¿Estados Unidos al borde del autoritarismo? La batalla por el poder en medio del cierre del gobierno

Una nueva crisis en Washington: parálisis legislativa y enfrentamientos ideológicos

El gobierno federal de Estados Unidos se encuentra, una vez más, paralizado. A medida que el cierre gubernamental alcanza su tercera semana y amenaza con convertirse en el más largo de la historia del país, la nación enfrenta las consecuencias de una intensificación del conflicto político bajo la administración de Donald Trump.

Este ‘shutdown’, iniciado el 1 de octubre, no es una simple disputa presupuestaria. Es una lucha de poder marcada por intentos de rediseñar profundamente el aparato estatal, socavar derechos fundamentales como el voto, y alimentar la polarización social a través de retórica incendiaria. Con protestas masivas, despidos planificados, tribunales involucrados y una amenaza latente contra el Acta de Derechos Electorales, la situación actual tiene ribetes históricos y alarmantes.

Consecuencias del cierre: trabajadores, economía y servicios en el abismo

Actualmente, más de 750,000 empleados federales son enviados a casa cada día sin trabajar, según cifras de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Aunque la ley estipula que recibirán pagos retroactivos, miles de familias viven al día, dependiendo de cheques que ya no llegan.

El cierre cuesta cerca de $400 millones diarios por el pago eventual de estos empleados, los cuales aguardan en casa sin poder cumplir sus funciones. Aunque los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas recibieron una prórroga a último minuto, esa salvación parece no repetirse.

La Capital Area Food Bank —el mayor banco de alimentos del área metropolitana de Washington— ha comenzado distribuciones adicionales para apoyar no solo a empleados federales, sino también a contratistas que no recibirán ningún pago.

Transformación del gobierno: despidos masivos con tinte ideológico

A diferencia de anteriores cierres de gobierno, la administración Trump lo utiliza como herramienta de transformación institucional. Desde la Oficina de Gestión Presupuestaria, dirigida por Russ Vought, se ha anunciado un proceso de reducción de plantilla sin precedentes.

“Queremos ser muy agresivos donde podamos para cerrar la burocracia, no solo quitar el financiamiento”, declaró Vought en el programa de Charlie Kirk.

Una primera oleada pretende despedir a 4,100 empleados, con énfasis en agencias como los Departamentos del Tesoro, Salud y Servicios Humanos, Educación y Vivienda. Vought, incluso, estimó que los despidos superarán los 10,000 puestos, lo cual ha encendido alarmas legales y sociales. Una juez federal ya bloqueó temporalmente los despidos, señalándolos como motivados políticamente.

Golpe económico: un país al ralentí

El cierre también ha golpeado duramente a la economía estadounidense. La firma Oxford Economics estimó que por cada semana de parálisis, el crecimiento del PIB se reduce entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales. Un cierre de un trimestre completo podría significar un retroceso de hasta 2.4 puntos en el PIB trimestral.

Sectores como el turismo se ven gravemente afectados. La Asociación de Viajes de EE.UU. prevé una pérdida de $1,000 millones semanales con parques nacionales, museos como los del Smithsonian y el Zoológico Nacional cerrados.

• La Administración de Pequeñas Empresas interrumpe créditos de $860 millones semanales.
• La FAA reporta escasez de controladores aéreos en ciudades clave, provocando retrasos desde Boston hasta Houston.
• Los retrasos en hipotecas, seguros contra inundaciones y trámites federales complican la vida diaria de miles.

Movimientos sociales en pie: “No Kings” y el frente contra el autoritarismo

Ante esta crisis política y las decisiones del Ejecutivo, miles han salido a las calles bajo el lema “No Kings” (No hay reyes). Este tercer gran movimiento del año contra la administración Trump promete romper récords de asistencia, con más de 2,600 protestas en todo Estados Unidos.

Figuras destacadas como Chuck Schumer o Bernie Sanders se unen a una base movilizada que denuncia los ataques a libertades civiles, detenciones migratorias militarizadas y censura que perciben como parte de un giro hacia el autoritarismo moderno.

“No hay amenaza mayor para un régimen autoritario que el poder patriótico del pueblo”, afirma Ezra Levin, cofundador de Indivisible.

Desde Madrid hasta Nueva York, los cánticos repiten: “Este no es el país que queremos”. Frente a ellos, los republicanos califican los actos como “marxistas” y “odiosos”. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, tildó las protestas de “manifestaciones de odio a América”.

Frente a esa narrativa, Sanders respondió: “Es una manifestación de amor a nuestra Constitución, a nuestras libertades.”

El voto en la mira: la Corte Suprema enfrenta el destino de la democracia estadounidense

Al mismo tiempo que se desarrolla el cierre y las protestas, el país observa con atención un caso clave en la Corte Suprema: Louisiana vs. Callais, que pone en peligro la Sección 2 del Acta de Derechos Electorales de 1965.

Dicha sección prohíbe métodos de votación discriminatorios, especialmente en comunidades de minorías raciales. Para muchos, su derogación podría significar un retroceso de décadas en derechos civiles.

“Este caso puede marcar una era de debilitamiento democrático nunca antes vista”, advirtió el representante Troy Carter.

Rep. Terri Sewell, representante del distrito en Alabama donde ocurrió el infame “Domingo Sangriento” de 1965, participó en la audiencia del caso y resaltó: “Es claro que las antiguas batallas se han hecho nuevas otra vez”.

Desde su implementación, el Acta ha permitido el ascenso de legisladores afroamericanos, latinos y asiáticos en grandes áreas urbanas y rurales que antes eran bastiones del poder blanco. En caso de que la Sección 2 sea eliminada o debilitada, muchos temen un giro oligárquico, como advirtió Carter.

Un Congreso paralizado y una democracia sitiada

Mientras tanto, en el Congreso, las posturas parecen irreconciliables. El líder republicano del Senado, John Thune, afirmó: “No vamos a negociar bajo secuestro”, en referencia a las demandas de los demócratas sobre incluir fondos para salud pública en la legislación para reabrir el gobierno.

Por su parte, el líder demócrata Hakeem Jeffries fue tajante: “No nos vamos a doblar ni a romper. Estamos de pie por el pueblo estadounidense”.

Ambos partidos acusan al otro de ser el responsable del estancamiento. Según una encuesta del AP-NORC Center for Public Affairs Research, el 60% culpa a Trump y a los republicanos, mientras el 54% también responsabiliza a los demócratas.

¿Un cierre interminable como estrategia política?

Algunos analistas sugieren que más allá del presupuesto, el cierre es una herramienta estratégica del equipo Trump para desmantelar instituciones clave y rehacer el gobierno desde adentro. La cancelación de $7,600 millones en subvenciones para proyectos de energía limpia en 16 estados demócratas sustenta esa teoría.

A esto se suma la suspensión de $18,000 millones destinados a un túnel ferroviario vital entre Nueva York y Nueva Jersey y a la Segunda Avenida del metro neoyorquino, obras fundamentales en regiones demócratas.

La administración sostiene que estos recortes “no están relacionados con el cierre”, pero los métodos y el momento cuentan otra historia.

Un reflejo en el espejo de la historia

El Acta de Derechos Electorales de 1965 es considerada uno de los logros emblemáticos del movimiento por los derechos civiles. Su debilitamiento u eliminación marcaría el regreso a una era previa a las conquistas sociales obtenidas con sacrificio.

Desde ataques a libertades básicas hasta intentos por redibujar las líneas de representación electoral a conveniencia de una ideología, lo que ocurre hoy en Estados Unidos es más que un impasse político. Es una lucha existencial por la democracia.

“El péndulo no se mueve solo, lo empuja la gente. Mientras el relevo esté en nuestras manos, debemos garantizar que esta democracia esté sana y fuerte para las futuras generaciones”, concluyó la congresista Terri Sewell tras salir del tribunal supremo.