Un grito desde la celda: abuso sexual, impunidad y silencio en las prisiones de mujeres de Idaho

Un problema estructural oculto entre muros de concreto

Durante años, las cárceles de mujeres en Idaho han ocultado un patrón alarmante y sostenido de abuso sexual por parte de personal penitenciario. Una investigación realizada por InvestigateWest revela que al menos 37 empleados penitenciarios han sido acusados de conducta sexual inapropiada hacia mujeres privadas de libertad en la última década. Los relatos de más de 25 mujeres, documentos judiciales y entrevistas con empleados y testigos, pintan un retrato crudo y preocupante de lo que sucede en los rincones más oscuros del sistema penitenciario femenino del estado.

Idaho: la tasa más alta de encarcelamiento femenino en EE. UU.

Idaho lidera el país en lo que respecta a la tasa de encarcelamiento de mujeres. Con aproximadamente 1.300 mujeres privadas de libertad y tres prisiones específicas para ellas, el estado representa un microcosmos de un problema más amplio que afecta las cárceles del país. Pese a haber adoptado en 2015 los estándares de la Prison Rape Elimination Act (PREA), firmada por el expresidente George W. Bush en 2003, los datos sugieren que el cumplimiento es parcial, cuando no deliberadamente obstruido.

Las cifras hablan por sí solas

• 37 trabajadores denunciados por conducta sexual inapropiada en los últimos 10 años.
• 18 de ellos eran guardias que renunciaron tras las denuncias o poco después de ser acusados.
• 8 fueron despedidos, y solo 3 han enfrentado cargos criminales formales desde 2015.
• Solo uno fue sentenciado a prisión, pero su condena fue sustituida por un programa de "rehabilitación intensiva" de 9 meses.

"Esos números indican una cultura realmente, realmente problemática", afirma Julie Abbate, abogada especializada en abusos sexuales en prisiones y coautora de los estándares del PREA.

Testimonios silenciados

Muchas de las mujeres entrevistadas nunca denunciaron los abusos en su momento. ¿La razón? El temor a represalias, tanto de funcionarios como de otras presas. Hablar significaba, con frecuencia, ser aisladas en celdas de máxima seguridad (‘el hoyo’), alejadas de sus redes de apoyo.

En algunos casos, las denunciantes fueron etiquetadas por otras internas como "interesadas", sugiriendo que buscaban favores a cambio de relaciones con los custodios. Esta cultura de silencio institucional ha alimentado la impunidad.

Agresiones en puntos ciegos

Muchas violaciones ocurrieron en zonas sin cámaras: oficinas de empleados, almacenes, cuartos de descanso. Desde 2006, se han documentado incidentes en estos espacios donde, por política del Departamento de Correcciones, algunos guardias pueden quedarse a solas con internas.

Las políticas no requieren grabaciones de los interrogatorios o audiencias disciplinarias —en algunas solo se necesita un audio que el oficial a cargo puede prender o apagar a voluntad. Algunas mujeres declararon que fueron forzadas a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de sanciones.

Encubrimiento y burocracia que protege a los abusadores

La cadena de negligencias e inacción institucional es prolongada. En 2022, una oficial del centro de mujeres de Pocatello reportó rumores de una relación inapropiada entre un guardia de cocina y una presa. No se inició ninguna investigación formal incluso tras tres reportes. Un año después, se descubrió que el oficial había violado a una mujer y hostigado a varias más.

En otra cárcel, el alcaide Nick Baird reprodujo repetidamente grabaciones sexuales como entretenimiento según denuncias judiciales, en lugar de utilizarlas como parte de una investigación seria. El funcionario cuya voz aparecía en la grabación fue autorizado a renunciar, evitando consecuencias legales.

Investigaciones hechas para fracasar

Incluso cuando los casos se derivan a las autoridades, hay negligencia. En uno de los incidentes documentados, agentes estatales solo entrevistaron al presunto agresor durante nueve minutos, sin hacerle preguntas directas sobre el contacto sexual. Luego, en lugar de indagar sus acciones, los agentes afirmaron que buscarían inculpar a la mujer por "denuncia falsa".

La mayoría de los casos terminan con la misma resolución: silencio institucional, renuncias discretas y sin cargos criminales. Y cuando se presentan cargos, las leyes estatales de Idaho, que no están alineadas con los estándares federales, complican las condenas.

Las dificultades para obtener datos reales

El Departamento de Corrección de Idaho proporcionó solo 24 denuncias formales cuando InvestigateWest solicitó los archivos de los últimos cinco años. Esta cifra no corresponde con los informes anuales entregados al gobierno federal.

Después de insistencias, se entregaron más archivos, pero aún no coincidían con los reportes auditados. Muchos casos documentados por la prensa fueron omitidos o no pudieron ser localizados por el departamento.

“Si existen esos reportes, deben tener los documentos correspondientes”, dice Abbate.

Una ley sin dientes

El problema también reside en la falta de consecuencias. El incumplimiento de la ley federal PREA deriva en la pérdida de apenas un 5% de fondos federales. Cuando Idaho no cumplía con la ley en 2015, eso se tradujo en una sanción de solo $82,000 por año. Una cifra ínfima para un sistema de prisiones multimillonario.

“¿Quién te va a creer?”: la barrera de la credibilidad

El estigma de ser una mujer privada de libertad constituye, en sí mismo, un fuerte obstáculo. “Los perpetradores saben que nadie va a creerles”, afirma Fara Gold, fiscal experta que y coautora de la guía del DOJ sobre abusos sexuales. “Si eres víctima estando en custodia, ¿a quién le dices? Estás a merced de las mismas figuras de poder que ya te han fallado”.

Una llamada urgente al cambio

La imagen que surge de esta investigación es clara: un sistema en el que guardias abusan con impunidad, en el que los mecanismos de rendición de cuentas están rotos o son inexistentes, y en el que las mujeres vulnerables que alzan la voz son castigadas, desacreditadas o ignoradas.

Ninguna sociedad que se diga justa puede tolerar esta realidad tras sus muros carcelarios. Las mujeres encarceladas, aunque hayan cometido delitos, no pierden su humanidad ni sus derechos básicos. Ignorar sus voces y permitir su abuso es una deuda moral y legal que requiere acción inmediata.

Fuentes y notas

• Investigación original por InvestigateWest, distribuida por diversos medios nacionales.
• Estándares del Prison Rape Elimination Act, Departamento de Justicia de EE. UU.
• Análisis de reportes anuales y registros judiciales del estado de Idaho (2020-2024).