La Guardia Nacional, Washington D.C. y el poder presidencial: ¿Justicia o abuso de autoridad?

El contexto: una capital bajo vigilancia militar

Desde agosto, Washington D.C. ha sido el escenario de un despliegue sin precedentes de tropas de la Guardia Nacional. Activadas por una orden ejecutiva del entonces presidente Donald Trump, las tropas fueron enviadas para combatir lo que el mandatario calificó como "una emergencia por la criminalidad". Aunque el crimen venía disminuyendo desde antes del despliegue, Trump proclamó su operación como un éxito aplastante.

Los datos sostienen, al menos parcialmente, esa afirmación. Durante ese periodo, más de 4,000 personas fueron arrestadas, y más de 2,300 miembros de la Guardia Nacional provenientes de ocho estados —además del contingente de D.C.— fueron movilizados. Según la Casa Blanca, el despliegue resultó en “una reducción innegable del crimen”.

Pero la presencia militar en la ciudad ha causado alarma entre residentes. Parques, estaciones de transporte y barrios enteros se poblaron de soldados armados, transformando la capital estadounidense en algo que muchos ya no reconocen.

“Esto no es normal. Sabemos que esto no debería haber ocurrido nunca”, declaró Joseph Johnson, presidente de una comisión de asesoría vecinal.

Una retirada programada… ¿o una estrategia política?

Para octubre y noviembre, cinco de los ocho estados involucrados (Georgia, Ohio, Mississippi, West Virginia y Carolina del Sur) prevén retirar a sus tropas. Juntos, representan el 80% del personal de fuera del estado en D.C. Otros tres estados —Alabama, Luisiana y Dakota del Sur— no han ofrecido información clara al respecto.

La Guardia Nacional de Washington, con aproximadamente 1,000 efectivos, permanecerá hasta diciembre. El plan aparenta ser una desescalada, pero algunos analistas creen que puede ser simplemente una pausa estratégica ante el aumento de críticas y demandas legales pendientes.

Chicago, Portland y la expansión del modelo D.C.

Mientras se contempla la reducción en D.C., Trump extendió su enfoque a otras ciudades como Chicago y Portland, donde el envío de fuerzas federales ha sido duramente criticado. En estos lugares, la implementación se encontró con acciones legales y rechazo político.

En agosto, se discutió incluso la posibilidad de enviar tropas federales a cuarenta ciudades que experimentaban aumentos en actos vandálicos o criminalidad, según el Departamento de Justicia. Pero los procedimientos raras veces fueron consensuados con los gobiernos locales, lo cual reavivó los debates sobre el federalismo estadounidense y la autonomía estatal.

El conflicto judicial: el caso Letitia James y la maquinaria presidencial

Paralelamente, la administración Trump lanzó lo que muchos ya consideran una campaña de judicialización contra enemigos políticos. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, conocida por haber demandado a Trump por fraude financiero, fue acusada de fraude hipotecario en Virginia. La acusación, sin embargo, ha sido acompañada de controversia.

“Estas acusaciones no tienen fundamento. Son simplemente una extensión del desesperado intento del presidente por usar el sistema de justicia en su beneficio político”, afirmó James en un comunicado.

El fiscal que lideró originalmente el caso fue reemplazado por Lindsey Halligan, una exabogada del propio Trump que jamás había ejercido como fiscal federal. El hecho ha despertado inquietudes sobre la politización del Departamento de Justicia al más alto nivel.

¿Una justicia de doble rasero?

No es únicamente Letitia James quien ha sido blanco de presuntos actos de venganza política. En semanas recientes, el exdirector del FBI, James Comey, también fue acusado penalmente. Fue otro objetivo directo de Trump desde su despido en 2017, luego de que Comey se negara a detener una investigación sobre vínculos del entorno de Trump con el gobierno ruso.

Los patrones se repiten: investigaciones que fueron archivadas por fiscales de carrera reactivadas por personas alineadas políticamente con la Casa Blanca, remoción de funcionarios con objeciones éticas, y declaraciones explosivas del presidente en redes sociales exigiendo cargos.

“Este patrón de persecuciones selectivas a enemigos políticos mina profundamente la fe pública en la imparcialidad de nuestro sistema judicial”, alertó Abbe Lowell, abogado defensor de James y de otras figuras opositoras a Trump.

Normas rotas y consecuencias políticas

La tradición en Estados Unidos históricamente ha sido una de separación entre el poder ejecutivo y la justicia federal. Si bien hay antecedentes de presiones presidenciales sobre el sistema judicial, los casos recientes marcan una ruptura especialmente radical con los principios constitucionales del país.

David Kris, exjefe de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, describió el escenario como "una campaña orquestada para convertir al DOJ en un brazo del poder presidencial". Agregó que “incluso en tiempos de guerra, no habíamos visto esta clase de uso político tan explícito de las instituciones judiciales”.

El papel de los ciudadanos y las instituciones

En otro momento, estos eventos serían motivo de escándalos institucionales. Pero el país vive una polarización sin precedentes. Trump sigue contando con un base electoral que aprueba sus decisiones, y en algunos sectores argumentan que está combatiendo “el pantano” del “estado profundo” (deep state).

Sin embargo, las reacciones de otras instituciones —como la Corte Suprema, los medios independientes y los organismos de defensa legal— serán claves. En un momento en que muchas normas no escritas están siendo puestas a prueba, lo que permanezca será lo que se haya defendido activamente desde la sociedad civil.

¿Qué está en juego?

• El equilibrio de poderes: El intento de subyugar a la justicia federal mediante presión presidencial es un ataque directo al republicanismo moderno.
• El uso político de las fuerzas armadas: La militarización de ciudades con pretextos vagos de “seguridad” pone a prueba el control civil sobre las fuerzas y la confianza ciudadana.
• La legitimidad del sistema judicial: Cuando se persiguen enemigos políticos con cargos considerados insustanciales por fiscales independientes, el sistema entero tambalea.

Como advertía Alexander Hamilton en Los Papeles Federalistas, “el juicio electivo de los gobernantes no basta sin instituciones que limiten sus impulsos más peligrosos”.