Cuando el gobierno cierra y la democracia se tambalea

Una vez más, el cierre paraliza a Washington

Estados Unidos atraviesa otro cierre gubernamental, una práctica que ha dejado de ser una rareza para convertirse en una constante política. Esta vez, el cierre del gobierno federal iniciado el 1 de octubre de 2025 ha escalado más allá del estancamiento típico entre republicanos y demócratas: ahora involucra despidos masivos, amenazas a derechos laborales y una profunda incertidumbre económica para cientos de miles de trabajadores públicos.

"Por suerte pude pagar el alquiler este mes", relata Peter Farruggia, empleado federal en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y líder sindical local. "Pero seguro habrá cuentas sin pagar este mes, y no tengo muchas opciones". Su testimonio es uno de los muchos que reflejan el pánico y la desesperación en los pasillos de las agencias federales.

Una historia repetida, pero con tintes más oscuros

Ya ha habido varios cierres de gobierno en años recientes, pero este presenta dos elementos nuevos y preocupantes: la negativa del gobierno a garantizar salarios retroactivos durante el cierre y las amenazas de despidos o RIFs (Reductions in Force).

Durante el cierre de 2019, que duró un récord de 34 días, se garantizó retroactivamente el pago a los trabajadores. Esta vez, la administración Trump inicialmente negó tal garantía, aunque luego se retractó. El mensaje, no obstante, fue claro: los empleados federales son prescindibles, y su estabilidad laboral es ahora una moneda de cambio política.

Más de 4,000 despedidos: los RIF son reales

La Oficina de Administración y Presupuesto admitió en un documento judicial que más de 4,000 empleados de ocho agencias federales fueron despedidos como parte del cierre. Russ Vought, director de esta oficina, declaró en redes sociales: "Los RIFs han comenzado". El vicepresidente J.D. Vance fue todavía más tajante: "Cuanto más dure esto, más profundos serán los recortes".

Jessica Sweet, especialista en reclamaciones del Seguro Social en Albany, Nueva York, dice que tiene un plan de respaldo, pero muchos de sus colegas no. "Las facturas no esperan a que me paguen eventualmente", dice. La Agencia de Seguridad del Tránsito (TSA), por su parte, tiene empleados que siguen trabajando sin compensación alguna. Según la ley federal, algunas funciones consideradas esenciales deben continuar aun sin fondos.

La vida en pausa: testimonios desde el abismo

• Peter Farruggia (CDC): "Ya vivíamos de cheque en cheque. Ahora ni siquiera eso tenemos".
• Adam Pelletier (Consejo Nacional de Relaciones Laborales): "No se está investigando nada; todo se ha paralizado. Ni siquiera podemos buscar otros trabajos porque las oficinas de ética están cerradas".

Estos testimonios reflejan una realidad dolorosa: quienes trabajan por el bienestar nacional, desde epidemiólogos hasta examinadores sindicales, están siendo marginados por cálculos partidistas.

Las consecuencias van más allá del sueldo

Según datos del Departamento de Trabajo, más de 60% de los empleados federales trabajan fuera de la zona de Washington D.C., a lo largo de todos los estados del país. En ciudades como Denver, Montgomery y Baton Rouge, los efectos del cierre se sienten en hospitales, aeropuertos, comisarías y juzgados.

Los cierres recurrentes minan también la moral del servicio civil estadounidense. Randy Erwin, presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales, advirtió: "Esto es un intento deliberado de degradar, intimidar y antagonizar a los trabajadores públicos".

¿El gobierno contra su propia gente?

Doreen Greenwald, del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro Público (NTEU), acusa al gobierno de convertir a los empleados federales en fichas de ajedrez: "No se trata de un juego de partidos, sino de personas reales. Un oficial correccional que teme por su salario. Un agente de seguridad que sigue trabajando sin paga. Nadie debería elegir entre servir a su país y alimentar a su familia".

La dimensión política: polarización como estrategia

El choque entre la administración Trump y el Congreso demócrata gira en torno a las subvenciones al sistema de salud público. Los demócratas demandan que los apoyos bajo la Affordable Care Act (Obamacare) sean extendidos. Los republicanos, liderados por Trump y figuras como Mike Johnson y Steve Scalise, exigen que el Congreso reabra el gobierno antes de negociar cualquier medida económica.

“La administración actual ha hecho algo sin precedentes: usar el sustento de millones de familias como palanca de presión”, advierte Binny Miller, profesora de leyes en la Universidad Americana.

Las repercusiones legales: demandas en los tribunales

Los principales sindicatos —AFGE, NTEU y NFFE— ya han entablado demandas judiciales contra las cesantías. Alegan que los despidos carecen de debido proceso, violan reglamentaciones laborales y eliminan sin razón puestos clave para el mantenimiento del orden y la salud pública. A la par, se movilizan protestas frente al Capitolio exigiendo una solución inmediata.

¿Y el futuro?

Más allá del presente, la idea de que un gobierno puede cesar operaciones regularmente plantea interrogantes graves sobre la estabilidad democrática de EE.UU. Desde la perspectiva de muchos observadores internacionales, este tipo de cierres refleja una debilidad institucional que afecta la credibilidad global del país.

Kareem Crayton, del Centro Brennan para la Justicia, lo expresa así: "Lo que está en juego no es si se pagan sueldos o no. Es si sigue siendo viable una burocracia profesional, imparcial y motivada a servir al público".

Un país donde incluso los trabajadores públicos deben considerar "planes de respaldo" frente al autoritarismo presupuestario es un país en tensión seria con sus propios principios fundacionales.

La pregunta no es cuándo terminará este cierre. Es cuántos de los que hoy sufren por él, estarán dispuestos a seguir sirviendo cuando termine.