La pena de muerte en EE.UU.: ¿Una política de justicia o una cruzada política?

En lo que va de 2025, 34 personas han sido ejecutadas mediante sentencias judiciales en Estados Unidos. Ocho más esperan su turno antes de que termine el año, cinco de ellas en apenas ocho días. De continuar esta tendencia, el país podría cerrar el año con la cifra más alta de ejecuciones desde 2012, cuando hubo 43. Aunque estos números aún están lejos del pico de 1999, con 98 ejecuciones, el ritmo actual ha encendido las alarmas en organizaciones de derechos humanos, expertos legales y sectores políticos enfrentados.

Florida, protagonista de un crecimiento inquietante

Florida ha llevado a cabo 13 ejecuciones en lo que va del año, una cifra notablemente mayor a la del año anterior, cuando solo hubo una. Con dos ejecuciones más programadas, podría llegar a 15 antes de finalizar el 2025, casi el doble del récord estatal anterior, que era de ocho ejecuciones en 2014 desde que la Corte Suprema reinstauró la pena de muerte en 1976.

Robin Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center, expresó su preocupación en una reciente entrevista: “Este no es un aumento nacional de ejecuciones, es responsabilidad de unos pocos estados, y Florida es el que más preocupa”.

La política del gobernador Ron DeSantis ha entrado en el foco. Maher denuncia que las ejecuciones en Florida se programan con completa autonomía y secretismo. Al ser consultado, el gobierno estatal ha evitado responder sobre el motivo del aumento en la frecuencia de ejecuciones o la influencia de Donald Trump, quien ha instado abiertamente a los gobernadores republicanos a aplicar con mayor rigor la pena de muerte.

El cuadro nacional: los estados que impulsan las ejecuciones

Del total de ejecuciones en 2025, el 76% se concentran en cuatro estados: Florida, Texas, Alabama y Carolina del Sur. Todos dirigidos por gobernadores republicanos. Los estados que han ejecutado prisioneros este año también incluyen a Indiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Arizona y Luisiana. De ese grupo, sólo Arizona tiene un gobernador demócrata.

Una vez más, el panorama deja ver cómo la pena de muerte se ha convertido no solo en un instrumento judicial, sino también en un reflejo de las divisiones partidistas que dominan el debate político estadounidense.

Ejecutados y condenados: casos que conmocionan

Cada ejecución es una historia marcada por tragedia, crimen y, en algunos casos, controversia. A continuación, repasamos algunos de los próximos casos programados:

• Indiana: Roy Lee Ward (53 años), condenado por la violación y asesinato de una adolescente en 2001, será ejecutado este viernes.
• Missouri: Lance Shockley, culpable de matar a un patrullero estatal que lo investigaba por otro crimen, será ejecutado el martes.
• Florida: Samuel Smithers (72 años), sentenciado por asesinar a dos mujeres en 1996, y Norman Mearle Grim Jr. (65 años), por la violación y asesinato de una vecina en 1998.
• Mississippi: Charles Ray Crawford, por el secuestro y apuñalamiento de una estudiante en 1993.
• Alabama: Anthony Todd Boyd, quien será ejecutado por gas nitrógeno el 23 de octubre, acusado de haber atado a un hombre que luego fue incendiado vivo, aunque mantiene su inocencia.

Robert Roberson, en Texas, logró una suspensión de su ejecución debido a dudas sobre su condena en un caso de síndrome del bebé sacudido, cuestionado por científicos y médicos.

¿Justicia o venganza política?

La relación entre ejecuciones y decisiones políticas parece cada vez más evidente. Si bien la pena de muerte ha sido legal en EE.UU. desde 1976, su aplicación no solo depende de los tribunales sino también de la voluntad del ejecutivo estatal. En este contexto, gobernadores como Ron DeSantis han intensificado el uso del castigo capital justo en un año electoral altamente polarizado.

Donald Trump ha promovido una política criminal dura, con declaraciones como: “Los crímenes más violentos merecen las penas más severas. Hay que recuperar el control de nuestras calles”. Varios gobernadores han seguido esta línea, utilizando las ejecuciones como un mensaje de firmeza.

Análisis: polarización judicial y constitucional

El uso de la pena de muerte empieza a considerarse un símbolo de identidad partidista. Mientras los estados dirigidos por demócratas apuestan por moratorias o abolición —como en California, donde está vigente una moratoria aunque se mantiene legal—, los republicanos la impulsan como herramienta contra el crimen.

La controversia se acentúa con los métodos utilizados. Alabama ha reintroducido la ejecución por gas nitrógeno, una técnica que, según expertos como el Dr. Joel Zivot, anestesista de la Universidad Emory, no ha sido probada éticamente y podría causar sufrimiento extremo.

Opinión pública: ¿cambia la percepción de los estadounidenses?

Un estudio del Pew Research Center de 2023 mostró que un 60% de estadounidenses aprueba la pena de muerte para asesinatos, frente al 78% registrado en 1996. Sin embargo, el apoyo varía intensamente según el partido político: el 77% de los republicanos la favorece, mientras solo el 46% de los demócratas lo hace.

La disminución del apoyo general también responde al surgimiento de nuevos casos que cuestionan la infalibilidad del sistema. The Innocence Project ha documentado más de 190 personas condenadas a muerte y luego exoneradas entre 1973 y 2022.

El futuro de la pena de muerte en EE.UU.

Lo que hoy ocurre en Florida y en otros estados que impulsan ejecuciones masivas está moldeando el futuro legal y político del país. Mientras organizaciones como la ACLU o Amnistía Internacional redoblan sus campañas contra la pena de muerte, el sistema político-reflexivo de los estados —y su dependencia del color partidista— coloca a decenas de reos en una ruleta de vida o muerte marcada más por decisiones de gobernadores que por el sistema judicial en sí.

La pena de muerte no solo es un castigo; también se ha transformado en una prueba de fuego sobre qué tipo de justicia desean construir los estadounidenses en un momento de máxima tensión institucional. Florida encabeza esta discusión, para algunos como símbolo de orden, para otros como evidencia de un sistema fallido.