Segundo Mandato de Trump: ¿Seguridad o Autoritarismo en Marcha?

La política del orden: Trump desatado

En su segundo mandato, Donald Trump ha dejado claro que la moderación que caracterizó los límites de su primer gobierno ha quedado atrás. Con la remoción de prácticamente todos los asesores que en el pasado lo persuadían de moderar sus instintos más autoritarios, hoy se encuentra rodeado de leales que no solo aprueban su visión, sino que la impulsan.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa ha sido el enfoque "duro contra el crimen", que ha desembocado en operaciones federales masivas, el despliegue de tropas dentro del país y la amenaza constante de invocar la Insurrection Act para mantener el orden a cualquier costo.

¿Estamos presenciando un intento de restauración de la ley o el nacimiento de un estado autoritario moderno?

Operación Calor de Verano: ¿justicia o despliegue político?

Trump presentó recientemente los resultados de "Operation Summer Heat", destacando más de 8,000 arrestos llevados a cabo por el FBI bajo la supervisión de su nuevo director, Kash Patel, y la Fiscal General Pam Bondi. El operativo fue enarbolado como un éxito rotundo en la lucha contra el crimen urbano.

Pero más allá de las cifras, surgen dudas preocupantes:

• ¿Cuántos de estos arrestos fueron de personas sin antecedentes?
• ¿Cuántas violaciones a los derechos civiles se cometieron?
• ¿Es este un plan de seguridad pública o una táctica electoral?

El giro autoritario es evidente: fuerzas federales enmascaradas, redadas en comunidades inmigrantes, y una visión del país como “un campo de entrenamiento militar”, según palabras del propio presidente.

Trump y el uso de las fuerzas armadas como policía interna

Ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Portland, Nueva Orleans y Boston han sido blanco de esta política. Las protestas contra redadas migratorias han sido respondidas con la intervención del Ejército. Incluso la Guardia Nacional de California fue tomada bajo control presidencial directo.

En palabras de Trump: “Vamos a salvar nuestras ciudades, las haremos prácticamente libres de crimen.”

Pero los gobiernos locales discrepan. La alcaldesa de Chicago declaró que “la intervención militar es una violación de la autonomía estatal”, mientras que líderes comunitarios sostienen que estas acciones criminalizan la pobreza y la disidencia.

La filosofía del presidente no es nueva. En 1989, Trump pagó anuncios a toda página en los principales periódicos pidiendo el restablecimiento de la pena de muerte por el caso de los Central Park Five, cinco adolescentes afroamericanos e hispanos falsamente condenados por violación. Aunque sus condenas fueron anuladas años después, Trump nunca se disculpó.

En su segundo mandato, revive esta narrativa: “Si los criminales no entienden las palabras, entenderán las consecuencias”, dijo en un mitin reciente, provocando ovaciones entre sus seguidores.

De la reforma a la regresión: el abandono de First Step Act

Durante su primer mandato, Trump impulsó First Step Act, una reforma bipartidista histórica para aliviar condenas y reducir el encarcelamiento masivo, impulsado en parte por voces como la de Kim Kardashian. Sin embargo, en su segunda administración, el tono cambió drásticamente.

Hoy promueve castigos más severos, como la pena de muerte para traficantes y asesinos de policías, y critica las medidas de fianza libre en efectivo, tildándolas de “permitir que criminales salgan a la calle”.

“Criminales sin redención”: el discurso de la deshumanización

Trump ha empezado a catalogar a los delincuentes de forma categórica y sin posibilidad de rehabilitación. En una reciente declaración, afirmó:

“Están enfermos, y los estamos eliminando.”

Este tipo de lenguaje evoca tiempos oscuros de la historia, donde líderes políticos justificaban represión masiva con términos similares. Para organizaciones como la American Civil Liberties Union y la Leadership Conference on Civil and Human Rights, este discurso no es sólo peligroso, sino que atenta contra los principios democráticos más básicos.

Race y poder: ¿una política criminal impregnada de sesgo racial?

El uso desproporcionado de la fuerza en ciudades con mayoría afroamericana y liderazgo negro es una constante que no pasa desapercibida. Memphis, por ejemplo, con un 62% de población afroamericana, fue descrita como un “infierno urbano” en palabras del presidente.

El reverendo J. Lawrence Turner lo expuso sin eufemismos: “Trump ve a los afroamericanos como siempre los ha visto: una amenaza que debe ser controlada por la fuerza.”

Mientras tanto, organizaciones como Black Lives Matter han retomado sus protestas frente a lo que denominan una política de represión racial sistemática.

Manipulación mediática y exageraciones estratégicas

Pese a que las estadísticas muestran una disminución de crímenes violentos tras el repunte durante la pandemia (Bureau of Justice Statistics), Trump sigue describiendo ciudades como “infiernos ardientes” y exagerando logros de seguridad.

El caso de Portland es paradigmático. Trump afirmó que estaba “en llamas”, cuando en realidad, según reportes locales, las zonas afectadas por disturbios eran microáreas contenidas. Aun así, justificó el envío de fuerzas federales e incluso barajó mudar eventos deportivos importantes si no se restablecía lo que él llama “orden total”.

Un presidente sin límites: el reemplazo de los perfiles técnicos por leales

En este segundo mandato, ya no hay generales moderadores ni jefes de gabinete preocupados por la legalidad. Ahora, el entorno de Trump está compuesto por figuras incondicionales que, como Patrick G. Eddington del instituto Cato indica: “No sólo lo siguen, lo motivan a ir aún más lejos.”

Su director del FBI es Kash Patel, ex colaborador cercano sin experiencia directa en inteligencia criminal, pero con un historial de defensa blindada a las políticas de Trump. A su lado, la fiscal general Pam Bondi muestra una línea dura contra inmigración y delitos urbanos de forma agresiva.

Táctica electoral disfrazada de seguridad

Según una encuesta del Centro AP-NORC de Investigación de Asuntos Públicos, el 81% de los estadounidenses cree que el crimen es un problema importante en las ciudades. Este dato ha sido capitalizado por Trump para presentarse como el único capaz de “restaurar la paz” —aunque sea a través de la militarización civil.

De cara a las elecciones de medio término, esta estrategia busca consolidar su base republicana y presionar a estados indecisos. La crítica de Maya Wiley, presidenta de la Leadership Conference on Civil and Human Rights, lo resume así:

“Trump no busca justicia, busca poder a través del miedo racial.”

Breve pero revelador: la sonrisa ante las sirenas

Durante la ceremonia para otorgar la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, activista conservador, Trump fue interrumpido por sirenas en el fondo. Su respuesta fue una sonrisa y un comentario: “Escuchen la belleza de ese sonido. Esas no son sirenas políticamente correctas.”

Una frase pequeña, pero que encarna su visión: en su mundo no hay espacio para la corrección política, los derechos de los acusados o los matices. Solo una única narrativa: “ellos” contra “nosotros”.

¿Estados Unidos hacia un nuevo modelo autoritario?

Aunque su discurso ofrece una solución clara al caos, la práctica revela un presidente dispuesto a romper precedentes legales, ignorar autonomías estatales e instrumentalizar instituciones de justicia con fines políticos.

El concepto de democracia representativa parece desvanecerse frente a un nuevo paradigma: el estado paternalista de hierro, donde la seguridad se impone incluso cuando significa sacrificar libertades civiles fundamentales.

La historia ha demostrado que toda consolidación de poder basada en la militarización interna, la estigmatización del otro y la exaltación populista termina pasando factura. Hoy los Estados Unidos parecen caminar por una delgada línea entre democracia y dictadura, y el reloj sigue su curso.