Trump vs. Chicago: ¿Un intento de control federal o la antesala del autoritarismo?

Donald Trump ha vuelto a ocupar titulares con una de sus declaraciones más controversiales. Esta vez, el expresidente de Estados Unidos arremetió contra el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, sugiriendo que ambos "deberían estar en la cárcel". El motivo: oponerse al despliegue de la Guardia Nacional y presuntamente no proteger a los agentes de inmigración federal conocidos como ICE. Esta declaración no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia discursiva que apunta a criminalizar al oponente político bajo una lógica de “mano dura”.

La narrativa del “enemigo interno”

Desde su irrupción política en 2015, Trump ha utilizado la retórica del enemigo interno como parte de su arsenal político. Durante su primera presidencia, denominó a Chicago como un "infierno de criminalidad", ignorando estadísticas que mostraban reducciones importantes en homicidios y otros crímenes. Ahora, durante una nueva campaña electoral, el expresidente vuelve a la carga con propuestas radicales como el envío de tropas federales a ciudades sin su consentimiento local.

Un enfrentamiento institucional sin precedentes

El despliegue de tropas en contextos no emergentes y sin solicitud estatal desafía directamente el federalismo estadounidense. Dicho principio establece la autonomía de los estados frente al gobierno federal. La entrada de tropas de la Guardia Nacional en Chicago sin aprobación no solo es controversial, sino quizás inconstitucional. El gobernador Pritzker y el alcalde Johnson han calificado la medida de amenaza autoritaria y han comenzado acciones legales para detenerla.

Brandon Johnson y JB Pritzker: resistencia política

Ambos líderes demócratas han adoptado posturas firmes frente a la intervención federal. En declaraciones vía redes sociales, Johnson escribió: “Este no es el primer intento de Trump por arrestar injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte.” Por su parte, Pritzker afirmó: “Trump ahora pide el arresto de representantes electos que limitan su poder. ¿Qué más falta para llegar al autoritarismo completo?”

¿Qué busca Trump desplegando la Guardia Nacional?

La movilización de la Guardia Nacional parece tener múltiples propósitos:

• Mostrar autoridad y control en temas de inmigración y crimen, aún sin respaldo institucional.
• Usar políticamente la inseguridad y la “crisis migratoria” como estrategia de campaña.
• Deslegitimar zonas demócratas como Chicago, donde el voto en su contra está asegurado, intentando restringir las dinámicas normales de elección.

Trump ha afirmado que muchos estados y ciudades controladas por demócratas actúan como “santuarios” para inmigrantes, al limitar la cooperación entre autoridades locales y migración federal. Esto, para el expresidente, representa amenaza directa a la seguridad nacional. Sin embargo, los datos no lo respaldan.

Chicago: ¿crisis o exageración política?

Según cifras del Departamento de Policía de Chicago, los delitos graves como homicidios, robos y asaltos han disminuido entre 2021 y 2023 gracias a programas de reducción de violencia. No obstante, Trump ha mantenido la versión de que Chicago es una "zona de guerra".

Una narrativa falsa en muchas ocasiones sirve al objetivo político de representar a las ciudades progresistas como caos puro, y justificar así su intervención.

¿Puede el presidente desplegar tropas sin permiso?

La Ley Posse Comitatus (1878) y la Insurrection Act regulan el uso de tropas federales en suelo estadounidense. Salvo excepciones como desastres naturales o insurrecciones violentas, cualquier intervención necesita el consentimiento del estado afectado. El intento de Trump de sobrepasar esta normativa podría representar, según expertos constitucionalistas, una violación grave del orden democrático.

Laurence Tribe, profesor emérito de Derecho en Harvard, indicó: “Esto se asemeja más a una ocupación militar que a una protección legal”.

Los antecedentes: Portland, Seattle y más allá

Durante las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020, Trump también intentó desplegar fuerzas federales en ciudades como Portland y Seattle. En muchos casos, estos agentes actuaron sin identificación clara, utilizando tácticas violentas y detenciones extrajudiciales, lo que generó una ola de críticas e incluso demandas contra el gobierno federal.

En algunos de esos casos, como en Portland, tribunales fallaron en contra del gobierno federal, lo que sienta precedentes jurídicos que podrían frenar una repetición del escenario en Chicago.

El caso Marimar Martínez: crimen o abuso de poder

El conflicto entre comunidades inmigrantes y agentes federales escaló el pasado fin de semana con el incidente que involucró a Marimar Martínez, una mujer latina de 30 años, quien fue baleada por un agente de la Patrulla Fronteriza, presuntamente tras una maniobra vehicular contra él. Su abogado asegura que las grabaciones contradicen la versión oficial y que actuó en un contexto de miedo y confusión, no de violencia deliberada.

El caso ha generado indignación, especialmente por el despliegue de fuerzas armadas en áreas de población vulnerable. ¿Es esto una estrategia legítima de seguridad o persecución política y racial disfrazada?

El “problema inmigrante” como caballo de batalla

La retórica antiinmigrante ha sido uno de los pilares del trumpismo. Refiriéndose con frecuencia a los migrantes como “criminales” o “traficantes”, Trump ha construido un relato que busca justificar el endurecimiento de políticas migratorias e incluso acciones que rayan en la ilegalidad.

Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que los inmigrantes cometen delitos a tasas menores o iguales que los ciudadanos nativos. Un análisis del Cato Institute en 2019 mostró que las tasas de criminalidad en comunidades inmigrantes son consistentemente más bajas en comparación con ciudadanos nativos.

¿Hacia un nuevo autoritarismo?

Todo parece indicar que Trump se está perfilando nuevamente como candidato autoritario. Ha acusado a la justicia de persecución, ha prometido usarla para castigar a sus enemigos y ahora avanza en posibles militarizaciones urbanas sin sustento legal.

La comunidad internacional empieza a tomar nota. Instituciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado preocupación por los recientes eventos y cómo golpean la institucionalidad democrática de la nación.

La resistencia demócrata y el futuro electoral

Pritzker, con ambiciones presidenciales para 2028, ha emergido como uno de los opositores más férreos al expresidente. Comparando su estilo con el de Vladimir Putin, ha calificado a Trump de “dictador en ciernes” y asegura que su estado no será parte de una maquinaria de represión política.

Lo que está en juego no es solo el manejo de migración o la seguridad urbana. Son los fundamentos democráticos de Estados Unidos los que están siendo puestos a prueba.

¿Y ahora qué?

Los ojos están sobre los tribunales y los movimientos civiles. ¿Permitirán las instituciones una escalada de poder federal sin límites? ¿O Estados Unidos dará un paso atrás y reafirmará su compromiso democrático?

Lo que es seguro es que Trump ha encontrado en el miedo, la división y la confrontación su principal recurso electoral. Y mientras las elecciones se acercan, la tensión promete intensificarse. La historia –y los votantes– decidirán qué rumbo tomará la nación.