¿Choque de valores o abuso de autoridad? La tensión en Chicago tras operativos migratorios
Tácticas de la patrulla fronteriza, protestas callejeras, y un estado dividido: ¿hasta qué punto llega el poder federal sobre las comunidades locales?
La escena es tan impactante como simbólica: agentes federales de la Patrulla Fronteriza lanzando gas lacrimógeno en una calle residencial del sur de Chicago, mientras decenas de manifestantes ondean banderas y tratan de recuperar el aliento. Esta imagen, capturada por medios locales como ABC 7, ha encendido un debate nacional sobre los límites del poder federal, el respeto a los derechos civiles y el papel de las 'ciudades santuario' en Estados Unidos en una era de creciente polarización política y social.
El operativo y su escalada
Todo comenzó con una persecución automovilística de alta velocidad en el South Side de Chicago. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un conductor sospechoso de estar en el país de manera ilegal embistió un vehículo de la Patrulla Fronteriza antes de darse a la fuga. La persecución terminó con la detención del sospechoso, pero lo que siguió elevó un incidente policial a un acontecimiento de amplias repercusiones sociales y políticas.
Testigos y medios locales reportaron que, al momento de la detención, una multitud comenzó a congregarse alrededor de los agentes. Fue entonces cuando, según la policía de Chicago (CPD), se lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Algunos manifestantes lanzaron objetos contra los oficiales, lo que escaló aún más la tensión del momento.
La respuesta oficial: condena estatal, apoyo federal
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, fue categórico: calificó el accionar de los agentes federales como “abominable”. Así lo expresó durante una conferencia de prensa donde aseguró que los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos, balas de goma y proyectiles de pimienta mientras ejercían su derecho a expresarse. Pritzker reflexionó: “Nunca he visto algo así en Estados Unidos”.
La situación no fue un hecho aislado. En las semanas previas, los agentes federales ya habían usado gases lacrimógenos en vecindarios como Albany Park y West Side. Esta repetición de tácticas agresivas en zonas densamente pobladas, muchas veces durante horarios escolares o comerciales, preocupa tanto a autoridades locales como a organizaciones civiles.
Una ciudad en constante protesta
Las calles de Chicago han sido testigos de una creciente oleada de manifestaciones contra las medidas del gobierno federal en materia de inmigración. Una de las zonas más activas en este sentido ha sido el suburbio de Broadview, donde se ubica una de las principales instalaciones federales para el trámite migratorio.
Estas protestas se han intensificado recientemente. Desde seguir los vehículos de los agentes hasta bloquear caminos y realizar sentadas, las tácticas ciudadanas son cada vez más creativas. Sin embargo, también lo son las represalias. La semana pasada, dos activistas fueron acusados formalmente de tratar de contener un vehículo federal con el suyo propio. El incidente terminó con uno de ellos herido por disparos de un agente federal, aunque ambos fueron liberados bajo fianza.
Gas lacrimógeno, niños y la nueva normalidad
Uno de los testimonios más conmovedores es el de Andrew Denton, quien aseguró haber sido alcanzado por gas lacrimógeno cuando solo intentaba recoger su almuerzo junto a una tienda de comestibles. “Había unas 20 personas, incluidos ancianos y niños. Incluso los estudiantes de una escuela primaria estaban afuera durante el recreo”, relató.
Este tipo de testimonios alimenta la percepción de que las medidas de seguridad están cruzando líneas rojas. Según estadísticas locales, al menos 13 agentes de la policía de Chicago también fueron afectados por el gas lanzado por sus colegas federales. Esto no solo demuestra el grado de improvisación con el que se desarrollan estos operativos, sino también la falta de coordinación interinstitucional.
¿Ciudades santuario en peligro?
Illinois ha sido desde hace años un bastión en la defensa de las llamadas 'ciudades santuario'. La Ley TRUST del estado prohíbe explícitamente que la policía local coopere con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Sin embargo, la presión del gobierno federal —especialmente con operativos como estos— parece estar puestas a prueba los límites de esta legislación.
Mientras tanto, activistas se reunieron en Springfield esta semana para exigir la ampliación de esas protecciones. Argumentan que los operativos recientes son la mejor prueba de que la colaboración entre agencias locales y federales sigue sucediendo, aunque sea de forma velada.
El debate nacional sobre seguridad y autonomía local
Lo que sucede en Chicago es solo un reflejo de un conflicto mayor entre seguridad nacional y derechos civiles. Para algunos políticos conservadores, los agentes están haciendo su trabajo en un país que tiene derecho a controlar sus fronteras. Para otros, sin embargo, estas medidas se asemejan peligrosamente a tácticas autoritarias.
Chicago no es la única ciudad donde se ha documentado el uso de gases lacrimógenos en espacios civiles durante operativos migratorios. Desde Portland hasta Nueva York, organizaciones como la ACLU han documentado múltiples casos similares. Las cifras de detenciones también han aumentado. Según datos del DHS, entre 2023 y 2024 se realizaron más de 210,000 arrestos relacionados con violaciones migratorias, un aumento del 35% con respecto al año anterior.
¿Un cambio de estrategia o continuidad peligrosa?
Si bien la administración actual sostiene que la seguridad es una prioridad, los métodos empleados sugieren un endurecimiento preocupante. Y esto ocurre a pesar de que el propio presidente ha señalado en campañas anteriores la necesidad de una reforma migratoria humana y justa.
“Estamos viendo la construcción de un sistema paralelo de represión que no rinde cuentas a los gobiernos locales”, advierte Camila Hernández, directora del Centro para los Derechos Migratorios de Illinois. “Hoy es Chicago, mañana puede ser cualquier otra ciudad.”
En Chicago, la situación sigue tensa. Mientras los agentes federales aseguran que los operativos continuarán, los ciudadanos se organizan de formas cada vez más sofisticadas para resistir. Desde aplicaciones móviles que alertan sobre redadas hasta redes de asistencia legal comunitaria, la resistencia no solo se mantiene, sino que evoluciona.
Una ciudad dividida, pero movilizada
Chicago ha sido históricamente un epicentro de resistencia social, desde las protestas por los derechos laborales en el siglo XIX hasta los movimientos por los derechos civiles en el siglo XX. Hoy, esa tradición continúa en la defensa de migrantes que, pese a carecer de estatus legal, son parte vital del tejido social y económico de la ciudad.
Como expresó una residente durante una reciente manifestación en Pilsen: “Esto no es solo sobre inmigración. Es sobre quién decide cómo vivimos en nuestras comunidades y cuáles son los límites del poder federal.”
Y esa pregunta —tan antigua como la república misma— parece resonar hoy con más fuerza que nunca.