¿Belice, en la mira de la geopolítica migratoria de EE.UU.? El polémico acuerdo que reaviva viejos fantasmas

Un acuerdo que cambió el rumbo: Belice y EE.UU. sellan pacto migratorio

El 2025 será recordado como un año clave para la política migratoria en América Central. El pequeño país de Belice, ubicado entre México y Guatemala, firmó un acuerdo con los Estados Unidos que lo convierte en un "tercer país seguro" en el marco de una nueva política migratoria impulsada por la administración Trump.

Este tipo de acuerdos establece que los solicitantes de asilo que lleguen a EE.UU. desde otros países (particularmente de América Latina, África, e incluso Asia) podrían ser transferidos a Belice para tramitar su solicitud allí. Aunque el gobierno beliceño aseguró que mantiene un veto total sobre las nacionalidades aceptadas, impone límites de cantidad y realiza rigurosos exámenes de seguridad, la noticia causó revuelo tanto dentro como fuera del país.

¿Qué es un "tercer país seguro"?

La figura del “tercer país seguro” no es nueva, pero su aplicación ha sido altamente criticada. Bajo este modelo, un país A (como EE.UU.) puede enviar solicitantes de asilo a un país B (como Belice), asumiendo que este último cumple con los estándares internacionales de protección a refugiados según lo estipulado por la Convención de Ginebra de 1951. Según la teoría, estas personas estarían igualmente seguras y tendrían acceso justo al asilo.

Sin embargo, la práctica ha demostrado algo muy distinto. El acuerdo original entre EE.UU. y Guatemala durante el primer mandato de Trump fue tildado por numerosas ONG, entre ellas Human Rights Watch y Amnesty International, como una medida para evadir responsabilidades y externalizar el sistema de asilo.

Una estrategia con antecedentes cuestionables

En apenas seis años, Estados Unidos ha firmado acuerdos similares con Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguay, Sudán del Sur, Esuatini, Ruanda, y más recientemente Panamá y Costa Rica. Cabe mencionar que en el caso panameño y costarricense las llegadas de deportados asiáticos se dieron sin denominarse oficialmente "acuerdos de tercer país seguro".

Todos estos convenios odiosamente recuerdan las políticas europeas respecto a migrantes africanos, donde países como Libia han sido utilizados como zonas de contención a pesar de los informes de esclavitud moderna y tratos inhumanos contra refugiados.

La reacción nacional: ¿Soberanía o sumisión?

Dentro de Belice, las críticas no tardaron. La oposición parlamentaria fue especialmente contundente. Tracy Taegar Panton, líder opositora, lo calificó como una decisión de trascendencia nacional tomada sin la debida transparencia. “Nosotros creemos en los principios humanitarios”, dijo en redes sociales, “pero la compasión no debe confundirse con cumplimiento a cualquier precio”.

La principal crítica es que este acuerdo podría:

• Modificar profundamente el sistema de asilo del país.
• Generar sobrecargas fiscales para los contribuyentes beliceños.
• Ejercer una presión sin precedentes sobre la pequeña infraestructura estatal.

Belice, con una población inferior a 450,000 habitantes, un PIB per cápita de apenas $5,000 USD y recursos limitados para atender crisis humanitarias a gran escala, no parece estar preparado para ejercer el rol de “refugio alternativo” para cientos —o potencialmente miles— de migrantes en tránsito.

Washington, intereses políticos y proyecciones electorales

¿Por qué firmar este acuerdo ahora? Para la administración Trump, reimpulsar políticas migratorias duras es una carta fuerte frente a su electorado conservador, especialmente de cara a elecciones intermedias y presidenciales.

En declaraciones públicas, el Departamento de Estado elogió al gobierno beliceño por su colaboración “para frenar la inmigración ilegal y cerrar los abusos a nuestro sistema de asilo”. Pero detrás de ese discurso de colaboración hemisférica, muchos ven una estrategia unilateral que externaliza responsabilidades y pone a las naciones más vulnerables en la primera línea de fuego.

“Este modelo ya fue probado entre 2017 y 2020 con consecuencias desastrosas para miles de migrantes”, afirma el profesor Jeffrey Singer, de la Universidad de Georgetown. “Muchos fueron enviados a países inseguros con sistemas judiciales incapaces o colapsados. Fue una estrategia de abandono disfrazada de cooperación”.

Lecciones de Guatemala y El Salvador

Experiencias pasadas en Guatemala y El Salvador ilustran bien el problema. En 2019, bajo acuerdos semejantes, solo el 1% de los solicitantes transferidos lograron iniciar un proceso formal de asilo. Los demás quedaron en limbos jurídicos, vulnerables a violencia y explotación.

Organizaciones como Refugees International han documentado casos de agresiones sexuales, secuestros y tráfico humano contra solicitantes reubicados. Según su informe de 2021, “la mayoría de estos países carecen de marcos legales sólidos o de la infraestructura humanitaria para acoger solicitantes de asilo con las salvaguardas necesarias”.

¿Puede decir “no” Belice?

Legalmente, sí. El gobierno de Belice afirmó tener el poder de rechazar nacionalidades específicas, aplicar límites en el número de transferencias y vetar casos que presenten amenazas a la seguridad. Sin embargo, la relación diplomática y económica con EE.UU. presiona en dirección contraria.

EE.UU. representa uno de los mayores socios económicos de Belice: más del 26% de sus exportaciones tienen como destino el país norteamericano y recibe cientos de millones en asistencia directa e indirecta, incluidos programas de seguridad y combate al narcotráfico.

“Es muy difícil resistir cuando el país que da el ‘cheque’ es quien propone los términos”, opinó Milagro Cortez, experta en relaciones bilateralistas del Caribbean Policy Institute.

Migración global e hipocresía selectiva

Mientras EE.UU. deporta y externaliza migrantes, continúa siendo uno de los principales promotores internacionales de los derechos humanos. Esta dualidad ha generado críticas a lo largo de los años.

El conflicto se complica porque gran parte de los migrantes que cruzan hacia EE.UU. lo hacen huyendo de situaciones provocadas directa o indirectamente por políticas económicas, intervenciones militares o presión geopolítica norteamericana. Desde guerras civiles centroamericanas con apoyo estadounidense, hasta crisis económicas provocadas por sanciones o tratados de libre comercio desbalanceados.

¿Y ahora qué?

El acuerdo aún debe ser ratificado por el Senado beliceño, donde podría enfrentar más resistencia. Si se aprueba, Belice se prepara para una nueva era, una de tensiones diplomáticas, dilemas éticos y desafíos sociales sin precedentes.

La ciudadanía demanda más información, transparencia y, sobre todo, participación democrática. Mientras tanto, observadores internacionales seguirán de cerca cómo se implementa este pacto y qué consecuencias dejará no solo en los migrantes, sino en la estructura misma de Belice como nación.

En el fondo, esta historia es un microcosmos del conflicto mayor: ¿quién tiene el derecho de decidir a dónde pertenece un ser humano en búsqueda de refugio?