Caos, impunidad y justicia pendiente: el magnicidio de Jovenel Moïse sigue sin respuestas claras
Tres años después del asesinato del presidente haitiano, Haití solicita colaboración internacional en lo que ya es la tercera investigación del caso. ¿Podrá resolverse este crimen que sacudió a toda la región?
Puerto Príncipe, Haití — El magnicidio del presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio de 2021 ha sido uno de los eventos más dramáticos y desconcertantes en la historia reciente de América Latina y el Caribe. A tres años de su asesinato, Haití se sumerge aún más en una maraña de investigaciones, detenciones, dudas e inestabilidad. La reciente decisión de un tribunal de apelaciones de iniciar una tercera investigación representa un nuevo intento —y una nueva esperanza— de esclarecer los hechos que marcaron el destino político del país.
¿Qué ocurrió exactamente en julio de 2021?
En la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo de hombres armados irrumpió en la residencia privada de Jovenel Moïse en el barrio de Pèlerin, en las colinas de Puerto Príncipe. El presidente fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. Desde el principio, las circunstancias del ataque generaron más preguntas que respuestas. ¿Cómo fue posible vulnerar la seguridad presidencial tan fácilmente? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Qué intereses estaban en juego?
La investigación inicial apuntó hacia una red internacional de exmilitares colombianos, empresarios haitianos, actores políticos locales e incluso ciudadanos estadounidenses implicados en la planificación y ejecución del magnicidio. Hasta la fecha, más de 50 personas han sido acusadas formalmente en Haití, mientras que 11 sospechosos han sido extraditados a EE. UU., donde cinco de ellos ya se han declarado culpables (fuente: Reuters).
Una justicia que se tambalea
La reciente decisión del tribunal de apelaciones en Haití de desestimar la acusación del año pasado contra 51 personas, incluidos nombres de alto perfil como Martine Moïse, el exdirector de la Policía Nacional Léon Charles y el ex primer ministro Claude Joseph, deja en evidencia la fragilidad del sistema judicial haitiano. El tribunal ha solicitado formalmente la colaboración de EE. UU. y Canadá para entrevistar a algunos de los implicados, incluyendo a Charles, Martine y el actual primer ministro, Ariel Henry.
Nathalie Delisca, abogada defensora de varios de los acusados, declaró con crudeza: “Estamos viviendo una situación deplorable. Incluso los jueces admitieron que los intérpretes malinterpretaron las declaraciones de los interrogados”. Este simple detalle revela la precariedad y desorganización entorno a un caso tan emblemático.
La dimensión internacional del caso
El asesinato de Moïse no sólo es un caso local. En EE. UU., cinco personas se han declarado culpables ante tribunales por su implicación con el asesinato, en un proceso mucho más expedito y claro que el que transcurre en Haití. Entre ellos se encuentra Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico haitiano-estadounidense, acusado de conspirar para tomar el poder en Haití tras la muerte de Moïse.
Además, 17 exmilitares colombianos están detenidos en Haití desde 2021, cuya situación legal parece estar estancada. Pese a múltiples pedidos de liberación provisional debido a falta de pruebas documentales, todos ellos continúan detenidos, y el desgano internacional respecto a su situación solo suma ingredientes al caos del caso.
Honduras del desgobierno y colapso judicial
Haití se encuentra sumido en una crisis estructural que va más allá de un crimen presidencial. Las instituciones estatales prácticamente han colapsado, y el país sufre de una intensificación del poder de bandas criminales urbanas, que ya controlan buena parte de Puerto Príncipe.
Según datos de Naciones Unidas, más de 5 millones de personas en Haití necesitan asistencia humanitaria urgente, y al menos el 80% de la capital está bajo dominio de gangs armados. La falta de un Congreso en funciones y los constantes cambios en el ejecutivo dificultan aún más el funcionamiento normal de los organismos judiciales y de seguridad.
La ONU, la OEA y múltiples entidades internacionales han denunciado la falta de garantías jurídicas y de equidad procesal en el caso del asesinato de Moïse. A pesar de los múltiples pedidos de apoyo logístico y técnico, el sistema judicial haitiano ha seguido su curso de manera errática, señalando inocentes, omitiendo pruebas e incurriendo en violaciones claras al debido proceso.
¿Y ahora qué? La nueva investigación desde cero
La decisión judicial de “comenzar desde cero” implica que cualquiera de los elementos anteriores puede llegar a ser descartado o modificado. Esto implica reiniciar un proceso que ya ha durado más de mil días, sin condenas firmes, sin certezas, y con un creciente escepticismo público.
“La muerte de un presidente nunca puede quedar impune”, afirmó recientemente el senador Joseph Lambert, quien también estuvo bajo sospecha en el inicio de la investigación. “Es deber del Estado reencontrar el camino de la ley y del orden”.
Pero ese camino luce cada vez más difuso. Martine Moïse y otras figuras políticas no comparecen en tribunales y, refugiados en sectores del poder, alegan persecución política más que acusaciones válidas. Desde el exterior, los gobiernos aliados muestran una mezcla de silencio cómplice y apoyo tibio.
EE.UU. y Canadá: ¿colaboradores o espectadores?
El gobierno haitiano ha pedido cooperación específica a EE. UU. y Canadá para avanzar en entrevistas clave. Ambas potencias han emitido declaraciones de apoyo genéricas a lo largo de estos tres años, pero su papel en facilitar (o bloquear) determinadas extradiciones y procesamientos ha sido ambiguo.
EE. UU. ha permitido procesos judiciales rápidos en varios casos de su jurisdicción, como los de los ciudadanos estadounidenses involucrados en el asesinato, pero aún no ha respondido al nuevo pedido haitiano de facilitar entrevistas con personas cercanas al caso. Canadá, por su parte, ha liderado comités de apoyo diplomático a Haití, pero sin resultados concretos visibles sobre el terreno judicial.
Más preguntas que respuestas
A tres años del magnicidio, la gran interrogante persiste: ¿Quién mandó a matar a Jovenel Moïse y por qué? Algunos analistas apuntan a una élite económica dañada por las reformas presidenciales. Otros acusan la implicación de estructuras criminales internacionales. Algunos, incluso, hablan de traición interna al más alto nivel del gabinete presidencial.
No hay claridad. Algunos detenidos señalan versiones que implican a empresarios corruptos, otros hablan del descontento interno por la propuesta de Moïse de celebrar un referéndum constitucional sin respaldo popular. En su momento, el presidente denunció intentos de golpe. Y hoy, su asesinato parece formar parte exacta de ese proceso fallido.
Mientras tanto, Haití arde
La muerte de Moïse dejó un vacío de poder difícil de llenar. Ariel Henry, quien asumió como primer ministro interino tras el asesinato, fue él mismo señalado de tener vínculos con uno de los principales sospechosos, Joseph Felix Badio. Esto generó una crisis de legitimidad que aún hoy perdura.
El país sigue sin celebrar elecciones, no hay Parlamento activo, y la inseguridad es la norma diaria. Médicos sin Fronteras cerró varios centros de salud por ataques armados. Las escuelas funcionan de manera intermitente y miles de haitianos han salido del país buscando refugio principalmente en República Dominicana y Estados Unidos.
¿Es aún posible la justicia?
La pregunta más dura y quizás más triste que atraviesa este caso es si Haití puede aspirar a justicia en un sistema roto. La nueva investigación representa una oportunidad, pero también riesgo de mayor parálisis. Sin independencia judicial real, sin colaboración internacional efectiva, y sin garantías mínimas de transparencia, el caso de Moïse puede convertirse en otra tragedia impune en un país azotado por la violencia y el abandono.
En palabras del juez retirado Georges Michel:
“No se trata solo del asesinato de un presidente, se trata del asesinato de nuestra esperanza nacional.”
El mundo mira. Pero Haití sigue solo.
