FEMA y la tragedia en Kerr County: ¿Fracaso burocrático o abandono institucional tras el desastre?
Más de tres meses después de las mortales inundaciones del 4 de julio en Texas, sólo una minoría de los afectados ha recibido ayuda federal, desatando críticas y revelando un sistema que excluye a los más vulnerables
Un desastre que dejó más que cicatrices físicas
La madrugada del 4 de julio, mientras muchas familias celebraban el Día de la Independencia, Kerr County, Texas, enfrentó una inundación histórica provocada por el desbordamiento del río Guadalupe. La tragedia dejó un saldo devastador: más de 100 muertos, miles de desplazados y viviendas destruidas. Sin embargo, para muchos, la verdadera tragedia comenzó después, al intentar acceder a la ayuda federal prometida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Estadísticas que revelan una crisis de gestión
Más de 3,228 personas de Kerr County presentaron solicitudes al Programa de Individuos y Hogares de FEMA. Sin embargo, según datos a octubre de 2024, sólo 704 fueron aprobadas —es decir, apenas un 22%. Y aún más preocupante: el 54% de las solicitudes ni siquiera había pasado la primera etapa de revisión.
Estos números contrastan fuertemente con los promedios generales. Un análisis del Carnegie Endowment for International Peace que revisó 170 catástrofes desde 2015 muestra que, en promedio, el 39% de las personas que solicitan esta ayuda la reciben. En resumen: Kerr County ha sido
¿Quiénes son los afectados?
- Personas mayores: La mayoría de los solicitantes tienen más de 50 años.
- Población rural con baja conectividad: Muchos viven sin acceso regular a internet o teléfono móvil.
- Desplazados e indigentes: Quienes perdieron toda su documentación y vivienda.
- Poblaciones vulnerables: Como personas con discapacidades o familias con ingresos mínimos.
La falta de recursos tecnológicos y la limitada alfabetización digital se convirtieron en obstáculos insalvables. En un contexto donde FEMA ya no realiza visitas presenciales para orientar sobre el procedimiento, muchos simplemente quedaron fuera del sistema.
¿Por qué tantas solicitudes han sido negadas?
Entre los 775 rechazos registrados en Kerr County, las causas más comunes fueron:
- No respuesta a los intentos de contacto por parte de FEMA.
- Retiro voluntario de la solicitud.
- Incongruencias en los documentos de propiedad.
- Falta de correos electrónicos, requisito obligatorio para aplicar desde 2023.
“Es una carga más sobre alguien que ha vivido uno de los peores días de su vida”, explica Maddie Sloan, directora del Disaster Recovery y Fair Housing Project de la ONG Texas Appleseed.
Historias sobrecogedoras e invisibles
Bailey Havis, enfermera pediátrica y gestora de casos en la First Presbyterian Church of Kerrville, ha escuchado relatos desgarradores: personas que sobrevivieron aferradas a árboles, familias enteras arrasadas durante reuniones. Una enfermera de viaje que vivía en un remolque perdió a sus suegros, invitados para la festividad, y su vivienda improvisada.
El pastor de la iglesia, Jasiel Hernández García, observa que incluso quienes lograron recibir ayuda lo hicieron por montos mínimos: “Para muchos es completamente insuficiente”.
El rol del voluntariado y la filantropía
Frente al lento accionar del gobierno, los ciudadanos se organizaron. La Fundación Comunitaria del Texas Hill Country activó un fondo de emergencia apenas amaneció el 4 de julio. En menos de un mes, ya había distribuido $11.9 millones, ayudando a familias, negocios, cuerpos de bomberos y albergues.
Austin Dickson, director ejecutivo, resumió su misión: “La ayuda gubernamental no está operativa en la primera semana. Nosotros quisimos estar ahí desde el día uno. Tomamos la decisión correcta”.
La fundación recaudó más de $100 millones y ayudó a contratar a 28 gestores de casos que se encargan de seguir más de 600 expedientes. Además, facilitó la entrega de viviendas temporales a través de Airbnb.org, con un compromiso de hasta un año para 60 familias.
Un sistema diseñado para excluir
Especialistas denuncian que FEMA se ha vuelto progresivamente menos accesible: ahora requiere correos electrónicos, presenta formularios complejos y delega la responsabilidad en sistemas automatizados. Ya no existe ese enfoque humano, de tocar puertas, que alguna vez caracterizó su labor.
“Necesitamos cada dólar posible para ayudar a estas personas a reconstruir sus vidas”, asegura Michelle Meyer, profesora de Texas A&M y directora del Hazard Reduction and Recovery Center. “FEMA parece olvidar que, quienes acuden a sus oficinas, lo han perdido todo.”
¿Y el futuro?
Para muchos en Kerr County, la recuperación será largo y dispendiosa. Mientras algunos emigran por falta de alternativas, otros ven cómo se acumulan las deudas mientras esperan respuestas. La organización Texas RioGrande Legal Aid gestiona más de 140 casos activos en el área, la mayoría relacionados con solicitudes denegadas por titulación informal en propiedades.
“La recuperación económica comienza por tener un techo seguro”, resume Brittanny Perrigue Gomez, abogada de la organización. “Sin apoyo federal, todo el sistema colapsa.”
Con un promedio nacional ya de por sí bajo en aprobaciones de FEMA, el caso de Kerr County revela una crisis estructural en el sistema de respuesta ante emergencias. Mientras el gobierno federal enfrenta auditorías y críticas, son iglesias, fundaciones y voluntarios quienes sostienen los escombros de una comunidad devastada.
En un momento donde la justicia climática se vuelve urgente, cabe preguntarse: ¿A qué le teme FEMA: al desastre… o a las víctimas?
