Universidades en la mira de Trump: la batalla por la libertad académica y el futuro de la educación superior

Un pacto que sacude el mundo académico

En medio de crecientes tensiones políticas y culturales, la administración del expresidente Donald Trump ha extendido una propuesta a varias universidades de Estados Unidos con la intención de reformar el sistema de educación superior mediante un acuerdo, o "compact", no legislativo. Esta iniciativa, que busca alinear las políticas universitarias con valores conservadores y ofrecer a cambio incentivos financieros, ha desencadenado una ola de rechazo y preocupación por la independencia de las instituciones educativas.

De las nueve universidades inicialmente invitadas a unirse al acuerdo como firmantes fundadores, al menos cuatro —incluyendo el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Brown— ya han rechazado públicamente la propuesta. Otras cinco, como la Universidad de Texas, la Universidad de Virginia, la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de Arizona y Dartmouth College, aún no han declarado su postura oficial aunque han sido convocadas a una llamada con la Casa Blanca.

¿Qué propone el pacto?

El documento, de más de 10 páginas, exige compromisos explícitos de las universidades para:

• Eliminar de sus políticas de admisión cualquier consideración basada en raza o sexo.
• Aceptar una definición binaria de género basada estrictamente en "hombre" y "mujer" según el gobierno federal.
• Promover puntos de vista conservadores dentro del campus académico.
• Adoptar políticas de "neutralidad institucional" sobre eventos y movimientos actuales.

A cambio, el gobierno promete "beneficios significativos", como acceso prioritario a fondos federales y acuerdos específicos para evitar investigaciones federales o sanciones, tal como se negoció en casos previos con universidades como Brown y Columbia.

Sin embargo, a diferencia de esos acuerdos individuales, el pacto general no incluye garantías de salvaguarda para la libertad académica, uno de los puntos más delicados para las instituciones.

Rechazos firmes y razones de peso

Una de las primeras instituciones en rechazar la oferta fue el MIT, alegando que el pacto era una amenaza directa a la libertad de expresión y a la autonomía de las universidades. Le siguieron otras prestigiosas universidades como la Universidad de Pennsylvania, la Universidad del Sur de California (USC) y Brown, esta última argumentando que el pacto no asegura el respeto a la libertad académica ni a la autogestión universitaria.

La presidenta de Dartmouth, Sian Beilock, reconoció que el sistema educativo necesita reformas, pero dejó claro que no las alcanzará "comprometiendo nuestra libertad académica y nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos".

Estas posturas han encontrado apoyo también en sectores gubernamentales. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, advirtió que retirará financiación estatal a cualquier universidad californiana que firme el pacto. Una amenaza similar ha surgido desde legisladores estatales demócratas en Virginia.

¿Por qué este momento?

El contexto político actual en Estados Unidos ha convertido la educación superior en un campo de batalla entre ideologías. La administración Trump sostiene que muchas universidades están dominadas por una agenda "progresista, woke y antiestadounidense", y afirma con este pacto buscar el renacimiento de una "Edad Dorada de la Excelencia Académica".

En la red social Truth Social, Trump declaró: "Las universidades que acepten nuestro acuerdo liderarán el renacimiento de la verdadera Educación Americana. Aquellas que insistan en continuar corrompiendo a nuestra juventud con ideología socialista no tendrán el apoyo del gobierno".

Durante su administración, mil millones de dólares fueron congelados a instituciones como Harvard, en medio de investigaciones sobre presunta discriminación a estudiantes conservadores o a organizaciones judías. Los acuerdos posteriores para desbloquear esos fondos establecieron precedentes que hoy parecen institucionalizarse a través de este pacto más generalizado.

Una puerta abierta a la intervención ideológica

Para muchos expertos académicos, el pacto representa un intento sin precedentes del ejecutivo federal por intervenir en la definición de valores y políticas internas en los campus. Mientras que en el pasado las universidades habían negociado con el gobierno en temas concretos (como financiación de investigaciones y cumplimiento de leyes antidiscriminatorias), ahora se trataría de aceptar un paquete ideológico entero a cambio de dinero.

El profesor de Filosofía Política Michael Sandel, de Harvard, afirmó recientemente en una entrevista con The Chronicle of Higher Education: "Este pacto es el equivalente académico de vender el alma institucional al gobierno a cambio de subvenciones. Si las universidades aceptan esto, renunciarán a su papel esencial en la crítica independiente del poder político".

El dilema de las instituciones indecisas

Frente a esta presión, las universidades que no han respondido aún enfrentan un dilema complejo. Representativos como la Universidad de Texas han mostrado cierto entusiasmo en participar, al menos en las conversaciones: "Nos sentimos honrados de estar incluidos en una propuesta de tanto alcance", declaró su sistema administrativo.

Sin embargo, otras como la Universidad de Virginia han abierto consultas internas con estudiantes y profesores para evaluar los pros y contras. En esa institución, algunos grupos de estudiantes han realizado protestas en defensa de la autonomía universitaria, mientras que facultades más conservadoras consideran que el pacto podría "balancear" el dominio de ciertas ideologías en el campus.

En un entorno de creciente polarización política y desconfianza pública hacia las élites académicas, la indecisión también puede estar motivada por el temor a represalias presupuestarias futuras, indistintamente del partido en el poder.

¿Cuál es el futuro de la educación superior?

La controversia en torno al pacto de Trump podría marcar un antes y un después en la relación entre el gobierno federal y las instituciones de educación superior. A medida que se acerca el próximo ciclo electoral, con Trump ya lanzado hacia una nueva candidatura, es previsible que el tema escale dentro del debate nacional sobre el rol de las universidades, la libertad de pensamiento y la neutralidad institucional.

Según un estudio publicado por Pew Research Center en 2023, el 61% de los votantes republicanos considera que las universidades tienen un efecto negativo en el país. En contraste, sólo el 19% de los demócratas comparten esa visión. Estas cifras revelan el grado de polarización y cómo la educación se ha convertido en otro frente ideológico clave.

La pregunta de fondo permanece: ¿Deben las universidades ser un reflejo del gobierno de turno, o guardianes independientes del conocimiento, la crítica y el debate plural? Este pacto podría ser la chispa que desencadene nuevas legislaciones, movimientos estudiantiles y un rediseño de los valores que guían a las instituciones educativas más prominentes del país.

Mientras tanto, el mundo académico mantiene la respiración ante la posibilidad de firmar lo que algunos han calificado como una moderna “piedra de Rosetta” de la ideologización universitaria.