Shutdown en EE. UU.: ¿Transformación o sabotaje del gobierno federal?

Una parálisis gubernamental con sello propio

Desde el inicio del cierre parcial del gobierno federal en octubre de 2025, algo ha sido claro: este no es un shutdown como cualquier otro. Bajo la dirección del presidente Donald Trump y su director de presupuesto, Russell Vought, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) está utilizando la parálisis legislativa como una palanca para rediseñar agresivamente la estructura estatal. Lo que antes era una pausa administrativa, ahora se convierte en una purga institucional con orientación ideológica clara.

El arquitecto: Russell Vought y el Proyecto 2025

Vought es todo menos un burócrata común. Como principal autor del Proyecto 2025, un plan político que propone una profunda reducción del tamaño del estado federal, ha encontrado en el cierre gubernamental la oportunidad perfecta para aplicar esta visión. Apodado por Donald Trump como el “grim reaper” (segador), Vought lidera un esfuerzo sin precedentes por redistribuir fondos sorteando los canales habituales del Congreso y privilegiando sectores prioritarios para el trumpismo como el ejército y los planes de deportación masiva.

Esta no es simplemente una repressión presupuestaria, sino un reordenamiento estratégico del aparato federal. Mientras ciertos sectores como la salud, educación y ciencia sufren despidos masivos, el financiamiento militar y de seguridad se mantiene intacto, incluso crece.

750,000 empleados en riesgo y despidos masivos

Según estadísticas compartidas por fuentes oficiales, hasta 750,000 empleados federales han sido puestos en licencia sin sueldo, y más de 4,000 han recibido cartas de despido en un solo fin de semana. Esta situación contrasta con cierres anteriores en los que, si bien se suspendían temporalmente las funciones, la norma era que los trabajadores volviesen a sus puestos con el pago retroactivo correspondiente.

Pero esta vez, una nota legal del OMB insinúa que esos trabajadores despedidos podrían no recibir pago retroactivo, violando con ello no solo precedentes institucionales sino posiblemente hasta derechos laborales garantizados.

Complacencia Republicana, resistencia Demócrata

Mientras el Congreso se encuentra paralizado -con la Cámara Republicana negándose a celebrar sesiones y el Senado bloqueado por fallidas votaciones para reabrir el gobierno-, la administración Trump y su OMB ocupan el vacío de poder con decisiones ejecutivas de amplio alcance.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, respalda plenamente estas acciones. “Tienen todo el derecho a mover los fondos”, declaró, desafiando a los demócratas a presentar batallas judiciales si consideran que las acciones del Ejecutivo son ilegales.

“Donald Trump y Russ Vought están usando esta crisis como una herramienta de castigo político”, dijo el senador Chris Van Hollen (D-Md.), rodeado de trabajadores federales afectados. Mientras tanto, el legislador demócrata Steny Hoyer comparó a Vought con Elon Musk, pero “con una guadaña en vez de una motosierra”.

Los héroes selectivos: militares y fuerzas del orden

En las prioridades del gobierno, los militares y cuerpos policiales tienen lugar privilegiado. El Departamento de Defensa anunció que usará 8 mil millones de dólares en fondos no utilizados para pagar a su personal. Y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encontró una “solución innovadora” para garantizar los pagos de la Guardia Costera, como afirmó su titular Kristi Noem.

El resto de los trabajadores federales, en cambio, tienen que esperar... o ser despedidos.

“La gran y hermosa ley”: fondos paralelos al Congreso

Muchos de los fondos que están permitiendo a la Casa Blanca mantener sus operaciones clave durante el cierre provienen de lo que el presidente llama su “One Big Beautiful Bill”, una ley que permitió enormes reasignaciones presupuestarias en temas prioritarios. Este paquete legislativo otorgó:

• $175 mil millones para el Pentágono, incluyendo proyectos de defensa como el escudo antimisiles “Golden Dome”.
• $175 millones adicionales para Seguridad Nacional, sobre todo para iniciativas de deportación masiva.
• Asignaciones multimillonarias directas para la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), esta ley permite al Ejecutivo mover fondos entre agencias sin contar con nuevas autorizaciones del Congreso. Es decir, el shutdown no afecta de forma uniforme a todas las agencias, y las decisiones sobre quién sobrevive y quién no están centralizadas en manos del Ejecutivo.

Caos en los aeropuertos y propaganda política encubierta

Uno de los sectores más afectadas por esta nueva modalidad de cierre ha sido el transporte aéreo. Los TSA (Agentes de Seguridad en el Transporte), responsables del control en los aeropuertos, siguen trabajando sin recibir salarios. La secretaria del DHS, Kristi Noem, culpó directamente a los demócratas en un video promocional que se intentó emitir en aeropuertos del país.

Sin embargo, la mayoría de los aeropuertos rechazaron transmitirlo. Desde Las Vegas hasta Salt Lake City, pasando por Nueva York y Billings (Montana), los administradores alegaron que el contenido del video violaba regulaciones que impiden la propaganda política en espacios públicos.

El video fue calificado como “alarmista e inapropiado” por el Ejecutivo del Condado de Westchester, Ken Jenkins, quien destacó que en momentos de crisis se debería promover la unidad y no exacerbar la división.

¿Desmantelamiento calculado o abuso de poder?

Si bien los cierres de gobierno en Estados Unidos no son nuevos —ha habido más de 20 desde 1976—, la manera como esta administración está gestionando el actual representa un cambio de paradigma. Lo que antes se vivía como una disfunción presupuestaria temporal, hoy se está utilizando como una forma de reestructuración administrativa radical.

La pregunta clave que surge es: ¿hasta qué punto un presidente tiene derecho a usar una crisis legislativa para redefinir el poder federal a voluntad? Para sus detractores, Trump y Vought no están gobernando: están ejecutando una revolución silenciosa desde el Ejecutivo, con consecuencias difíciles de revertir incluso si cambian las mayorías políticas en los próximos comicios.

Por su parte, los defensores de esta estrategia aseguran que Estados Unidos tiene un gobierno sobredimensionado y poco eficiente, y que este es el momento oportuno para recortar el alcance del “estado profundo”.

¿Y ahora qué?

Mientras el Congreso no logre desbloquear los fondos necesarios, y mientras la Casa Blanca siga ejecutando su particular hoja de ruta, los empleados federales seguirán siendo piezas en un tablero ideológico más amplio.

Aunque algunos tribunales ya han comenzado a recibir demandas por despidos masivos y tratamientos selectivos, el camino legal es lento y las consecuencias inmediatas (como la pérdida de ingresos y seguridad laboral) son reales. Este cierre ya forma parte de la historia nacional no como una pausa, sino como el escenario de una reconfiguración sin precedentes del papel del Estado en EE. UU.