Crisis política en EE.UU.: despidos masivos, tropas en ciudades y la guerra por el poder en el Congreso

Por décimo día consecutivo, el gobierno de Estados Unidos se encuentra paralizado. Las consecuencias ya se están haciendo sentir no sólo en las operaciones federales, sino también en el tejido mismo del sistema político estadounidense. Con despidos masivos de empleados federales, despliegue de la Guardia Nacional en ciudades que no lo han solicitado y nuevas polémicas por el manejo del censo 2020, lo que estamos presenciando es mucho más que un simple cierre gubernamental. Es una batalla encarnizada por el poder entre diferentes niveles y ramas del Estado, donde incluso los principios constitucionales están siendo puestos a prueba.

Despidos masivos: una táctica sin precedentes

El director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, anunció el inicio de despidos masivos en la administración pública federal como parte de un plan de reducción de personal conocido como "RIF" (Reduction in Force). Esta medida, que va más allá de los tradicionales furloughs (suspensiones temporales), demuestra el nivel de agresividad con el que el Ejecutivo está tratando de presionar a los legisladores demócratas para poner fin al cierre.

“Los RIFs han comenzado”, publicó Vought en su cuenta de X, lo que confirmaba que los despidos ya están en marcha. Sin embargo, no se especificó cuántos trabajadores fueron despedidos ni en qué agencias se concentra la purga. El gobierno argumenta que estos recortes afectan a programas cuya financiación ha caducado por el cierre, o que no están alineados con las prioridades del presidente.

Esta táctica constituye una alteración radical del modelo que históricamente se ha seguido durante los cierres gubernamentales, donde los empleados federales son suspendidos pero reincorporados una vez que se llega a un acuerdo presupuestario. El uso del RIF marca un precedente peligroso: un Ejecutivo dispuesto a transformar la parálisis legislativa en una herramienta de reconfiguración institucional.

Un Congreso inmovilizado mientras aumentan las tensiones

Mientras tanto, el Congreso permanece en pausa. Ni la Cámara de Representantes ni el Senado se encuentran activos, y no hay señales de que los líderes de ambos partidos estén dialogando para resolver el impasse. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, incluso llamó “cobardes” a los demócratas centristas que se resisten a apoyar un acuerdo temporal para reabrir el gobierno sin garantías para la extensión de coberturas de salud.

El cierre, iniciado oficialmente el 1 de octubre, prolonga una historia de enfrentamientos regulares entre poder Ejecutivo y Legislativo, agravada en este caso por una combinación de crisis presupuestaria, estrategia electoral y conflicto ideológico sobre el papel del gobierno federal.

La militarización federal y los límites constitucionales

A la par que se despiden miles de empleados federales, el Ejecutivo también ha desplegado tropas de la Guardia Nacional —sin pedido de los gobiernos locales— en ciudades como Memphis. El presidente Donald Trump argumenta que estas ciudades, gobernadas en su mayoría por demócratas, padecen niveles de criminalidad tan elevados que justifican una intervención federal directa.

En Memphis, nueve miembros de la Guardia Nacional patrullaban junto a policías locales en zonas comerciales. Mientras tanto, la administración de Trump enfrenta múltiples desafíos judiciales por despliegues similares en otras partes del país. En Chicago, por ejemplo, una juez federal bloqueó la presencia de soldados tras concluir que no existía “peligro de rebelión” y que la orden violaba las enmiendas décima y decimocuarta de la Constitución.

“La corte confirmó lo que todos sabemos: no hay evidencia de una rebelión en Illinois”, declaró el gobernador del estado, JB Pritzker, celebrando la decisión judicial. Esta situación representa un choque de poderes entre el Ejecutivo federal y las autoridades estatales, en el cual la Corte empieza a desempeñar el papel de árbitro constitucional esencial.

La paradoja estadística: el censo 2020, el debate legal y la representación política

Como si todo lo anterior no bastara, otro frente de conflicto se abre con una nueva demanda judicial que cuestiona los métodos estadísticos utilizados en el censo de 2020. Cuatro años después de haberse realizado, grupos juveniles republicanos en Florida alegan que las técnicas aplicadas —incluyendo la “privacidad diferencial” y la “imputación”— distorsionaron los resultados del conteo poblacional. Dicen que eso entregó injustamente más escaños a estados gobernados por demócratas.

El profesor Jeffrey Wice, experto en censo y redistritación, no dudó en calificar los hechos como parte de una “estrategia” para conservar el control republicano de la Cámara de Representantes. Estados como Florida incluso han planteado públicamente rehacer el censo antes de lo previsto, una iniciativa sin precedentes en el sistema federal estadounidense.

Este tipo de impugnaciones legales busca alterar la forma en que se asignan los asientos del Congreso. De acuerdo con la Constitución, el censo debe contar el número total de personas por estado, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, figuras políticas como el senador republicano Jim Banks argumentan que la inclusión de inmigrantes indocumentados desvirtúa el resultado demográfico y exige nuevas medidas legislativas.

“El pueblo estadounidense merece un conteo justo, y estoy luchando para corregirlo”, escribió Banks en sus redes sociales.

El trasfondo electoral y el control de las instituciones

Todo este contexto tiene una raíz común: el control del poder en la antesala de las elecciones. Con un Congreso dividido, un presidente abiertamente beligerante, una economía en riesgo por el cierre gubernamental y los tribunales inundados de demandas constitucionales, el tablero político estadounidense se ha convertido en un campo minado donde cada movimiento parece diseñado para ganar ventajas en los comicios de 2024.

Mientras tanto, los efectos se sienten en la vida diaria de los ciudadanos: servicios públicos paralizados, beneficios sociales suspendidos, caos en el sistema judicial y una sensación general de incertidumbre institucional. Todo bajo la sombra de una disputa que combina ideología, estrategia legal y maniobra ejecutiva.

No se trata sólo de política partidaria. Están en juego las estructuras de poder del Estado federal. La actuación del gobierno central en ciudades como Memphis y Chicago señala una deriva hacia el autoritarismo, mientras que el uso de despidos masivos para presionar al Congreso marca una ruptura con décadas de protocolos legislativos y administrativos.

¿Crisis institucional o reconfiguración del sistema?

Lo que ocurre actualmente en Estados Unidos escapa a la etiqueta de “cierre gubernamental”. Se trata de un punto de inflexión institucional donde tres fuerzas —el Congreso, la Presidencia y el Poder Judicial— compiten por definir los límites, funciones y márgenes de maniobra del aparato estatal.

¿Es esta la antesala de una reforma profunda o simplemente una fase más en la convulsa historia política estadounidense? Si algo demuestra esta situación es que el poder no sólo está en disputa: se encuentra en estado de transformación. Y eso hace que cualquier observador atento no pueda quitar los ojos de Washington.