Voto, Migración y Petróleo: Cómo las políticas de Trump reescriben el mapa político y ambiental de EE.UU.

¿Qué está en juego con la Ley de Derechos Electorales?

La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra nuevamente en el centro de una controversia que podría redibujar literalmente el mapa político del país. Esta vez, los jueces conservadores del alto tribunal evalúan una impugnación clave impulsada por el Partido Republicano contra la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, una disposición que prohíbe la discriminación racial en la delimitación de distritos electorales.

El caso surge a raíz del mapa electoral de Luisiana que, tras el censo de 2020, ha intensificado una disputa de años entre legisladores republicanos y grupos de derechos civiles. Aunque la población afroamericana del estado representa el 33% del total, solo uno de los seis distritos del Congreso es de mayoría negra. Un fallo adverso para la Ley podría facilitar una maniobra sistemática de “gerrymandering racial” en todo el sur del país, erosionando el poder electoral de comunidades afroamericanas y latinas que, históricamente, tienden a apoyar a los demócratas.

En 2022, la Corte ya había considerado un caso similar en Alabama, emitiendo por una estrecha votación de 5–4 un fallo que respaldaba la creación de un segundo distrito con mayoría negra. Sin embargo, en esta nueva ronda de argumentos, el presidente del tribunal, John Roberts, mostró escepticismo ante un distrito que describió como una “serpiente”, refiriéndose a su forma alargada que une partes distantes del estado.

Un precedente que podría cambiar el equilibrio del Congreso

De confirmarse una sentencia que permita eliminar la protección de la Sección 2, los estados ya no estarían obligados a proteger los derechos de representación de las minorías raciales. Esto podría desencadenar una ola de rediseños de distritos en estados con mayoría legislativa republicana, eliminando con ello bancas de representantes senegaleses, latinos, asiáticoamericanos y otras minorías. El resultado sería una sobrerrepresentación blanca en distritos rurales y una disminución del poder político en zonas urbanas más diversas.

Donald Trump ha alentado abiertamente estas maniobras desde 2021, posicionándose como defensor de un rediseño electoral que asegure una superioridad republicana en la Cámara de Representantes.

La inmigración y las tensiones con la comunidad AAPI

Mientras tanto, el expresidente Trump también continua generando divisiones en torno a la política migratoria. De acuerdo con una reciente encuesta del AAPI Data/AP-NORC, el 70% de los adultos asiático-americanos, nativos hawaianos y de las islas del Pacífico (AAPI) desaprueban la forma en que Trump ha manejado la inmigración en EE.UU.

Este aumento en el nivel de desaprobación (cifra que ha subido desde el 58% en marzo) está vinculado a políticas como:

• Uso de la Guardia Nacional y el Ejército para redadas migratorias
• Incremento en las deportaciones, que alcanzaron más de 1,000 arrestos recientemente en Chicago
• Operativos con agentes de ICE encapuchados en lugares públicos y centros laborales

Michael Ida, un residente de Honolulu, expresó su temor: “Cuando se trata de justicia o misericordia, deberíamos inclinarnos por la misericordia. Esto es muy perturbador para mí.”

La sospecha generalizada entre las comunidades AAPI es que Trump está utilizando la migración como una herramienta de separación y miedo, en lugar de aplicar políticas coherentes y equilibradas. Algunos, como Peter Lee, de Tacoma, opinan que el gobierno solo busca números sin una estrategia real: “No hay un plan claro, sólo metas numéricas sin compasión.”

¿Un ‘revival’ petrolero con sabor a tragedia?

En el estado de California, otra batalla se libra en el frente ambiental. La empresa Sable Offshore Corp. busca reactivar una operación petrolera frente a la costa del Pacífico, en plataformas que estuvieron involucradas en el peor derrame de petróleo de las últimas décadas en 2015, cuando más de 140,000 galones de crudo contaminaron 240 kilómetros de costa.

Respaldado por la administración Trump, el proyecto ha generado una fuerte oposición por parte de ambientalistas y la Comisión Costera de California, que impuso una multa récord de $18 millones a Sable por ignorar órdenes de cese de operaciones. Algunas organizaciones acusan a Sable de haber realizado tareas de reparación sin permisos, poniendo en riesgo zonas de hábitat crítico para ballenas, tortugas y aves marinas.

El Fiscal General de California presentó este mes una demanda contra Sable por verter residuos ilícitamente en cuerpos de agua y violar leyes estatales. La Fiscalía del Distrito de Santa Bárbara también presentó cargos penales, sumando presión sobre la compañía.

Sin embargo, Sable no cede. La empresa estima reservas petroleras por hasta 190 millones de barriles frente a la costa californiana y cuenta con el respaldo del Departamento del Interior. Su CEO, Jim Flores, defiende el plan alegando que se trata de una solución ante la “compleja crisis energética” del estado:

“Con el cierre de varias refinerías, California no puede sostener su economía sin una infraestructura energética sólida como la que ha tenido por 150 años.”

La respuesta ambientalista y ciudadana

Grupos ambientales como el Environmental Defense Center acusan que no hay forma segura de operar ese oleoducto, además de recordar la tragedia vivida anteriormente. Activistas como la actriz Julia Louis-Dreyfus se han unido también, diciendo:

“Este proyecto apesta. Y no sólo en sentido figurado. Huele a corrupción y peligro.”

Con la amenaza de un oleoducto flotante en aguas federales y los litigios en pleno apogeo, la historia está lejos de su desenlace. California ha adoptado una estrategia de transición hacia energías limpias, pero el caso de Sable pone en jaque ese compromiso al realinear el enfoque energético bajo los intereses de una administración que prioriza la producción nacional por encima del medio ambiente.

Todo está conectado: poder, petróleo, población

Este conglomerado de historias no puede entenderse por separado. La erosión de la Ley de Derechos Electorales permitiría a las legislaturas controlar sin contrapesos el poder político. Las políticas migratorias severas afectan a una población diversa y creciente que, en muchos casos, ya enfrenta discriminación estructural. Y el regreso a un modelo energético agresivo basado en fósiles revive traumas ambientales, enfrentando a intereses económicos contra el bien público.

Como dijo el sociólogo Karthick Ramakrishnan de la Universidad de California:

“Muchas personas están empezando a entender que los valores que apoyan en teoría chocan con las consecuencias reales de estas políticas.”

En un momento donde la política se entrecruza con la justicia racial, la inmigración y la supervivencia ambiental, las decisiones que tome la Corte Suprema y los estados de la nación definirán no sólo el mapa electoral, sino lo que significa ser ciudadano pleno en Estados Unidos.