Smartmatic en el ojo del huracán: crimen corporativo, conspiraciones políticas y su futuro incierto

Una historia de ascenso y caída

Fundada a comienzos de los años 2000 por un grupo de ingenieros venezolanos, Smartmatic surgió como una promesa brillante en el mundo de la tecnología electoral. Su salto a la fama coincidió con un momento histórico: la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela, donde la digitalización del voto fue impulsada como una bandera de transparencia. No obstante, más de dos décadas después, la empresa enfrenta uno de sus mayores desafíos, entre acusaciones de sobornos internacionales, lavado de dinero y una feroz batalla legal contra Fox News.

Un contrato bajo escrutinio: Filipinas en el centro

En enero de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos criminales contra Smartmatic, apoyados por una acusación formal del tribunal federal del sur de Florida. En ella se detallan pagos ilícitos por más de $1 millón de dólares entre 2015 y 2018 a miembros de la Comisión Electoral de Filipinas—un intento por garantizar la adjudicación de un contrato para las elecciones presidenciales de 2016 en ese país asiático.

Según los fiscales, ejecutivos de la empresa, incluido su cofundador Roger Piñate, habrían canalizado fondos mediante empresas fantasmas y facturas falsas. Piñate, quien dejó de trabajar para Smartmatic aunque sigue siendo accionista, fue acusado anteriormente por este esquema y se ha declarado no culpable.

Smartmatic responde: una acusación “política”

En declaraciones oficiales, Smartmatic negó categóricamente las acusaciones. “Creemos que la Fiscalía ha sido engañada e influenciada políticamente por intereses poderosos no identificados”, sostuvo la empresa. “Este proceso es selectivo, injusto y motivado políticamente”.

La denuncia incluye la entrega de una mansión con piscina a la presidenta del Consejo Electoral venezolano como una forma de preservar relaciones tras la retirada abrupta de la empresa del país caribeño en 2017. En ese momento, Smartmatic acusó al régimen de Nicolás Maduro de alterar los resultados electorales.

El otro frente: la demanda contra Fox News

Mientras enfrenta cargos criminales, Smartmatic también libra una titánica demanda de $2.7 mil millones por difamación contra Fox News. Todo inició a raíz de las elecciones estadounidenses de 2020, cuando el expresidente Donald Trump y sus aliados propagaron teorías de conspiración sin pruebas que alegaban fraude electoral masivo.

En esas transmisiones, Fox permitió que aliados de Trump, como Rudy Giuliani y Sidney Powell, afirmaran que Smartmatic manipuló resultados para favorecer a Joe Biden. Sin embargo, Smartmatic sólo participó en las elecciones del condado de Los Ángeles, lo que hace imposible una operación de esa magnitud.

Fox, por su parte, argumenta que simplemente reportaron sobre afirmaciones de interés noticioso y, eventualmente, transmitieron un segmento que refutaba las acusaciones tras una queja formal de la empresa.

“Nuestra reputación global se ha visto gravemente dañada. Pasamos de ser una empresa con operaciones en más de 25 países, a una que lucha por sobrevivir.”, declaró un portavoz de Smartmatic.

¿Corrupción global o campaña de desprestigio?

Lo sucedido con Smartmatic deja al descubierto las complejas relaciones entre tecnología electoral, política internacional y sistema judicial. Independientemente del resultado del juicio penal o la demanda civil, una pregunta fundamental persiste: ¿fue Smartmatic partícipe consciente de prácticas corruptas o víctima de un entorno político y judicial hostil?

La Fiscalía argumenta que Piñate construyó una estructura financiera sofisticada para crear fondos paralelos en paraísos fiscales, donde depositaba dinero proveniente de contratos como uno con el Condado de Los Ángeles por $300 millones... pero esa supuesta evidencia aún está pendiente de ser validada en un tribunal durante una audiencia clave el próximo mes.

El origen venezolano y su sombra

Smartmatic ha intentado desprenderse durante años de su origen venezolano, especialmente tras su salida en 2017 y la persecución política en ese país. Fundada por Antonio Mugica, su expansión inicial fue meteórica: de Venezuela a varios países de América Latina, Europa y Asia.

No obstante, sus vínculos con gobiernos autoritarios—según críticos—y el hecho de haber ganado contratos en procesos electorales polémicos han sido munición para detractores. De hecho, hay quienes vinculan el éxito temprano de la empresa a relaciones cercanas con el chavismo, algo que sus directivos han negado rotundamente.

Impacto directo: trabajadores, elecciones y confianza

Más allá de las imputaciones legales y las batallas de imagen, este escándalo tiene implicaciones directas sobre la confianza pública en los sistemas electorales digitales. En un mundo donde cada elección está bajo la lupa—desde Brasil hasta Georgia (EE. UU.)—la integridad percibida de empresas como Smartmatic es crucial.

La empresa reclama que su modelo de voto electrónico representa una de las formas más seguras, debido a sus protocolos de verificación dual y redundancia electrónica. Sin embargo, episodios como estos minan esa narrativa.

En países como Argentina, Filipinas y Uganda, la presencia de Smartmatic generó controversia en diferentes momentos: desde acusaciones de fallos técnicos hasta falta de capacitación a funcionarios locales el día de la elección.

El futuro de Smartmatic… ¿hay retorno?

Smartmatic afirma continuar operando en varios países y asegura tener contratos vigentes. Pero los efectos combinados de una crisis de reputación, una demanda millonaria y posibles sanciones penales sobre sus ejecutivos están dejando a la compañía al borde del colapso.

En palabras de analistas legales: “Este no es solo un caso de corrupción, sino una guerra informativa y judicial donde una empresa con rol clave en democracias modernas está atrapada entre dos fuegos: Estados Unidos y sus antiguos vínculos latinoamericanos”.

Actualmente, el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Sur de Florida, bajo la dirección de Jason Reding Quiñones (nombrado recientemente por Trump), continúan investigando. Y no se descarta que más ejecutivos y contratos globales salten a la luz en próximos meses.

¿Qué nos enseña el caso Smartmatic?

• La tecnología no está aislada del poder político.
• La percepción pública puede hundir reputaciones incluso antes de un veredicto judicial.
• Las empresas globales con operaciones críticas deben fortalecer sus divisiones de cumplimiento normativo internacional.
• Un ecosistema electoral seguro depende no solo de tecnología, sino de transparencia institucional.

Mientras tanto, Smartmatic continúa el pulso legal con dos frentes abiertos. Si bien aún no hay sentencia firme, el juicio de la opinión pública parece haber comenzado hace tiempo.