¿Quién protege a quién?: La lección de un fallo millonario contra la policía de Denver

En julio de 2022, una noche común en la bulliciosa zona de bares del centro de Denver se convirtió en una pesadilla cuando un encuentro entre un hombre armado y la policía terminó con seis transeúntes heridos. Dos años después, un jurado otorgó una indemnización de 19.7 millones de dólares a esas víctimas inocentes, señalando al Departamento de Policía de Denver y al oficial responsable, Brandon Ramos, como culpables por su conducta negligente. El caso no solo ha sacudido a la comunidad local, sino que también ha avivado las tensiones y el debate nacional sobre la brutalidad policial y la rendición de cuentas.

¿Qué ocurrió en el tiroteo del 2022?

La noche del 17 de julio de 2022, oficiales de policía de Denver patrullaban en el marco de un operativo de prevención de violencia armada en Lower Downtown (LoDo), una zona densamente poblada con bares, restaurantes y cercana al estadio de béisbol Coors Field. Cerca de las 2:00 a. m., cuando muchos locales cerraban, una confrontación escaló rápidamente al caos.

Jordan Waddy, un hombre afroamericano de 21 años, fue identificado por los oficiales como alguien armado. Según las investigaciones, Waddy sacó un arma de su bolsillo pero no apuntó ni se volvió hacia los oficiales. Sin embargo, el oficial Brandon Ramos disparó su arma, al igual que otros dos compañeros. A diferencia de los otros oficiales, Ramos fue el único acusado penalmente.

El resultado fue devastador: seis transeúntes resultaron heridos. Entre ellos, una mujer que fue alcanzada en la espalda y la bala salió por su brazo, otro hombre que fue rozado en el pie, y otro que requirió cirugía tras un impacto en el brazo.

La investigación: ¿negligencia o exceso de celo?

Un jurado de investigación concluyó que Ramos no se encontraba en peligro personal inmediato. Además, el jurado determinó que el oficial había ignorado deliberadamente la presencia del numeroso grupo de personas detrás de Waddy, lo que convirtió sus disparos en una acción desproporcionada y peligrosa.

Tras un acuerdo de culpabilidad a un cargo menor de agresión, Ramos fue inhabilitado para ejercer como policía en el futuro y recibió una sentencia de libertad condicional. “Los transeúntes no son simplemente un fondo escénico para la acción policial”, comentó el abogado Omeed Azmoudeh, quien representó a las víctimas. “Este veredicto lanza un mensaje claro sobre la conducta policial y la importancia de considerar a los inocentes”, agregó.

Una indemnización sin precedentes

El jurado determinó que los seis heridos recibirán en conjunto 19.7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Esta cifra es significativa no solo por su volumen económico, sino por el mensaje que implica: la negligencia en el cumplimiento del deber no quedará impune, ni siquiera si involucra a agentes del orden.

Los abogados de las víctimas sostuvieron en un comunicado que la compensación “reconoce el sufrimiento que estas seis personas han soportado a manos de un oficial que prometió servir y proteger”.

La respuesta (o falta de ella) del Departamento de Policía

El oficial Ramos renunció formalmente en febrero de 2024, y desde entonces, la Policía de Denver ha evitado pronunciarse sobre el veredicto. Kurt Barnes, vocero de la institución, confirmó la renuncia pero declinó comentar la evaluación del jurado.

Esta falta de respuesta institucional ha sido interpretada por muchos como una estrategia para evitar más controversia pública. Sin embargo, en una era donde las redes sociales amplifican cualquier acto dudoso de las fuerzas del orden, el silencio ya no es una opción aceptable para numerosos ciudadanos y activistas que exigen una reforma policial real.

Otras tragedias similares: un patrón creciente

Este suceso no es un evento aislado. Desde el asesinato de George Floyd en 2020, los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía han sido objeto de escrutinio constante. De acuerdo con Mapping Police Violence, en 2022 se reportaron más de 1,200 muertes relacionadas con la policía en los Estados Unidos, la cifra más alta en una década.

Un informe de 2023 del Washington Post reveló que un tercio de los tiroteos policiales que terminaron con muertes afectaron a personas que no estaban armadas o no representaban una amenaza inmediata. Es este tipo de datos el que alimenta la desconfianza ciudadana en cuerpos policiales y exige reconfigurar tanto su entrenamiento como su cultura interna.

Los costos ocultos de la irresponsabilidad policial

Más allá del aspecto moral y humano, existen costos financieros significativos relacionados con este tipo de acciones negligentes. En 2023, Nueva York pagó más de 121 millones de dólares en demandas contra la policía, según datos del Departamento Legal de la ciudad. Los contribuyentes son quienes financian estas indemnizaciones —no las agencias ni los agentes responsables directamente—, lo que abre un nuevo debate sobre la justicia económica en estos casos.

¿Hacia una policía más responsable?

Este veredicto se convierte en un punto de inflexión para muchas ciudades en EE.UU. que buscan establecer modelos policiales más responsables y humanos. Ya se han propuesto reformas en varios estados, como el uso obligatorio de cámaras corporales, evaluaciones psicológicas más rigurosas y entrenamiento centrado en de-escalada.

No obstante, sin la aplicación efectiva y la voluntad política para sancionar estas prácticas, muchas de estas reformas quedan solo en papel. El caso Ramos refuerza la necesidad imperante de una supervisión civil más robusta sobre las fuerzas del orden, incluyendo auditorías externas y participación ciudadana activa en las decisiones estratégicas del cuerpo policial.

Un cambio de paradigma

El mensaje del tribunal es claro: la negligencia, aunque sea involuntaria, tiene consecuencias. Esta sentencia no devolverá la salud perdida a los seis heridos, ni borrará el trauma vivido, pero puede convertirse en un faro de advertencia para futuras conductas policiales.

En palabras de una de las víctima identificada únicamente como “S.T.” durante el juicio, “yo salí con mis amigos a disfrutar una noche de baile y terminé en el hospital sin saber por qué fui herido”. Esa reflexión, aunque dolorosa, subraya la urgencia de tener un cuerpo policial que no pierda de vista su propósito: proteger, no poner en riesgo la vida de inocentes.