Incendios, seguros e intereses cruzados: ¿puede California garantizar la seguridad en sus refinerías?

El Estado Dorado, conocido por su liderazgo en políticas ambientales y su promesa de transitar hacia un futuro sin combustibles fósiles, enfrenta una encrucijada crítica. Los incendios en refinerías, la crisis del mercado asegurador y la presión por mantener bajos los precios del combustible han puesto a prueba la capacidad de respuesta del gobierno californiano. La reciente explosión en la refinería de Chevron en El Segundo, el pasado 2 de octubre, expone una peligrosa combinación de desafíos técnicos, institucionales y políticos.

Explosión en El Segundo: alarma encendida

Cuando una explosión sacudió la refinería de Chevron en El Segundo, columnas de fuego iluminaron el cielo nocturno y ventanas vibraron a kilómetros de distancia. Esta instalación, una de las más grandes de la costa oeste, ya había acumulado 46 violaciones regulatorias en los últimos cinco años, según la South Coast Air Quality Management District. En julio, la planta fue señalada por quemar gases excesivos fuera de control, precisamente en el área que explotó semanas después.

Los registros muestran que los focos de inseguridad estaban identificados pero no se actuó a tiempo. La falta de personal suficiente, la débil aplicación de sanciones y la opacidad en los procesos de fiscalización han convertido a la vigilancia regulatoria en un gigante dormido. "La realidad es que no existe la capacidad institucional necesaria para fiscalizar eficazmente estas operaciones", dijo Oscar Espino-Padron, abogado de Earthjustice.

¿Quién investiga las explosiones?

En el pasado, la Junta de Seguridad Química de EE.UU. (CSB, por sus siglas en inglés) lideraba indagaciones profundas y técnicas sobre explosiones industriales. Pero bajo la administración de Donald Trump, la CSB fue debilitada y desfinanciada, dejando a las agencias estatales sin un organismo de referencia para coordinar investigaciones complejas y multidisciplinarias.

Hoy, la responsabilidad de investigar sucesos como el de El Segundo cae en una maraña de entidades con misiones diferentes: bomberos, autoridades de salud ocupacional (CalOSHA), agencias de calidad del aire y la Comisión de Energía de California. Cada una analiza el hecho bajo su prisma, pero ninguna ofrece una evaluación integral del evento. "Todo está fragmentado", agrega Espino-Padron. "No hay una entidad unificadora que compile toda la información necesaria".

California y su inquietante dependencia del "FAIR Plan"

El gobierno estatal, encabezado por el gobernador Gavin Newsom, también tuvo que abordar la crisis del FAIR Plan, la cobertura de seguros para propiedades consideradas demasiado riesgosas. Con los incendios forestales aumentando su frecuencia y severidad, decenas de aseguradoras privadas han reducido o suspendido sus operaciones en el estado, obligando a más de 600,000 residentes a adherirse a este plan. A principios de este año, tras uno de los incendios más destructivos en la historia de Los Ángeles que arrasó más de 17,000 estructuras, el plan enfrentó pérdidas de cerca de $4 mil millones.

El Ejecutivo firmó una ley que permite al plan pedir préstamos respaldados por el estado y extendió los plazos para el pago de reclamos, con el fin de evitar un colapso financiero. Sin embargo, esto traslada los costos a los consumidores y no soluciona los problemas de fondo.

El legado de incendios en la industria del petróleo

La industria petrolera de California no es ajena a las catástrofes. Desde 2015, el estado ha presenciado más de una docena de explosiones y grandes incendios en refinerías, incluidos los fatídicos eventos en la planta de ExxonMobil en Torrance (2015) y en la refinería de Chevron en Richmond (2012). Estas tragedias llevaron a desarrollar algunos de los estándares de seguridad más estrictos de Estados Unidos.

Pero no duraron mucho. En respuesta a una demanda de la Western States Petroleum Association (WSPA), el estado acordó revisar y suavizar ciertas regulaciones clave —sin consultar siquiera a los sindicatos—. Mike Smith, presidente del programa de negociación colectiva del sindicato de trabajadores del acero (USW), criticó la medida: “Debilitar las regulaciones de seguridad en este sector es un error muy peligroso”.

Una vigilancia ambiental en retroceso

Las agencias encargadas muestran claras señales de desgaste. CalOSHA, la entidad responsable de velar por la seguridad laboral, ha enfrentado rotación de personal y escasez de inspectores. Garrett Brown, inspector retirado, alerta que el equipo actual no tiene la dotación suficiente para abordar los desafíos presentes: “La capacidad investigativa ha sido comprometida”.

Otra debilidad notable es la lentitud en las sanciones. El aviso emitido en julio a Chevron aún no se ha finalizado, y el proceso puede extenderse por años, durante los cuales la población no tiene acceso claro a los contenidos del expediente ni a la resolución del caso.

Entre precios bajos y seguridad ambiental

California enfrenta un dilema complejo. Por un lado, los líderes políticos temen que el cierre de refinerías dispare los precios del combustible y afecte electoralmente; por otro, la seguridad pública y ambiental se está viendo comprometida. En 2024, después de endurecer algunas reglas, Newsom firmó normas que facilitan la apertura de nuevos pozos petroleros en el condado de Kern y pausó varias medidas regulatorias previas.

Este cambio en las prioridades ha coincidido con anuncios de cierres de refinerías, como los de Phillips 66 y Valero, preocupadas por la viabilidad de sus operaciones ante el entorno regulatorio californiano.

Una falla estructural cuesta millones

La refinería de Chevron no solo tiene un problema de seguridad. La California Energy Commission considera que el evento afectará la oferta de combustibles de aviación más que el abastecimiento de gasolina regular. Ya se registra un alza de 30 centavos por galón en el precio del jet fuel.

Y, aunque los precios en las gasolineras apenas han subido, el riesgo de desabastecimiento en los próximos meses está latente. “La flota refinadora del estado ya no puede seguir explotando sin consecuencias económicas serias”, advirtió Greg Karras, consultor ambiental independiente.

¿Qué está en juego?

El debate no es solo técnico: es estructural. California se encuentra atrapada en una tormenta de factores que retroalimentan un ciclo de vulnerabilidad: refinerías antiguas, falta de regulaciones efectivas, presión por mantener precios bajos, desastres naturales crecientes y un mercado de seguros al borde del colapso.

Para evitar más tragedias, expertos sugieren una solución audaz: que el estado financie una investigación independiente a partir del conocimiento de exfuncionarios de la disuelta Junta de Seguridad Química. “Existe suficiente experiencia disponible”, afirma Karras. “Solo se necesita voluntad política”.

En palabras de la senadora estatal Lena González, cuyo proyecto de ley para monitorizar emisiones fue vetado el año pasado: “¿Tiene que haber un incendio en El Segundo para que reaccionemos?”.