Rodrigo Duterte frente a la justicia internacional: ¿caída de un intocable o victoria simbólica?

El rostro de la impunidad: Rodrigo Duterte en el banquillo

Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas y autor de una de las campañas antidrogas más letales del siglo XXI, está en el centro de uno de los procesos más significativos de la justicia internacional reciente. La Corte Penal Internacional (CPI) ha rechazado su solicitud de libertad anticipada por preocupaciones fundadas: riesgo de fuga, peligro a testigos y uso de contactos políticos para entorpecer el proceso.

¿Quién es Rodrigo Duterte?

Antes de ser presidente de Filipinas entre 2016 y 2022, Duterte sirvió como alcalde durante décadas en la violenta ciudad de Davao. Fue allí donde ensayó lo que más adelante llamaría la "guerra contra las drogas". Durante su mandato presidencial, su política se vio marcada por lo que muchos califican como una guerra extrajudicial contra ciudadanos filipinos, mayormente de escasos recursos, acusados de usar o traficar droga. La cifra oficial indica más de 6,000 muertos, pero organizaciones de derechos humanos elevan esa estimación a entre 20,000 y 30,000 víctimas.

Crímenes de lesa humanidad: los cargos ante la CPI

La Fiscalía de la CPI, encabezada por Karim Khan, ha acusado a Duterte de crímenes de lesa humanidad. ¿La base? Haber instruido y autorizado asesinatos sistemáticos siendo funcionario público, primero como alcalde y luego como presidente. El informe preliminar y las pruebas indican que estos asesinatos no fueron incidentes aislados sino una política de Estado.

Como resultado, en 2021 se abrió una investigación formal. Duterte, lejos de colaborar con la justicia, retiró a su país del Estatuto de Roma en 2019, aunque este abandono no lo exime de su responsabilidad por los crímenes cometidos mientras Filipinas aún era miembro.

La negativa a otorgar la libertad: fundamentos clave

Una reciente solicitud del equipo legal de Duterte buscaba que se le otorgue la libertad bajo argumentos de salud deteriorada, alegando que el exmandatario, de 80 años, está incapacitado cognitiva y físicamente para enfrentar un proceso judicial completo. Sin embargo, los jueces del tribunal no solo lo rechazaron sino que escribieron un dictamen de 23 páginas señalando preocupaciones específicas:

• Riesgo de fuga: Duterte aún ostenta redes políticas que podrían ayudarlo a escapar de la justicia.
• Intimidación a testigos: Ya sea directa o a través de su círculo de apoyo, podría interferir con el juicio.
• Capacidad organizada: Su historial demuestra una estructura sistemática de toma de decisiones para ejecutar violencia estatal.

“Nadie está por encima de la ley”, dijeron las organizaciones SENTRO y CATW-AP (Coalición contra el Tráfico de Mujeres en Asia y el Pacífico), que representan a muchas de las víctimas del régimen de Duterte. Su arresto en marzo de este año fue visto como uno de los momentos más significativos dentro de los esfuerzos internacionales por imponer justicia ante crímenes sistemáticos de Estado.

¿Qué dice su defensa?

Nick Kaufman, abogado de Duterte, calificó la decisión de la Corte como “errónea”, alegando que su cliente está “debilitado” y presenta deterioro cognitivo documentado por expertos médicos. Aun así, la Corte adelantó una posposición del juicio hasta completarse una revisión médica integral. Para la Fiscalía, ningún problema médico puede eclipsar la gravedad de los delitos imputados.

Implicaciones políticas e internacionales

El caso Duterte trasciende las fronteras de Filipinas. Se ha convertido en un símbolo del desafío a la impunidad por parte de organizaciones que buscan justicia transnacional. Su proceso judicial plantea preguntas profundas:

• ¿Puede avanzar la justicia internacional aun en contextos de impunidad local?
• ¿Qué rol debe jugar la comunidad internacional en la protección de testigos?
• ¿Continuará la CPI con casos similares contra otros líderes autoritarios?

De hecho, su caso sigue de cerca a precedentes como el proceso a Omar al-Bashir de Sudán, acusado de genocidio en Darfur, cuyas órdenes de arresto internacionales persistieron por años antes de comenzar a ver frutos.

La justicia internacional como teatro geopolítico

En tiempos donde el autoritarismo parece haber resurgido en varias regiones del mundo, la CPI juega un papel fundamental pero también muy criticado por su supuesta selectividad. Críticos han señalado que muchos de los acusados provienen de países del sur global, aunque recientes procesos (como el caso de crímenes de guerra en Ucrania) han incorporado figuras del hemisferio norte.

En este contexto, el juicio a Duterte puede marcar una línea divisoria clave: o la CPI se fortalece como instrumento eficaz de justicia universal, o confirma el escepticismo de quienes la ven como una maquinaria inefectiva sujetada por intereses políticos.

¿Qué esperan las víctimas?

Para muchos familiares de las víctimas de la guerra antidrogas, la mera captura de Duterte ya ha sido vista como una victoria simbólica. Desde organizaciones barriales en Manila hasta ONG internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, se ha subrayado que este proceso puede sentar un precedente de disuasión para otras figuras políticas tentadas al autoritarismo mediante la violencia estatal.

“La decisión reafirma una cosa sencilla pero poderosa: nadie, ni siquiera un ex jefe de Estado, está por encima de la ley”, — Declaración conjunta de SENTRO y CATW-AP.

¿Qué viene ahora?

El proceso seguirá su curso con evaluaciones médicas en las próximas semanas. Si el tribunal lo declara apto judicialmente, el juicio podría comenzar antes de finalizar el año. En caso de hallarlo culpable, Duterte enfrentaría cadena perpetua, la pena máxima aplicable bajo la jurisdicción de la CPI.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han manifestado la necesidad urgente de reformular las políticas antidrogas desde un enfoque de salud pública, no policial ni militarizado. Filipinas hoy tiene la oportunidad de virar la dirección histórica de esa dolorosa página.

Lo que quede claro a partir de este juicio será tan relevante para el pueblo filipino como para el futuro del derecho internacional humanitario.