Río Atrato: Un paraíso contaminado por el oro ilegal y el mercurio

Una joya natural convertida en zona de sacrificio

El río Atrato, una de las arterias fluviales más importantes de Colombia, es también uno de los símbolos más alarmantes de la crisis socioambiental que enfrenta el país. Con más de 700 kilómetros de recorrido, atraviesa la rica pero empobrecida región del Chocó. Allí, comunidades afrocolombianas e indígenas han dependido históricamente del río para su subsistencia, cultura y espiritualidad. Sin embargo, hoy el Atrato está enfermo: padece una grave contaminación por mercurio, resultado directo de la minería ilegal de oro.

Una carta revelada por relatores de la ONU advierte que la situación constituye una “crisis continua de derechos humanos”, ya que amenaza la salud y existencia de las comunidades que habitan su cuenca. A ocho años de la pionera sentencia que otorgó personería jurídica al río Atrato, el legado de aquella decisión judicial histórica ha sido saboteado por la corrupción, el crimen organizado y la falta de acción estatal.

La sentencia del 2016: esperanza truncada

En 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Este evento fue saludado como un hito internacional al abrir paso a una novedosa protección legal de ecosistemas mediante el reconocimiento de su valor intrínseco.

Ocho años después, ese fallo que prometía restauración y gobernanza participativa ha sido, en palabras de Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, “insuficientemente implementado”. La razón de fondo, afirma, está en que “el crimen organizado ha capturado buena parte de la cuenca del Atrato, traficando mercurio, oro y corrompiendo cuerpos militares y policiales”.

Mercurio: un veneno presente en la sangre del Chocó

El mercurio es una sustancia extremadamente tóxica. Se acumula en el organismo y provoca daños neurológicos, fallas orgánicas y trastornos del desarrollo en fetos. Se usa en la minería aurífera para amalgamar el oro y separarlo del lodo en métodos artesanales, pero que se han tornado industriales en manos del narcotráfico y redes transnacionales delictivas.

Según datos recogidos por la ONU, más de un tercio de la población en la cuenca del Atrato ha sido expuesta a niveles de mercurio que exceden los límites permitidos por la OMS. Esto no solo afecta a quienes trabajan directamente en la minería, sino también a quienes consumen los peces del río, tocan el agua contaminada o cultivan tierras envenenadas.

La minería ilegal: motor de violencia y deforestación

La minería ilegal de oro es hoy uno de los principales motores de la deforestación en Colombia y en otros países de la Amazonía. Esta actividad implica el uso no regulado de maquinaria pesada, generación de socavones, destrucción de riberas e introducción de químicos prohibidos. Además, está directamente asociada con delitos como:

• Esclavitud moderna: trabajo forzoso en condiciones insalubres.
• Prostitución forzada, especialmente de niñas y adolescentes.
• Desplazamientos de comunidades ancestrales.
• Extorsión y control territorial por grupos armados.

Estas formas de violencia son consideradas por la ONU como crímenes ambientales y de lesa humanidad. Sin embargo, los esfuerzos judiciales y gubernamentales por frenar esta dinámica han sido escasos y fragmentarios.

¿Por qué sigue aumentando la minería ilegal si está prohibida?

Desde 2018, Colombia prohíbe el uso de mercurio en la minería. Pero en áreas como el departamento del Chocó, este tipo de normas son papel mojado. ¿La razón? El control efectivo del Estado es casi inexistente en muchas zonas rurales donde operan bandas armadas como ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que se lucran compartiendo ganancias mineras o extorsionando a los mineros artesanales.

Además, el oro extraído se inserta fácilmente en las cadenas globales de comercialización gracias a la falta de trazabilidad. Es decir, no hay una forma eficaz de diferenciar entre oro legal e ilegal, lo que permite que ingrese al mercado internacional mezclado entre exportaciones legales.

Una crisis que ataca también a la biodiversidad

El impacto ambiental es devastador. Las sustancias tóxicas han diezmado la fauna acuática, ejercido presión sobre mamíferos como los delfines de río e incluso afectado especies endémicas de las regiones selváticas del Pacífico colombiano. Como resultado, se altera también la cadena alimenticia y los sistemas culturales de las comunidades.

“La contaminación por mercurio no solo destruye ecosistemas, sino que rompe la relación espiritual entre los pueblos indígenas y los ríos”, afirmó un portavoz del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana de las Naciones Unidas.

La obligación del Estado que nunca se cumplió

La Corte Constitucional exigía al Estado acciones concretas tras su fallo de 2016: establecer comisiones de guardianes del río, invertir en restauración ambiental, controlar la minería ilegal y garantizar derechos a quienes viven del río. Pocos de estos puntos han sido ejecutados adecuadamente. Orellana lo sintetiza así: “Cumplir una sentencia requiere compromiso institucional a largo plazo. La política interfiere, y los presupuestos rara vez llegan”.

Más aún, al día de hoy, la carta enviada por la ONU al Gobierno colombiano —más de 60 días atrás— no ha sido respondida oficialmente, lo cual incrementa las tensiones internacionales y genera dudas sobre el compromiso de Colombia con los derechos humanos y ambientales.

¿Qué se debe hacer ahora?

La ONU solicita medidas urgentes para:

• Combatir la minería ilegal con herramientas efectivas.
• Limpiar sitios contaminados por mercurio.
• Proveer atención médica especializada a las comunidades afectadas.
• Fortalecer el control del comercio internacional de mercurio bajo la Convención de Minamata.

Esto último es relevante porque, aunque existe un marco regulador internacional, hay “lagunas normativas” que permiten que el mercurio siga circulando desde países productores hacia zonas como el Chocó sin mayores restricciones.

El resultado de la inacción está a la vista: las hectáreas bajo minería ilegal han aumentado desde 2016, los riesgos para los habitantes se han multiplicado y no existen sistemas seguros de diagnóstico ni tratamiento para las personas expuestas crónicamente al mercurio.

Perspectivas: ¿hay luz al final del túnel?

El caso del río Atrato no es único en América Latina: muchos ríos amazónicos y selváticos están siendo sacrificados en aras de la fiebre del oro. Pero el Atrato tiene una cualidad especial: ya ha sido reconocido como sujeto de derechos. Este estatus puede convertirse en una herramienta poderosa si se articula con una voluntad política real y presupuesto suficiente.

Desde movimientos sociales hasta organizaciones internacionales como EarthRights International y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se ha insistido en que Colombia puede convertirse en ejemplo regional si actúa ya.

Como concluye Orellana: “Los derechos humanos no se respetan por un día ni por una semana. La obligación de los Estados es permanente.”

Hoy el río Atrato clama por justicia, por salud, por vida. Y sus comunidades también. El mundo observa, y la historia juzgará.