Seguridad infantil, derechos familiares y reformas legales: tres batallas simultáneas en EE. UU.

Una ola de reformas para proteger a los niños: ¿avance o sobrerregulación?

En un contexto nacional cada vez más polarizado, tres estados de EE. UU. han aprobado y debatido leyes que afectan directamente a los niños, sus derechos y quienes los cuidan. California, Texas y Arizona han lanzado iniciativas que, aunque distintas en su enfoque, comparten un objetivo común: garantizar la seguridad y protección infantil en medio de contextos vulnerables. Este artículo aborda estas legislaciones desde una perspectiva de análisis, buscando entender hasta qué punto estas medidas representan avances progresistas o generan tensiones sociales e institucionales.

California: protección legal frente a la deportación

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley el 1 de octubre que permite a una gama más amplia de familiares asumir el cuidado temporal de menores si sus padres son deportados. La AB 495 busca resguardar los derechos de las familias inmigrantes frente a potenciales rupturas familiares ante detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

• Prohíbe que las guarderías recolecten información migratoria de los niños o sus tutores.
• Facilita la designación de un cuidador legal temporal mediante una declaración jurada.
• Amplía el rango de familiares autorizados para ser cuidadores, incluyendo hasta el quinto grado de consanguinidad o afinidad.

La normativa fue impulsada por organizaciones como First 5 California y Alliance for Children’s Rights. La asambleísta Celeste Rodríguez, demócrata de Arleta, fue la impulsora de una medida que ha sido descrita como "una herramienta de supervivencia" para miles de familias inmigrantes. “Se trata de dar tranquilidad a unos niños que hoy no saben si al salir del colegio sus padres estarán allí”, afirmó Rodríguez. No obstante, la ley ha generado fuertes críticas por parte de sectores conservadores. Se alegó falsamente que personas no relacionadas con el menor podrían obtener custodia. El pastor Jack Hibbs calificó el proyecto como “la ley más peligrosa que hemos visto en Sacramento”. Finalmente, se excluyeron a miembros no consanguíneos de la familia extendida para apaciguar las críticas. La tensión se refleja también en la postura anterior de Newsom, quien ha asumido una posición más centrista en temas de custodia, como cuando vetó en 2023 una ley que exigía considerar el apoyo a la transición de género como factor en disputas de custodia.

Texas: reformas a los campamentos juveniles tras tragedia

En Texas, una tragedia ocurrida el 4 de julio de 2025, cuando una inundación arrasó el Campamento Mystic y se cobró 27 vidas, motivó una serie de reformas legislativas. El gobernador Greg Abbott firmó tres medidas claves:

• HB 1 (Youth CAMPER Act): establece requisitos de seguridad como planes de evacuación detallados.
• SB 1 (Heaven's 27 Camp Safety Act): obliga a seguir advertencias climáticas con radios y sistemas de alerta.
• SB 3: establece la creación de un comité estatal de seguridad infantil en campamentos.

Uno de los aspectos más debatidos es el incremento de tarifas de licencias:

• De $750 a $11,000 para campamentos nocturnos grandes.
• Campamentos diurnos podrían pagar hasta $3,200 anuales.

Campamentos de menor tamaño han advertido que estas exigencias podrían llevarlos al cierre. Según Gary Sirkel, director ejecutivo de Lake Lavon Camp, “la mayoría somos organizaciones sin fines de lucro apenas sostenibles. Esta carga es insostenible”. Otro punto de fricción ha sido la exigencia de contar con dos conexiones de internet de banda ancha, algo difícil en zonas rurales. "Instalar fibra óptica aquí costaría $100,000. Es más de lo que obtenemos en todo un año", dijo Ryan Neuhaus, de Camp Lone Star. Por otro lado, familias de las víctimas consideran que los costos no pueden anteponerse a la vida humana. Michael McCown, padre de una niña fallecida, declaró: “Estas leyes están escritas con la sangre de mi hija. Si un campamento no puede operar de forma segura, no debe operar”.

Arizona: justicia para los residentes de casas móviles

En Arizona, la fiscal general Kris Mayes presentó una demanda contra el parque Palo Verde Mobile Home Park y sus operadores por fraude al consumidor. Se acusa a los propietarios de no informar a los inquilinos que el sistema eléctrico del parque era peligroso, causando apagones regulares en plena ola de calor. “El calor extremo no sólo es incómodo, es letal”, afirmó Mayes. Datos del Pima County Office of the Medical Examiner revelan que las casas móviles son desproporcionadamente responsables de las muertes por calor en la región. En muchos casos, fallos eléctricos impedirían el uso de aire acondicionado, y los residentes —por lo general adultos mayores o familias de bajos ingresos— no tenían cómo protegerse. La política de Mayes se ha caracterizado por utilizar el Acta de Fraude al Consumidor de Arizona para exigir que los propietarios revelen cualquier deficiencia estructural que pueda poner en peligro la salud pública. Además, su oficina:

• Obligó a un parque en Tucson a reembolsar hasta $1,000 por cobros excesivos de agua.
• Lanzó alertas para que los residentes se protejan de cobros ilegales.

Un patrón común: los niños al centro del debate político

A pesar de las diferencias políticas entre California, Texas y Arizona, las tres reformas comparten elementos reveladores sobre el contexto actual en EE. UU.:

• Los menores de edad son parte central de discusiones legales complejas.
• Existe un conflicto constante entre derechos civiles, libertades económicas y responsabilidades estatales.
• Los intereses conservadores y progresistas chocan en la interpretación de lo que supone proteger a los niños.

Mientras que en California gana peso la noción de red comunitaria e inclusión migrante, en Texas se impone una narrativa de protección mediante la regulación estricta, y en Arizona se busca justicia contra modelos de explotación habitacional que afectan a los sectores más vulnerables. Si bien cada estado legisla en función de sus realidades sociales y tragedias pasadas, no se puede ignorar que los debates en torno a quién debe cuidar, cómo y a qué costo, han tomado una dimensión profundamente ideológica. Estos proyectos de ley no sólo son medidas legales: se han convertido en espejos del alma estadounidense. “Los niños deberían ser lo último en dividirnos”, dijo una madre en Texas durante una audiencia pública. Tal vez esa sea la lección más urgente.