obstante, el Pentágono afirma haber entregado seis informes clasificados al Congreso, según fuentes del Departamento de Defensa. Pero los legisladores responden que esos informes no incluyen elementos verificables ni pruebas concluyentes. “Videos en redes sociales no son evidencia judicial ni diplomática”, dijo el senador Chris Murphy.

El narco como enemigo bélico

La administración Trump emitió un memorando donde clasifica a los carteles como «combatientes ilegales», equiparados con grupos terroristas o milicias. Con esto, da un salto legal delicado: puede bombardear y matar sin declaración formal de guerra. Si esta interpretación se consolida, podría cambiar las reglas del juego en el uso de la fuerza militar estadounidense.

Expertos legales como Harold Koh, profesor de Derecho Internacional de Yale, alertan: “Definir unilateralmente a actores criminales como combatientes fuera de la ley pone en riesgo todas las normas del derecho humanitario. Se abre la puerta para justificar asesinatos selectivos sin rendición de cuentas”.

¿Está en juego la legitimidad democrática?

Este escenario recuerda advertencias recientes del exjuez de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, sobre el deterioro del discurso político en Estados Unidos. En una entrevista reciente, Kennedy dijo: “La Constitución no funciona si uno de los poderes del gobierno insiste en dominar los otros al extremo”. También criticó las declaraciones groseras del presidente y el uso excesivo del poder ejecutivo.

Curiosamente, Kennedy fue juez clave en decisiones que moldearon el enfoque de EE.UU. hacia libertades civiles, pero desde su retiro ha mostrado preocupación por el camino autoritario que está tomando la política nacional. “No critico al autor, critico el razonamiento”, dijo sobre los desencuentros en la Corte. Un guiño, quizás, a los tiempos actuales donde el conflicto ha dejado de ser jurídico y se ha convertido en personal.

¿Una guerra sin nombre?

La administración Trump cada vez se acerca más a una doctrina de guerra sin declaración, donde no hay frentes definidos, no hay enemigos con bandera y no hay juicios públicos que respalden las acciones bélicas. Este modelo recuerda la política de asesinatos selectivos usada por la CIA durante la Guerra Fría, pero adaptada al siglo XXI.

La pregunta es: ¿hasta dónde vamos a permitir que el Ejecutivo reinterprete los poderes de guerra a su antojo? ¿Cuándo se convierte una política antidrogas en una guerra encubierta por otros intereses?