¿“Alcatraz del Pantano”? El escándalo detrás del centro de detención migratoria en los Everglades

Un centro de detención en pleno humedal: ¿Qué está pasando en los Everglades?

Una instalación de detención para inmigrantes indocumentados situada en el corazón de los pantanos de los Everglades se ha convertido en el centro de una tormenta legal y política. El estado de Florida, encabezado por el gobernador republicano Ron DeSantis, construyó la instalación sin cumplir con los requisitos federales de evaluación de impacto ambiental (EIA) y, según una nueva demanda presentada el lunes, ocultó información clave relacionada con la financiación del proyecto.

“Alcatraz del Pantano”: un nombre con peso

Ubicado en una pista de aterrizaje abandonada rodeada de pantanos y fauna en peligro de extinción, el centro ha sido apodado por sus críticos como “Alligator Alcatraz”. El sobrenombre no es coincidencia; como la prisión federal de la isla de Alcatraz, famosa por ser casi inescapable, este centro fue diseñado como un objeto disuasorio contra la inmigración ilegal.

“Queremos dejar claro que escapar no será una opción”, dijo un funcionario estatal en julio, cuando el expresidente Donald Trump realizó una visita al lugar y propuso que este modelo se replicara a nivel nacional.

La demanda: ocultamiento y violaciones ambientales

La organización Friends of the Everglades, el grupo ambientalista Demand Clean Water y la Tribu Miccosukee presentaron una demanda por registros públicos ante un tribunal estatal en Tallahassee. Alegan que el estado solicitó una retribución de $608 millones al gobierno federal por la construcción de la instalación, pero no reveló este hecho ni al tribunal federal ni al panel de la Corte de Apelaciones que detuvo la orden judicial original para cerrar el centro.

“Los funcionarios del gobierno en Florida han engañado al público al que deberían servir”, dijo Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades. “Y los Everglades han salido perjudicados como resultado”.

¿Por qué importa una evaluación ambiental?

Las leyes federales exigen una evaluación ambiental cuando se utiliza financiación federal en proyectos que podrían afectar significativamente al medio ambiente, como en este caso. La jueza de distrito Kathleen Williams dictaminó en agosto que el centro debía cerrar en dos meses por incumplir estas normativas. Sin embargo, el cierre fue pospuesto por el tribunal de apelaciones, que entendía erróneamente que Florida no había recibido fondos federales.

Ahora sabemos que la solicitud de fondos fue realizada el 7 de agosto y aprobada posteriormente. Ese error, deliberado o no, podría alterar profundamente el curso del proceso legal.

El impacto ambiental potencial

El centro está situado en una de las zonas ecológicas más frágiles del país. Los Everglades son hogar de especies protegidas como el manatí del Caribe, el cocodrilo americano y el pantera de Florida. Instalar una prisión en este contexto es, como mínimo, controversial.

Los grupos ambientalistas temen que el tráfico humano y vehicular, así como las modificaciones al terreno, afecten el ciclo hidrológico del pantano, desplacen especies vulnerables y aumenten el riesgo de contaminación en reservas de agua subterránea.

Una prisión con objetivos políticos

Detrás del escándalo ambiental y legal, hay también un objetivo político latente. DeSantis, aliado clave de Trump, impulsó la construcción del centro como parte de su línea dura contra la inmigración ilegal. Lo hizo en conjunto con la narrativa del expresidente, que sitúa la migración como amenaza a la seguridad nacional.

“Esta prisión es símbolo de control fronterizo real”, expresó DeSantis durante la inauguración parcial del sitio. “Y es sólo el comienzo”.

La ubicación remota cumple una doble función. Desde la perspectiva de sus defensores políticos, garantiza seguridad y reduce el costo de custodia. Pero, desde la visión de defensores de derechos humanos y expertos ambientales, está diseñada para minimizar el escrutinio y facilitar el abuso.

Reacción de pueblos originarios e indígenas

La ubicación no solo es ecológicamente sensible, también es cultural y espiritualmente relevante. La Tribu Miccosukee ha vivido históricamente en partes de los Everglades. Representantes tribales han dicho que se construyó la prisión en terrenos ancestrales sin consentimiento, lo que consideran una profanación.

“Ya hemos visto cómo se ignoran nuestros derechos y nuestras tierras en nombre del desarrollo”, dijo un portavoz. “Pero construir una prisión aquí es un nuevo nivel de atropello”.

¿Puede revertirse la situación?

Legalmente, sí. Si se determina que la prisión fue construida con fondos federales y sin una evaluación ambiental requerida, el gobierno podría verse obligado a realizar una evaluación retrospectiva —y podría ordenar su desmantelamiento completo o parcial.

Además, nuevas demandas civiles podrían surgir si se comprueba que el proceso violó leyes federales de transparencia y de protección a reservas naturales protegidas.

Una visión mayor: El uso político de las cárceles

No es la primera vez que se construyen centros de detención en lugares remotos con argumentos de “seguridad”. Pero los críticos del proyecto sostienen que este caso marca una tendencia preocupante: expansión de infraestructuras carcelarias para inmigrantes en zonas aisladas, lo que complica la supervisión legal y social.

“La política de la disuasión se está implementando a través del aislamiento geográfico”, expresó Andrea González, abogada de derechos humanos. “Con estos centros, ni los detenidos pueden ver a sus familias, ni los medios pueden ver qué ocurre dentro”.

¿Qué sigue para el “Alcatraz del Pantano”?

Todo dependerá del curso de la demanda y del impacto político que esta produzca. Pero las organizaciones civiles están presionando para que el centro sea cerrado y desmantelado antes de que funcione a plena capacidad.

Por ahora, el centro sigue operando de forma limitada mientras se resuelven los procesos judiciales, gracias al retraso impuesto por la Corte de Apelaciones. Pero si se comprueba que Florida ocultó deliberadamente la solicitud de fondos federales, esa decisión podría revertirse rápidamente.

“Proteger los Everglades no solo es una cuestión ecológica, es una cuestión moral. Y este centro vulnera ambos aspectos,” concluyó Eve Samples, de Friends of the Everglades.

Fuentes utilizadas

• Declaraciones oficiales del gobierno de Florida
• Registros judiciales del Tribunal del Distrito Sur de Florida
• Comunicados de prensa de Friends of the Everglades
• Estudios del Departamento de Medio Ambiente de EE. UU. sobre impacto ecológico de instalaciones penitenciarias