¿Condicionar ayuda por desastres a políticas migratorias? La polémica que enfrenta a los estados con el gobierno federal

Una batalla entre seguridad pública y control migratorio

En una decisión que ya genera eco a nivel nacional, un juez federal en Rhode Island acusó recientemente al gobierno federal de intentar coaccionar a los estados mediante la imposición de condiciones ligadas a la cooperación con políticas migratorias federales para poder acceder a fondos por desastre. El juez William Smith, nombrado por el expresidente George W. Bush, calificó las acciones del Departamento de Seguridad Nacional como “una torpe tentativa para intimidar a los estados”.

La controversia surge a raíz de una medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la administración Trump, que exigía a los estados medidas adicionales de colaboración con las autoridades migratorias si querían recibir fondos para emergencia y recuperación de desastres naturales, una condición que ya había sido declarada inconstitucional por el mismo juez en septiembre de 2023.

Una estrategia persistente: ¿violación judicial o resistencia institucional?

A pesar del fallo judicial previo, el DHS —según una coalición de fiscales generales de 20 estados demócratas— mantuvo lenguaje condicional en las nuevas solicitudes de subvención, sugiriendo que las condiciones migratorias podrían ser reimpuestas si la decisión de la corte se suspendiera, fuera revocada o extinguida.

Ante esto, el juez Smith ordenó que la agencia elimine permanentemente este tipo de lenguaje en toda la documentación enviada a los estados y prohibió cualquier tipo de imposición de condiciones inconstitucionales. En sus propias palabras:

“La supuesta condición no es un esfuerzo de buena fe para cumplir con la orden judicial. Es una tentativa burda para coaccionar a los estados a hacer promesas que no tienen obligación legal de cumplir, bajo amenaza de perder fondos críticos ya asignados por el Congreso”.

Fondos en juego: desde incendios hasta terremotos

Durante la demanda, los estados argumentaron que estas condiciones ponían en riesgo fondos federales esenciales para la preparación y respuesta ante desastres naturales. Programas para prevenir y mitigar riesgos como terremotos, inundaciones o incendios forestales podrían haberse visto gravemente afectados por la falta de cooperación migratoria estatal.

La demanda sostiene que esta medida representaba una extralimitación federal que no solo iba contra los intereses locales de protección civil, sino que también violaba el principio de autonomía estatal recogido en la Constitución.

¿Política migratoria como moneda de cambio?

Desde los tiempos de la administración Trump, ha habido intentos explícitos de vincular fondos federales —en áreas como educación, salud y seguridad— a la cooperación estatal con las autoridades migratorias. Esta estrategia ha sido denostada por muchos como una manera de ejercer presión política y forzar la adopción de medidas que muchos estados consideran contrarias a sus propios valores y constituciones.

Este ha sido, por ejemplo, el caso de ciudades santuario como San Francisco y Nueva York, que han sido amenazadas con perder fondos si no colaboraban con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Medidas similares fueron bloqueadas en cortes federales en varias ocasiones, sustentando precedentes sólidos contra tales condiciones.

La ley de procedimiento administrativo: otro pilar violado

Además del alegato constitucional, los estados demandantes señalaron que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), una normativa fundamental en el sistema regulatorio estadounidense que exige transparencia y justificación en cada procedimiento. El DHS, sostienen los demandantes, reutilizó lenguaje previamente rechazado por el juez, copiando y pegando cláusulas en nuevas convocatorias de subvención, en abierto desafío a la sentencia judicial.

¿Y ahora qué? Las implicaciones del dictamen

El dictamen del juez Smith no sólo representa una victoria judicial para los estados demandantes, sino que también constituye un precedente jurídico potente contra la imposición arbitraria de condiciones federales. Sienta las bases para futuras disputas en las que se ponga en cuestión el alcance del poder federal sobre los estados en un país cuya Constitución defiende el federalismo como principio estructural.

Además, deja en incómoda posición al gobierno federal frente a posibles apelaciones. Si bien el DHS argumentó que buena parte de los programas (12 de 18) ya habían quedado fuera de la polémica condición, los seis restantes seguían en peligro de filtrarse por una interpretación laxa. La corte, sin embargo, fue clarísima: abstenerse de imponer condiciones que violentan la autonomía legal de los estados.

Crisis de personal en educación: otra consecuencia del enfoque migratorio federal

El conflicto entre políticas federales y estatales también repercute en otras dimensiones. En Luisiana, por ejemplo, se ha lanzado el programa TeachNOLA para enfrentar la creciente necesidad de maestros para estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua (ELL).

Según un informe reciente del National Council on Teacher Quality, Luisiana es uno de los estados con el crecimiento más acelerado en población de estudiantes ELL, sin que su infraestructura educativa se haya adaptado a esa transformación. Solo en Nueva Orleans, el 13% de los estudiantes son hispanos, mientras que en el vecino Jefferson Parish, el número asciende al 39%.

Falta de personal y abandono escolar

La directora ejecutiva de la organización Puentes New Orleans, Angela Ramírez, señaló que muchos programas de inglés como segunda lengua están mal implementados y que existe escasez de profesionales bilingües. Una escasez que tiene consecuencias devastadoras: sólo el 33% de los estudiantes ELL se gradúan en comparación con el 77% general en Nueva Orleans (2023).

“Necesitan enseñanza y asesoría adaptada culturalmente, y algunas escuelas no pueden ofrecer eso por falta de personal capacitado”, agregó Ramírez.

TeachNOLA: solución alternativa pero limitada

La propuesta de certificación alternativa TeachNOLA busca aliviar esta crisis, abaratando los costos del proceso (de más de $6,000 en una universidad como Tulane a tan solo $200 en este programa gracias a becas y subsidios). Si bien representa un paso audaz, no es una solución suficiente si no se acompañan medidas adicionales como bonificaciones salariales, exención de préstamos estudiantiles y una estrategia nacional para formar docentes en diversidad lingüística.

De hecho, el informe del National Council on Teacher Quality recomienda proporcionar al menos $5,000 de incentivo diferencial a los docentes especializados, además de ampliar becas y condonación de préstamos para retener al talento. Como lo resume Ramírez: “Si eres un maestro bilingüe talentoso, tendrás varias ofertas... así es como estamos perdiendo a los mejores”.

La paradoja de la cooperación federal-estatal

Con estos ejemplos, queda claro cómo las políticas nacionales afectan lo local, y cómo las tensiones entre niveles de gobierno pueden resultar en quiebras institucionales que perjudican directamente a los ciudadanos.

• ¿Es legítimo que el gobierno federal condicione fondos aprobados por el Congreso a que los estados ejecuten tareas que no les competen legalmente?
• ¿Debe priorizarse la seguridad migratoria sobre la protección ante catástrofes naturales?
• ¿Tiene sentido exigir a los estados tareas de enforcement cuando están lidiando con crisis propias como la falta de personal docente capacitado?

La resolución del juez Smith nos recuerda que la ley no puede ser un juego de fuerza política. Las catástrofes no conocen color político ni estatus migratorio. Negar u obstaculizar la ayuda destinada a salvar vidas por razones ideológicas no es solo una falta ética: es también una ilegalidad flagrante.