La batalla por la representación: El futuro de la Ley de Derecho al Voto en juego ante la Corte Suprema de EE. UU.

Una nueva amenaza a la Ley de Derecho al Voto

La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra nuevamente en el centro de una controversia histórica. Esta semana, los jueces escucharán argumentos en un caso proveniente de Luisiana que podría tener consecuencias devastadoras para la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1965, una disposición clave redactada para proteger a las minorías raciales en los procesos electorales.

En específico, la disputa gira en torno a la creación de un segundo distrito del Congreso de mayoría negra en Luisiana, una medida adoptada tras una orden judicial. El caso tiene el potencial de redefinir cómo —y si— puede usarse la raza como factor en la delimitación de distritos electorales en todo el país.

El contexto: una ley emblemática bajo ataque constante

La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue promulgada para erradicar los métodos discriminatorios que, durante generaciones, privaron a los afroamericanos del derecho a votar, especialmente en los estados del sur. Considerada la joya de la corona del movimiento por los derechos civiles, la ley ha sido objeto de múltiples ataques políticos y legales en las últimas décadas.

En 2013, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts escribió la opinión mayoritaria en Shelby County v. Holder, caso que desmanteló la disposición que exigía a ciertos estados con historial discriminatorio obtener autorización federal antes de modificar sus leyes electorales. Roberts justificó la decisión diciendo que “nuestro país ha cambiado”.

No obstante, activistas y organizaciones de derechos civiles sostienen que las formas indirectas de supresión del voto siguen presentes, y reportes recientes dan credibilidad a esa afirmación. Según datos del Fondo Legal para la Defensa de los Derechos Civiles (LDF), desde el fallo de 2013, al menos 20 estados han aprobado leyes que restringen el acceso al voto.

Luisiana en la mira: una cartografía que divide

Tras el censo de 2020, la legislatura de Luisiana —controlada por los republicanos— dibujó un mapa que mantenía solo un distrito de mayoría negra, a pesar de que un tercio de la población del estado es afroamericana. Activistas y votantes negros demandaron, argumentando que el mapa violaba la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto al diluir su poder político.

Un tribunal federal coincidió con esta apreciación. Como resultado, se ordenó redibujar el mapa congresional para incluir un segundo distrito de mayoría negra. Este nuevo diseño fue tildado de “serpenteante” y artificial por sus críticos, entre ellos el presidente de la Corte, Roberts, quien dijo que se extendía “como una serpiente desde un extremo del estado al otro” para sumar electores afroamericanos.

Ahora, un grupo de votantes blancos ha impugnado este rediseño, alegando que se basó únicamente en la raza, lo cual viola la Constitución de EE. UU., específicamente las Enmiendas 14 y 15.

¿Qué está en juego?

La Sección 2 sigue siendo uno de los últimos bastiones legales para luchar contra la discriminación racial en materia electoral. Para que un caso tenga éxito bajo esta sección, debe demostrarse:

• La existencia de votación racialmente polarizada.
• Que los miembros de una minoría no pueden elegir a sus candidatos preferidos sin distritos de mayoría.
• Que existen suficientes votantes de la minoría en cuestión para formar un distrito mayoritario viable.

Sarah Brannon, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU, afirmó: “La raza sigue siendo un factor muy relevante en los patrones de votación actuales, no solo en Luisiana sino en muchas partes del país”.

Un fallo que limpie la creación de distritos considerando la raza podría dejar sin herramientas efectivas a las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas para garantizar una representación política auténtica.

John Roberts y la larga historia del escrutinio al VRA

Roberts ha sido una figura clave en los esfuerzos por limitar el alcance del VRA. Antes de ser nombrado juez, trabajó en el Departamento de Justicia durante la administración Reagan, donde redactó memorandos argumentando que el uso de raza en la legislación electoral era problemático desde un punto de vista constitucional.

Ya como Presidente de la Corte, ha dejado claro su desdén por cualquier tipo de división basada en raza. “Es un negocio sórdido, esto de dividirnos por raza”, escribió en 2006 en su primera gran disidencia en un caso de derechos electorales.

Dos años atrás, sin embargo, sorprendió al unirse a los jueces liberales y a Brett Kavanaugh para dictaminar que el mapa de Alabama violaba la Sección 2. Luego de ese fallo, Luisiana acató y creó el segundo distrito impugnado.

Esa coalición (5-4) podría cambiar ahora. Un solo voto bastaría para que la Corte revoque su enfoque anterior y debilite aún más el estándar que permite crear distritos por razones de raza.

Un reflejo del pasado: El distrito de Cleo Fields

Cleo Fields, congresista demócrata de Luisiana, fue electo en la década de 1990 gracias a un distrito de mayoría negra creado justamente para garantizar representación. La Corte invalidó ese distrito por depender demasiado en criterios raciales. Posteriormente, Fields se retiró.

En 2023, volvió a ser electo en el nuevo distrito rediseñado tras el fallo de la Corte Suprema sobre el caso de Alabama. “Pero para la Ley de Derecho al Voto y para la creación de distritos de mayoría minoritaria, nunca habríamos llegado al Congreso”, dijo en entrevista.

Su distrito vuelve a ser objeto de escrutinio. Y su futuro político —junto al de miles de votantes negros en el sur— pende de un hilo constitucional y de la interpretación de una mayoría conservadora.

Implicaciones nacionales: ¿fin del estándar federal?

Desde 2019, la Corte Suprema sostuvo que los tribunales federales no pueden intervenir en casos de gerrymandering partidista, según el criterio de Roberts. Si ahora limita también los reclamos por discriminación racial, el diseño de distritos electorales quedaría casi completamente en manos de las legislaturas estatales, muchas de las cuales están altamente polarizadas.

Esto podría desencadenar nuevas oleadas de mapas que marginalicen aún más a las minorías raciales. Estados como Texas, Georgia, Carolina del Norte y Florida seguirían el ejemplo de Luisiana, dibujando mapas favorables al partido mayoritario sin consideraciones sobre representación justa.

Donald Verrilli, ex abogado del gobierno de Obama ante la Corte Suprema, alertó: “Esto se parece mucho al caso Citizens United, donde una disputa inicialmente limitada terminó transformando por completo el financiamiento electoral. Aquí, podríamos ver un golpe devastador a la capacidad de las cortes para proteger los derechos electorales de las minorías”.

Un legado en juego

La nación se encuentra en una encrucijada. Más de medio siglo después del clímax del movimiento por los derechos civiles y tras incontables sacrificios, el número de legisladores federales afroamericanos —59 en la Cámara de Representantes y el Senado— se mantiene tremendamente desproporcionado con respecto a la población negra, que supera el 13% en todo el país.

El caso de Luisiana, entonces, no es solo una disputa jurídica más. Se trata de un referéndum sobre los valores democráticos fundamentales, sobre si Estados Unidos está dispuesto a seguir reconociendo las cicatrices históricas de segregación y exclusión, o si va a declararlos heridas cerradas y olvidadas.

Mientras tanto, las minorías raciales y sus representantes esperan otro veredicto que, como tantos antes, definirá no solo mapas en papel, sino esperanzas, luchas y derechos en el país más poderoso del mundo.