Big Ten y el juego peligroso del capital privado: ¿traición universitaria o evolución inevitable?

En un momento histórico decisivo para el deporte universitario en Estados Unidos, la conferencia Big Ten —una de las más poderosas y prestigiosas del país— se encuentra en el centro de una tormenta política, fiscal y ética por su aparente interés en abrirse a la inversión de capital privado.

La Senadora demócrata Maria Cantwell, representante de Washington y presidenta del Comité de Comercio del Senado, ha advertido de las potenciales consecuencias negativas que podría desatar una alianza financiera de este tipo. La controversia se intensifica mientras millones de dólares, contratos televisivos multimillonarios y el futuro del deporte universitario están en juego.

Una propuesta polémica: ¿inversión o colonización corporativa?

Los informes preliminares señalan que Big Ten busca atraer una inversión de hasta $2 mil millones, con el objetivo de crear una nueva entidad que controle la venta de activos como los derechos de transmisión. Esta entidad seríaparcialmente propiedad de firmas de capital privado.

La idea, al menos en el papel, suena tentadora: acceso inmediato a capital privado, posibilidad de modernizar infraestructuras, innovar en la transmisión de eventos y mantener su posición como líder en el ecosistema deportivo universitario. Pero como advierte la Senadora Cantwell:

“El objetivo principal de estas empresas es obtener beneficios, lo cual es poco probable que se alinee con los objetivos académicos de su universidad o con sus obligaciones como organización sin fines de lucro”.

Big Ten: mucho más que deportes

Con universidades como Michigan, Ohio State, Penn State e Illinois entre sus miembros, la Big Ten no es únicamente una potencia deportiva. Representa también instituciones académicas públicas de primera línea, con responsabilidades fiscales y sociales ante los contribuyentes estadounidenses.

Según la carta de Cantwell, muchos regentes y fideicomisarios no estaban plenamente informados sobre el posible acuerdo. Esto ha generado protestas internas, como la del regente de Michigan, Jordan Acker, quien publicó lo siguiente en redes sociales:

“Vender los valiosos activos públicos de la Universidad de Michigan sería una traición a nuestra responsabilidad con los estudiantes y los contribuyentes”.

¿Público o privado? El dilema del estatus fiscal

Uno de los puntos más delicados del debate es el posible impacto en la declaración de las universidades como instituciones exentas de impuestos. En palabras de Cantwell:

“Los ingresos por los medios de comunicación no son gravados actualmente porque se consideran ‘sustancialmente relacionados con’ el propósito educativo de su universidad. Sin embargo, si un inversor privado con fines de lucro posee una parte de esos ingresos, surge la pregunta de si estos pierden su conexión con la misión educativa”.

Esto no solamente cambiaría el modelo financiero de estas universidades, sino que podría implicar pagos millonarios en impuestos, reordenar presupuestos educativos y alterar hasta la estructura académica.

¿Quién gana realmente con el capital privado?

El atractivo del capital privado en el deporte resulta lógico: rentabilidad, innovación en tecnología de difusión, expansión de marca. Desde la adopción de plataformas digitales hasta la maximización de derechos de imagen —como ya sucede en la liga profesional—, muchos líderes universitarios ven en la inversión privada un paso evolutivo.

Sin embargo, esa “evolución” puede erosionar los principios fundacionales del deporte universitario, como lo advierte Cantwell y otros expertos. Cody Campbell, presidente del consejo de regencia de Texas Tech y defensor de una reforma legal, fue más contundente:

“El hecho de que vayamos a traer capital privado a algo que, a mi entender, pertenece al público estadounidense en el deporte universitario, es escandaloso”.

¿Qué está en juego?

• Autonomía institucional: Los acuerdos con capital privado podrían implicar que decisiones estratégicas ya no dependan únicamente de las juntas universitarias.
• Fines de lucro en terrenos educativos: ¿Debería una agencia financiera influir en cómo se manejan programas deportivos?
• Impacto sobre los atletas: En un contexto donde ya se permite monetizar la imagen de los jugadores, esto podría acelerar aún más su “profesionalización”.
• Riesgo de desigualdad entre universidades: No todas las instituciones podrían firmar acuerdos similares, profundizando la brecha que ya existe.

¿Qué dice la NCAA y otras conferencias?

Hasta ahora, no hay una postura oficial de la NCAA sobre este tipo de acuerdos. Sin embargo, Greg Sankey, comisionado de la SEC (otra de las grandes conferencias), dejó claro su escepticismo sobre las ventajas de agrupar derechos televisivos:

“Nunca he afirmado —ni pública ni privadamente— que agrupar derechos mediáticos aumentaría los ingresos, ni creo que lo haría”.

Además, los acuerdos mediáticos actuales —firmados por separado y con períodos de vigencia diferentes— dificultan una integración sencilla bajo una estructura común, mucho más si ingreso externo modifica la ecuación de propiedad.

El origen de la idea: más derechos, más dinero

Durante la última década, los ingresos por televisación de eventos deportivos universitarios se han disparado. Por ejemplo, el actual acuerdo de derechos de medios de la Big Ten con FOX, CBS y NBC supera los $7 mil millones por siete años, convirtiéndose en uno de los mayores acuerdos en la historia del deporte universitario.

La aparición de capital privado promete una nueva ola de ingresos, pero choca con el espíritu amateur de la educación pública.

Polémica que trasciende los estadios: ¿el fin del modelo universitario tradicional?

La propuesta de Cantwell, llamada SAFE Act, busca enmendar la Ley de 1961 que rige la estructura de derechos de difusión, permitiendo que conferencias como la Big Ten puedan agrupar legalmente estos derechos sin presentar inconsistencias fiscales. Dicha propuesta se convirtió en el eje de las discusiones en el último seminario de la Knight Commission sobre reformas en el deporte universitario.

Pero la urgencia de Cantwell va más allá de los tecnicismos legales. Se trata de una llamada de atención política para frenar la comercialización acelerada del deporte educativo a manos de interesadas firmas financieras.

Es un conflicto entre dos visiones de país: la defensa de lo público, lo académico y lo no lucrativo versus la expansión ilimitada del libre mercado.

¿Y ahora qué?

La decisión está en manos de los 18 presidentes y rectores universitarios que integran la Big Ten. Ellos deberán responder a una incómoda pregunta que trasciende las canchas, las pantallas y las cifras en Excel:

¿Están estas instituciones dispuestas a ceder parte de su soberanía y misión educativa a cambio de más millones?

Lo que está en juego no es solo el futuro financiero de una conferencia deportiva, sino la esencia misma del modelo universitario estadounidense.