Crisis en Ecuador: protestas, gas lacrimógeno y un país al borde del colapso social

El estallido en las calles de Quito

El domingo pasado, las calles de Quito se convirtieron en un campo de batalla. La capital ecuatoriana volvió a sentir los ecos de las históricas protestas indígenas mientras miles de ciudadanos salían a manifestarse contra el alza del precio del diésel. Las imágenes fueron dramáticas: llantas ardiendo, barricadas, piedras lanzadas y, como respuesta, una ola de gas lacrimógeno y represión policial.

Esta jornada de protestas agrega un nuevo capítulo al conflicto social que sacude Ecuador desde hace tres semanas, cuando el gobierno del presidente Daniel Noboa anunció el fin del subsidio al diésel, haciendo saltar el precio de $1.80 a $2.80 por galón. El aumento, calificado por el gobierno como un paso necesario para sanear las finanzas, fue interpretado por muchos como un ataque directo a los trabajadores más vulnerables.

Los indígenas a la vanguardia de la lucha

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la mayor organización indígena del país, fue la primera en convocar al paro. “Estamos aquí porque el gobierno quiere hacer pagar al pueblo una crisis que no generó”, declaró Leonidas Iza, líder de la CONAIE. Desde el inicio del conflicto, su postura ha sido clara: no aceptarán decisiones unilaterales que afecten a las comunidades rurales y empobrecidas.

Los pueblos indígenas, muchos de ellos dedicados a la agricultura, pesca o transporte, son los más golpeados por el alza de combustibles. “Yo gasto más de $20 diarios en diésel; ahora serán casi $35. Esto no es sostenible”, dijo Mariana Quishpe, agricultora de Imbabura, durante la marcha en Quito.

Una medida económica con impactos sociales explosivos

El presidente Noboa defendió la eliminación del subsidio como una medida necesaria para combatir el contrabando de combustible hacia Colombia y Perú, y para recortar un déficit fiscal que ronda los $5,000 millones anuales. En 2023, el subsidio a los combustibles costó al Estado más de $1.1 mil millones, según cifras del Ministerio de Finanzas.

“El país no puede continuar subsidiando a los contrabandistas”, dijo Noboa en una reciente cadena nacional. El argumento económico, sin embargo, no se traduce fácilmente en política: más de el 60% de los ecuatorianos vive del sector informal y los combustibles son parte esencial de los costos de operación tanto para los pequeños negocios como para el transporte público.

Estado de excepción y militarización

Ante la escalada del conflicto, el gobierno decretó Estado de excepción en 10 provincias, restringiendo libertades civiles y autorizando el despliegue de miles de policías y militares. Quito está prácticamente militarizada; en los barrios del sur de la ciudad, helicópteros sobrevuelan diariamente y los retenes son constantes.

“No podemos permitir que la violencia tome las calles”, anunció el ministro del Interior, Juan Zapata. No obstante, numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado excesos policiales. Al menos una persona ha muerto, decenas han resultado heridas y más de 100 manifestantes han sido detenidos.

Un Día de la Interculturalidad cargado de simbolismo

La más reciente protesta coincidió con la conmemoración del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, fecha que reemplazó al Día de la Raza en Ecuador y que celebra el papel central de los pueblos indígenas en la historia del país. Ese día, en lugar de celebraciones, Quito fue escenario de un estallido social.

“Nos están empujando a luchar. El gobierno no escucha, pero vamos a seguir hasta que se derogue esta medida injusta”, aseguró Nelson Erazo, dirigente popular.

Una crisis con antecedentes

Las protestas actuales evocan episodios previos de gran calado en la política ecuatoriana. En 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, una decisión similar de retirar subsidios también movilizó al país entero. Aquella vez, luego de 12 días de huelga general, el gobierno cedió ante la presión y revirtió la medida.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el saldo de aquellas protestas fue de 11 muertos, 1,500 heridos y más de 1,700 arrestos. Las actuales protestas podrían tener un desarrollo similar si el gobierno opta por seguir reprimiendo en vez de negociar.

¿Dónde está el diálogo?

Una de las mayores críticas al presidente Noboa ha sido su negativa a entablar un diálogo directo con la CONAIE. En vez de ello, ha intentado dividir al movimiento indígena ofreciendo bonos y beneficios puntuales a agricultores, pescadores y transportistas. Sin embargo, estas iniciativas han sido vistas como insuficientes y paternalistas.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo publicó una encuesta esta semana: el 70% de los ecuatorianos cree que el gobierno debería abrir inmediatamente una mesa de diálogo con los sectores sociales. “Esto no se resuelve con regalos, se resuelve con voluntad política”, afirmó Sara Cordero, politóloga y analista.

Noboa, entre la espada y la pared

La gestión de Daniel Noboa, que comenzó con altas expectativas gracias a su juventud y discurso modernizador, enfrenta hoy su mayor desafío. La percepción general se ha deteriorado a raíz de su manejo de esta crisis. Incluso sus aliados políticos comienzan a tomar distancia, exigiendo una solución negociada.

Las elecciones generales de 2025 aún están lejos, pero el conflicto actual podría marcar el destino político de Noboa. Su mandato, iniciado en 2023, tenía como objetivo estabilizar económicamente el país y atraer inversión. Sin embargo, sin paz social, esos objetivos corren serios riesgos.

¿Qué sigue para Ecuador?

En el horizonte, las opciones son pocas: o el gobierno cede al diálogo y modula sus decisiones económicas, o continúa apostando por la represión y el desgaste del movimiento social. Ninguna de estas vías promete una solución rápida ni indolora.

“Nos quedaremos en las calles hasta que el presidente escuche al país”, dijo uno de los manifestantes convocados por la CONAIE en Quito. Y no parece una amenaza vacía.

En América Latina, las calles han dejado de ser espectadores para convertirse en protagonistas. En Ecuador, una vez más, el pueblo indígena y popular se ha proclamado guardián de la justicia social.