Texas vs. la Primera Enmienda: ¿proteger el orden o censurar la protesta estudiantil?

Un freno temporal a una ley polémica

El estado de Texas se encuentra en el centro de un candente debate constitucional tras la suspensión temporal de partes clave de la Ley SB 2972, impuesta por el juez federal David Ezra en Austin. Esta legislación, aprobada por mayoría republicana en la legislatura estatal, buscaba restringir el ejercicio de la libre expresión dentro de los campus universitarios.

Según el magistrado, los estudiantes que presentaron la demanda probablemente tengan éxito en demostrar que la ley vulnera sus derechos otorgados por la Primera Enmienda. Ezra expresó que no se puede confiar en que las universidades apliquen la normativa de manera constitucional mientras los demandantes enfrentan un clima de incertidumbre. “La Primera Enmienda no se apaga cuando se oculta el sol”, afirmó un abogado implicado.

¿Qué establece la SB 2972?

La ley impone horas blackout de protestas y actividades expresivas desde las 10 p.m. hasta las 8 a.m., limitando el uso de megáfonos, tambores e incluso actividades como oraciones religiosas, música o el periodismo estudiantil en horas nocturnas. También prohíbe levantar tiendas de campaña en manifestaciones, sustituir banderas institucionales y el uso de disfraces que impidan identificar a los participantes.

Además, otorga facultades a los directivos universitarios para exigir la identificación de manifestantes y empleados en cualquier protesta. Curiosamente, aunque la legislación menciona fomentar el respeto por la Primera Enmienda, obliga a las universidades a implementar normas que, según los críticos, contradicen precisamente esos principios.

El trasfondo político: protestas propalestinas y control legislativo

SB 2972 surgió como respuesta directa a las masivas protestas propalestinas que el año pasado encendieron las universidades estadounidenses, particularmente en la Universidad de Texas en Austin, donde más de 100 manifestantes fueron arrestados. Desde el gobierno estatal, los republicanos calificaron dichas protestas de antisemitas, al tiempo que promovían leyes para limitar expresiones similares en el futuro.

Otro proyecto, Senate Bill 326, definió legalmente lo que se considera antisemitismo, incluyendo críticas a Israel, y se introdujo en los códigos de conducta universitaria. Aunque no establece sanciones explícitas, abre la puerta a futuras penalizaciones por manifestaciones consideradas bajo esa óptica como discriminatorias, incluso si están protegidas por la Primera Enmienda.

¿Qué dicen los demandantes?

La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), organización dedicada a la defensa de los derechos civiles en instituciones académicas, fue quien llevó el caso ante la justicia en representación de:

• Organizaciones religiosas estudiantiles, como FOCUS, que organiza actividades nocturnas con ministros cristianos.
• Clubes de música, afectados por la prohibición a sonidos amplificados.
• Periódicos estudiantiles, como The Retrograde, que temen ser penalizados por reportar noticias fuera del horario legal.
• Grupos políticos y activistas, restringidos en su expresión ideológica.

Muchos de estos colectivos han manifestado su preocupación por la autocensura forzada ante el temor de ser disciplinados por actividades que, en circunstancias normales, serían legales.

“Una ley tan vaga es un cheque en blanco para censurar”

Así lo resume el abogado de FIRE Adam Steinbaugh. A su juicio, términos ambiguos como “actividades expresivas” dejan espacio para que funcionarios universitarios interpreten la ley de modo que silencien voces incómodas. Incluso usar una gorra con contenido político podría ser motivo de sanción.

El clímax del argumento legal se enfoca en que la Ley SB 2972 no establece criterios claros sobre lo permitido o prohibido, lo cual equivale a censura encubierta, especialmente durante las semanas críticas del semestre universitario.

El apoyo de los legisladores: ¿defensa del orden o autoritarismo?

El senador Brandon Creighton, autor de la ley, aseguró que su objetivo es fomentar el libre debate en centros académicos sin interferencias externas, promoviendo “una cultura de apertura con respeto”. Sin embargo, renunció a su curul días antes del fallo judicial para asumir como canciller del Sistema Universitario Texas Tech, lo que ha levantado suspicacias sobre la verdadera intención de la ley.

Grupos como PEN America, que monitorean la libertad de expresión, advierten que Texas lidera una ola de reformas legislativas que buscan politizar y restringir la educación superior. En 2023, dicha organización documentó más de 70 leyes restrictivas propuestas en 26 estados sobre educación pública.

Casos similares en otros campus texanos

No es la primera vez que estas restricciones son judicializadas. FIRE también demandó al Sistema Universitario Texas A&M por su prohibición de espectáculos drag en campus, la cual fue revertida por los tribunales tras una ola de críticas del estudiantado. Además, la ACLU impugnó exitosamente una ley que prohibía políticas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en escuelas K-12.

Estas victorias han energizado el movimiento estudiantil y legal contra lo que consideran un intento de conservadurismo ideológico disfrazado de orden civil.

El dilema ético: seguridad versus libertad

Los defensores de la ley insisten en el derecho del estado a preservar la tranquilidad y seguridad en sus recintos universitarios. Pero los demandantes sostienen que proteger el orden no debería significar silenciar las voces críticas, sobre todo en instituciones cuya esencia es fomentar el pensamiento libre y crítico.

Como lo expresó Gregorio Olivares, editor en jefe de The Retrograde: “Nos enfrentamos a una decisión imposible: autocensurarnos o publicar una historia que critique a los poderosos”.

Implicaciones nacionales

El resultado final de esta demanda podría marcar un precedente importante en Estados Unidos. En un contexto donde protestar pacíficamente, expresar ideas impopulares o simplemente cubrir noticias podría implicar sanciones, el choque entre legislaciones estatales y derechos constitucionales se vuelve inevitable.

La corte federal ha pausado, pero no eliminado, los efectos de SB 2972. Su destino ahora depende de una resolución judicial definitiva o de una corrección legislativa. Mientras tanto, miles de estudiantes en Texas y otros estados observan con atención, conscientes de que su derecho a hablar cuando más lo necesiten está en juego.