Transparencia en el poder: California obliga a funcionarios a revelar nuevos empleos antes de dejar el cargo

Un paso histórico hacia la ética política

California ha marcado un precedente en la rendición de cuentas de funcionarios públicos al promulgar una ley que exige a los funcionarios electos y designados revelar cualquier oferta de empleo que hayan aceptado antes de dejar el cargo. La iniciativa, impulsada por la asambleísta demócrata Tasha Boerner, responde a críticas crecientes sobre posibles conflictos de interés y la creciente desconfianza ciudadana hacia sus representantes.

La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en junio de 2024, establece que cualquier funcionario debe comunicar a la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC, por sus siglas en inglés) la fecha en la que acepta una nueva posición, el cargo que ocupará, el nombre y dirección de la empresa contratante, y una descripción de su actividad económica.

¿Por qué es importante esta ley?

El detonante fue una investigación de CalMatters que reveló cómo decenas de legisladores estaban negociando empleos con entidades que tenían intereses legislativos mientras aún ejercían sus funciones. Según el reportaje, de los 180 legisladores que dejaron el cargo desde 2012, cerca de 40 se convirtieron en cabilderos, consultores políticos o ejecutivos de empresas que realizaban lobby en Sacramento.

Esta situación representa un potencial conflicto de interés que los votantes raramente conocen:

• Un legislador puede estar votando a favor de medidas que beneficien directamente a su futuro empleador sin transparencia.
• Los ciudadanos no tienen forma de saber si las decisiones tomadas responden al interés público o al interés personal del legislador.

La ley ahora obliga a un mayor nivel de transparencia, alineando a California con los estándares de otras democracias avanzadas y aumentando el escrutinio público sobre la puerta giratoria entre política y sector privado.

La motivación detrás: Restaurar la confianza

Tasha Boerner, autora del proyecto, manifestó: “La desconfianza de la población hacia el gobierno está creciendo. Como servidores públicos, la transparencia es una de las partes más importantes de nuestro trabajo. Es el único camino para reconstruir la confianza entre los gobernantes y sus comunidades.”

El presidente de la FPPC, Adam Silver, tuvo un rol crucial en la gestación de esta legislación. Según declaraciones, fue él quien propuso la idea a la oficina de Boerner tras la revelación de CalMatters. Silver aseguró: “Esta reforma es más que solo formularios de divulgación; se trata de confianza. Garantiza que los californianos sepan que su gobierno trabaja para ellos, no para intereses privados.”

Detalles clave de la ley

Con la entrada en vigor de la AB 1286, los funcionarios deben reportar a la FPPC:

• Fecha en la que se acepta la oferta de trabajo.
• Cargo al que se incorporarán.
• Nombre, dirección y descripción del empleador.

Boerner logró que el proyecto se aprobara por unanimidad en ambas cámaras legislativas de California, un gesto que demuestra consenso sobre la necesidad urgente de garantizar más transparencia.

Conflicto de intereses: el vacío legal

Actualmente, es ilegal bajo la ley estatal que un funcionario obtenga beneficios personales —incluyendo empleo futuro— a cambio de favores oficiales o votos. También se prohíbe el uso de recursos públicos para buscar trabajo. Sin embargo:

• La normativa aún permite que legisladores voten leyes que beneficien a sectores completos (como la industria tecnológica), incluso si uno de los empleadores potenciales está en esa industria.
• Por ejemplo, un legislador que recibe una oferta de Google puede seguir votando propuestas que favorezcan a empresas tecnológicas, mientras negocia su sueldo futuro.

Esta ambigüedad ha sido señalada por expertos en ética como una zona gris altamente preocupante.

¿Qué dicen los expertos?

Expertos en gobierno y ética han celebrado la normativa, catalogándola como un paso fundamental en la reconstrucción de la integridad pública. Kathay Feng, directora ejecutiva de California Common Cause, declaró en 2023:

“La puerta giratoria entre la política y el sector privado permite una cultura donde los intereses públicos son fácilmente marginados. Esta ley devuelve algo esencial: la luz del día.”

Desde el Centro para la Responsabilidad Pública, su director legal dijo: “Ahora el público tendrá herramientas reales para saber quién sirve al interés común y quién simplemente está construyendo un futuro lucrativo.”

Comparaciones con otros estados

California se suma así a un número reducido de estados que han abordado directamente este tipo de conflictos. De acuerdo con el National Conference of State Legislatures (NCSL):

• Solo 8 estados tienen requisitos robustos de divulgación de ofertas de empleo mientras el funcionario aún ocupa el cargo.
• En muchos estados, se permite que legisladores busquen trabajos mientras legislan sin ninguna obligación de revelar estas negociaciones.

La ley AB 1286 posiciona a California como referente nacional para otros estados que buscan limitar la influencia empresarial en la toma de decisiones legislativas.

¿Y el siguiente paso?

Con la legislación ya firmada, la FPPC será la agencia responsable de recibir, archivar y, cuando sea necesario, sancionar a quienes no cumplan. El organismo ha adelantado que desarrollará herramientas tecnológicas para que estos datos estén públicamente disponibles en su página web.

Además, se contempla el desarrollo de un portal digital donde los ciudadanos podrán buscar proactivamente los intereses laborales de sus representantes y cruzar esa información con sus registros de votación.

Esto permitirá que medios, organizaciones civiles y ciudadanos vigilen que las leyes que se aprueban responden a la voluntad popular y no a agendas privadas.

Resistencia y objeciones

Aunque la ley fue aprobada sin votaciones en contra, algunos sectores conservadores han alzado la voz. Alegan que podría ahuyentar a profesionales del sector privado, interesados en incursionar brevemente en la política:

• Argumentan que la ley “criminaliza la planificación profesional”.
• Advierten que funcionarios pueden sufrir filtraciones que comprometan ofertas aún no concretadas.

Sin embargo, hasta ahora, estos argumentos no han calado en la agenda legislativa ni generado intentos de frenar la ley judicialmente.

Un caso reciente que ilustra la necesidad de la ley

En 2022, un exsenador estatal de California aceptó una oferta como vicepresidente en una firma de cabildeo semanas antes de dejar el cargo. A pesar de haber votado una ley millonaria que favorecía a varios clientes de dicha firma, no existían herramientas legales para sancionar el acto, pues nunca se evidenció una transacción directa ilícita.

Con la ley AB 1286, este tipo de sucesos podría al menos ser objeto de escrutinio mediático y ciudadano inmediato.

Una ventana hacia gobiernos más transparentes

Esta ley no sólo protege la confianza de los votantes californianos. Representa un modelo replicable para todo el país en una era donde la percepción de corrupción sigue minando la democracia.

“La democracia vive o muere por la confianza del pueblo en quienes los representan.” — Adam Silver, FPPC

En un contexto nacional polarizado, California da un paso real y concreto hacia esa restauración. La transparencia, más allá de una consigna política, se convierte aquí en ley.