Crisis, control y silencios: El impacto de la administración Trump en la ciencia y el orden público

Un país sacudido por la violencia juvenil y el control político

El 3 de agosto de 2025, un brutal ataque a Edward Coristine —conocido dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump como “Big Balls”— encendió las alarmas en Washington D.C. No fue únicamente otro caso de violencia urbana. Fue el catalizador de una escalada federal de fuerzas del orden en la capital de EE.UU., ordenada directamente por la Casa Blanca.

Coristine fue víctima de un intento de secuestro de vehículo y paliza por parte de adolescentes. La Fiscalía ha arrestado desde entonces a cuatro adolescentes implicados, dos de ellos ya sentenciados a libertad condicional. El presidente Donald Trump denunció públicamente la sentencia como una “vergüenza”, y aprovechó el incidente para justificar un robustecimiento autoritario del aparato policial federal en la ciudad.

La Fiscal General de EE.UU., Jeanine Pirro, usó el caso para argumentar sobre “los crecientes desafíos del crimen en Washington D.C.”. Pero, ¿es la violencia callejera aislada o parte de una tendencia que se enlaza con un problema más grande de increencia institucional y polarización política?

Una salud pública silenciada desde el corazón del poder

Paralelamente, mientras se endurecían las políticas de mano dura y los agentes federales patrullaban calles de la capital, la ciencia en EE.UU. comenzaba a ser marginada. En octubre, el evento anual IDWeek, la conferencia más importante del país sobre enfermedades infecciosas, tuvo lugar en Atlanta —ciudad sede del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades)— con una notoria y preocupante ausencia: la del propio CDC.

El motivo: el cierre de gobierno ordenado el 1 de octubre. La falta de presupuesto y restricciones institucionales hicieron imposible que los investigadores del CDC participaran. Y con ellos se esfumaron datos clave sobre enfermedades como el COVID-19, la tos ferina, la gripe aviar y hasta el VIH, información vital en un contexto de resurgimientos infecciosos.

“Es irónico y doloroso que, en medio de amenazas sanitarias reales, se silencie a la principal institución que puede evitarlas.” — Dr. Michael Osterholm, investigador en la Universidad de Minnesota.

Además del cierre, las políticas restrictivas de la Casa Blanca comenzaron mucho antes, con bloqueos de comunicación, recortes de personal y obstaculización de colaboraciones internacionales científicas desde el inicio de la administración Trump. Una tendencia que ha vaciado al CDC de un 25% de su plantilla, según reportes internos.

Robert F. Kennedy Jr. y la conducción antivacunas de la salud pública

En este giro sanitario-ideológico, entra en escena Robert F. Kennedy Jr., nombrado por Trump como Secretario de Salud. Conocido por su fuerte activismo antivacunas durante décadas, Kennedy asumió paradójicamente el liderazgo de la agencia más importante para prevenir brotes infecciosos.

Mientras impulsaba una agenda centrada sólo en enfermedades infecciosas, dejó fuera áreas esenciales como la salud mental, las enfermedades no transmisibles y la divulgación científica. Incluso, impuso restricciones a la colaboración con organizaciones como IDSA (Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América), anfitriona de la conferencia que el CDC no pudo atender.

Control migratorio, cámaras apagadas y fuerzas sin rostro

El otro pilar del accionar gubernamental ha sido la política migratoria. En Chicago, otro punto caliente, las redadas masivas de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) han causado preocupación entre comunidades, abogados e incluso jueces.

Una audiencia reciente, dirigida por la jueza Sara Ellis, obligó a los agentes a usar cámaras corporales para registrar detenciones y cacheos. Sin embargo, ICE reconoció que gran parte de sus operaciones no cuentan con esa tecnología. ¿La razón? Falta de presupuesto, otra vez. ¿El impacto? Cientos de arrestos sin supervisión alguna.

Los cuestionamientos crecieron tras protestas donde los agentes federales utilizaron gases lacrimógenos y violencia en vecindarios donde presuntamente “los residentes no dejaban salir a los agentes”, según el CBP (Protección Fronteriza).

Cuando la política se antepone a la ética científica y ciudadana

Toda esta narrativa de seguridad nacional e ineficiencia del gobierno coincide con un discurso abiertamente polarizador, donde la lógica que prevalece es el control, no el conocimiento; la fuerza, no la prevención.

Dr. Anna Yousaf, infectóloga del CDC, fue una de las invitadas a IDWeek para presentar una investigación sobre los efectos inflamatorios en menores que padecieron COVID-19. No pudo asistir. Su alternativa fue que un colega de otra institución leyera sus hallazgos. Muchos otros no tuvieron esa opción.

“Parece que el objetivo del Departamento de Salud no es proteger a la población, sino controlar qué información se comparte. Es insano,” denunció Yousaf, actualmente suspendida sin pago.

La comunidad académica responde, como puede. Desde alianzas entre universidades y fundaciones, hasta la creación de revistas independientes como Public Health Alerts, un esfuerzo por mantener viva una vigilancia epidemiológica que el gobierno central ya no prioriza.

El espejo de Vermont: xenofobia normalizada y consecuencias políticas

A todo esto se suma una reciente polémica que pone el foco en una generación política que trivializa el odio. El senador estatal Sam Douglass (Vermont), involucrado en un grupo de Telegram donde jóvenes republicanos compartían mensajes racistas y chistes sobre cámaras de gas, dimitió tras el escándalo. Era el único funcionario electo entre los participantes.

“Serví de forma moderada y traté de mejorar el sistema de bienestar del estado,” dijo Douglass en su carta de renuncia. Pero los mensajes y memes mostraban otra cara: la de una clase política donde el racismo y el autoritarismo han calado fuerte.

La presión social, incluso de líderes de su propio partido como el gobernador Phil Scott, lo obligó a renunciar. Pero el hecho exhibe una subcultura política juvenil que, lejos de ser marginal, permea hoy las estructuras de poder desde dentro.

¿El nuevo “estado profundo” es público y visible?

La narrativa clásica del “estado profundo” —una trama secreta que supuestamente trabaja contra el gobierno electo— ha sido reemplazada por actores y decisiones abiertamente visibles. Agentes sin cámaras, investigadores en silencio, datos que no se reportan, jueces criticados por no encarcelar adolescentes, senadores que difunden odio. Todo a plena luz.

Lo más inquietante del panorama no es lo que se oculta, sino lo que se permite en la superficie: la normalización de la vigilancia sin control y del poder sin debate.

Estados Unidos parece así atrapado entre dos mundos que se cruzan: uno que impone orden desde la fuerza, y otro que clama por evidencia, ética y ciencia. ¿Cuál prevalecerá? Esa es la gran pregunta de nuestra era.